Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Filiberto Ojeda Ríos, y el gobierno local no ha reabierto el caso para aclarar las interrogantes sobre la intervención de los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), tal y como recomendó la Comisión de Derechos Civiles (CDC) de Puerto Rico.
“Esa recomendación duerme el sueño de los justos”, dijo el director ejecutivo de la CDC, Ever Padilla.
“El Departamento de Justicia de Puerto Rico ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos reabrieron la investigación. De esta manera, los eventos que ocasionaron la muerte de Filiberto Ojeda están impunes”, manifestó.
En el 2011, la CDC sugirió a Justicia local y a Justicia federal investigar el grado de fuerza que usaron los agentes del FBI en el operativo contra el líder independentista, pues una pesquisa de la CDC reveló que esta muerte se caracterizó por el uso excesivo y abusivo de la fuerza.
El secretario de Justicia, César Miranda, explicó ayer que durante el 2008 la agencia, bajo el entonces secretario Roberto Sánchez Ramos, investigó los hechos y que, luego de evaluar todos los ángulos y solicitar y obtener información por parte del FBI, concluyó que la prueba recopilada era insuficiente, en términos de su derecho penal, para establecer conducta criminal. Ante ese hecho, dijo Miranda, Justicia archivó la investigación haciendo la salvedad de que el caso pudiera reabrirse si se accede a prueba adicional o distinta.
Disparo mortal
Fue el 23 de septiembre de 2005, luego del tradicional acto del Grito de Lares, que el FBI realizó el operativo que terminó con la vida de Ojeda Ríos en el barrio Plan Bonito, en Hormigueros. El líder de los Macheteros llevaba 15 años fugitivo tras ser acusado por varios delitos, incluyendo el robo de $7.2 millones en la oficina de la firma Wells Fargo en la ciudad de Hartford, en Connecticut.
El FBI lo tuvo en su lista de los más buscados hasta que dio con su paradero. En el operativo participaron unos 100 agentes federales. Ese día, Ojeda Ríos recibió un disparo en el pecho y murió desangrado, según afirmó entonces Héctor Pesquera, médico y dirigente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, quien participó de la autopsia.
Siguen las dudas
Una de las interrogantes que ha trascendido con su muerte es por qué los agentes federales no lo arrestaron. Precisamente la pesquisa de la CDC, que según Padilla tomó tres años y recogió más de 40 testimonios, reveló que el FBI fue el primero en dispararle mientras estaba solo en su hogar.
Ojeda Ríos estaba al ladode una nevera cuando recibió el disparo mortal de un francotirador. “La investigación dice que el asalto fue de forma violenta con armas poderosas para una sola persona, cuando pudieron haber usado la mediación y otros recursos para que se entregara”, dijo.
Representantes del FBI en la Isla no contestaron ayer las llamadas de este diario, pero una pesquisa de la Oficina del Inspector General federal asegura que Ojeda Ríos inició la balacera y los agentes devolvieron el fuego.
Otro cabo suelto en este caso es la supuesta inacción de los agentes al no brindarle asistencia médica. Pesquera opinó que a Ojeda Ríos lo querían matar, no arrestarlo, pues lo pudieron llevar al hospital y no lo hicieron.
No permitir esa ayuda es una violación de los derechos humanos, resaltó William Ramírez, director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en la Isla. “Aun si ellos pudieran justificar la muerte tenían la obligación de preservar esa vida”, dijo, al destacar que el Gobierno tiene que investigar más a fondo, fijar culpas y publicar la verdad de este caso.
Para la viuda Elma Rosado, la muerte de su esposo fue un acto de terrorismo mediante la tortura y el asesinato, y “los asesinos y sus cómplices continúan merodeando entre nuestro pueblo sin cumplir un solo día de cárcel”
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