EL ENTRAMADO POLITICO – MILITAR DE LOS GRUPOS MERCENARIOS EN CUCUTA, CONOCIDOS POPULARMENTE COMO “PARAS”
1.- En la nueva estrategia imperial, se establece el accionar con paramilitares en operaciones encubiertas .
2.-Se trata de un tipo de guerra no convencional, donde se vulneran los derechos humanos y las convenciones internacionales, sin que nadie dé cuenta de ello.
3.- Desde el comienzo de la autodefensas en Colombia, los yankys han financiado y entrenados tales grupos.
4.-El nacimiento y auge de estas fuerzas mercenarias está asociado al capo Uribe, quien es el padre de la PARAPOLITICA
5.- Por supuesto, Uribe ha contado con la alianza con latifundista, empresarios, cambistas que especulan con divisas, comerciantes estafadores
6.- Los paras en Cúcuta trafican con drogas, hacen contrabando de gasolina, de alimentos, medicamentos y de otras mercancías ,
,.7..- Al lado de las actividades lucrativas, los paras en Cúcuta, realizan sicariatos, desapariciones, masacres, desplazamientos forzados,
8.- Los para-militares han aparecido en la zona con los nombre los Rastrojos, los Urabeños, Las Aguilas Negras,siendo su origen el Bloque Catatumbo de la AUC
9,- Los mandos de los para-militares son ex militares, ex policias y ex agentes del Das, sumándoseles efectivos del ejército colombiano .
10.- No sólo son apoyados por policías, sino que el actual alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramirez Paris, es uno de los jefes de la banda paramilitar los Rastrojos .
11.-Los para realizan control territorial, establecen toque de queda, hacen limpieza social y mantienen el orden público, cobran vacuna por protección.
12.- También los paras realizan labor filantrópica, ayudando a familias necesitadas, organizan micro-empresas, moto taxis, alquiler de telefonos
11.- La articulación con la PARAPOLITICA, le permite a los para recibir en apoyo de los senadores del Norte de Santander, como Clavijo, Corzo y Barriga,
El paramilitarismo en Cúcuta: ¿Perpetuación de las estructuras del terror?
Freddy Ordóñez / Domingo 24 de agosto de 2008
+ de Freddy Ordóñez
Investigador de ILSA. Columnista Online Ámbito Jurídico y Agencia Prensa Rural @Freddy_Ordonez
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En la edición del pasado miércoles 13 de agosto, el diario La Opinión, de Cúcuta, en un extenso artículo indicaba como los grupos paramilitares en la ciudad retomaban los “toques de queda”, mediante amenazas a la ciudadanía si se encontraban en sitios públicos después de las 10:00 PM, y por medio de panfletos dejados en diferentes barrios de la capital nortesantandereana [1].
La Opinión indica que “los comunicados aparecieron en los barrios Navarro Wolf, La Libertad, San José y Cundinamarca” [y] “en las noches, hombres armados frecuentemente recorren las calles diciendo que pertenecen a las Auc o a ‘Las Águilas Negras’” [2].
En la misma edición del diario, en la página 6A se podía leer parte del pasado del accionar paramilitar en Cúcuta: Orlando Bocanegra Arteaga, alias “Jorge”, ex paramilitar del Frente Fronteras, del Bloque Catatumbo, reconoció haber asesinado a más de 60 personas, hombres y mujeres a mansalva, desarmados, amarrados, en casos individuales o masacres que cometió en varios sectores de Cúcuta [3]. Esta noticia y la anteriormente citada se presentan como una dupla nefasta de lo que puede venir y lo que anteriormente vivió la ciudad.
Al comunicado de los paramilitares tuve acceso posteriormente, por medio de un líder juvenil con quien me encontré, y espera hacer una serie de denuncias ante diferentes instituciones estatales en Bogotá. El estudiante me indicó que ‘los paras’ están retomando el modus operandi con el que sembraron el terror en la ciudad fronteriza, como amenazar a los jóvenes que llevan el cabello largo, a quienes se agrupan en las esquinas y a diferentes líderes sociales en Villa del Rosario. Amenazas similares se presentan en el comunicado: “ni tampoco queremos ver grupos de más de una persona en las esquinas o sitios comerciales, residenciales […] Tenemos de nuevo todo controlado, ya empezamos a sacar y a formar algunas listas”. En el corregimiento de Juan Frío, en este municipio, Villa del Rosario (colindante con Cúcuta y con San Antonio, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela), los paramilitares tuvieron su centro de operaciones. Allí llevaban a los comerciantes cucuteños para “indicarles” cual era la cuota a pagar por los servicios de “celaduría” (léase extorsión) que ejercían en la capital nortesantandereana. Diferentes denuncias señalan que Juan Frío continúa siendo base paramilitar, ya no de las AUC, sino de las Águilas Negras.
Los paramilitares en Cúcuta
Según el ex comandante de las AUC, Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”, los paramilitares llegaron a la ciudad de Cúcuta por orden del mismo Carlos Castaño, como parte del control que querían tomar las AUC en Norte de Santander, y que implicaba posicionarse principalmente del área metropolitana de la capital departamental y la región del Catatumbo, al respecto “El Iguano”, en entrevista al diario La Opinión, señala:
“Carlos Castaño nos citó a reunión en la finca La 35, en el Urabá antioqueño […] me manifestó que había una zona a la que tenia planeado ingresar y que, inclusive, tenia cuadrada hasta la entrada a El Catatumbo […] Un comerciante de Cúcuta, conocido como ‘Papo’, y amigo de él (Castaño), le había dicho que necesitaban unas autodefensas urbanas y rurales en las zonas aledañas a Cúcuta. Llegamos, el 9 de mayo de 1999, cinco comandantes […] ‘Papo’, dueño del negocio ‘Rumichaca’ y de un hotel en el corregimiento La Parada (Villa del Rosario), nos empezó a organizar” [4].
Los paramilitares lograron hacerse al control militar, económico y político de la ciudad, infiltrando entes gubernamentales y organismos del poder local y regional. La injerencia paramilitar en Norte de Santander incluyó –según declaró Mancuso– el pago de mil millones de pesos para los servidores públicos que hacían parte de una “nómina paralela”, nómina que envolvía a altos funcionarios de la Fiscalía de Cúcuta, del Ejército, la Policía y el DAS. Por su parte “El Iguano” al referirse a la relación Gobierno – AUC, indica: “Hay que reconocerlo, no hubiese sido por la complicidad del Estado, las AUC no hubiesen surgido en el país” [5].
En lo que califican como un “accionar contrainsurgente”, los comandantes paramilitares reconocen haber asesinado dos mil personas en Cúcuta y su área metropolitana, pero diferentes informes indican que las AUC pueden llegar a ser responsables de 5.200 homicidios en la capital nortesantandereana entre 1999 y el 2004. El estudio “Paz te han vestido de negro” señala a los paramilitares como responsables del 92.3% de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario identificadas en Cúcuta, entre los años 2001 y 2003 [6].
Entre 1999 y 2004 fueron víctimas de los paramilitares: celadores, vigilantes, zapateros, ayudantes de zapatería, vendedores ambulantes, vendedores de chance, comerciantes, albañiles, obreros, ornamentadores y sus ayudantes, conductores y ayudantes de busetas y taxis, chequeadores de rutas, prestamistas, joyeros, y cambistas, pimpineros, trabajadores de empresas, obreros de empresas formales, dependientes, ayudantes y coteros de zonas comerciales y plazas de mercado, trabajadores de establecimientos públicos como bares, restaurantes, billares, talleres y salas de belleza, obreros recolectores de hoja de coca, recicladores, trabajadoras sexuales, travestís, desempleados, expendedores y consumidores de drogas alucinógenas, ladrones, integrantes de bandas delincuenciales, funcionarios judiciales, autoridades civiles, líderes cívicos, dirigentes comunales, sindicalistas, miembros de asociaciones, integrantes de organizaciones sociales y no gubernamentales, profesionales, abogados, educadores, médicos, enfermeras, defensores de derechos humanos, estudiantes universitarios, dirigentes políticos de izquierda y de otros partidos, y desplazados forzados.
Tras la desmovilización de los grupos paramilitares, las muertes violentas y los crímenes no han tenido reducciones significativas en el departamento, lo que demuestra la falta de materialización real del “postconflicto” presidencial y la no desarticulación de todas las estructuras delictivas del paramilitarismo en Norte de Santander, especialmente las sicariales. Después de la desmovilización del Bloque Catatumbo durante los años 2005 y 2006 el área metropolitana de Cúcuta registró una tasa de homicidios de 52.60 y 54.02, respectivamente, por cada cien mil habitantes. Superior a la tasa nacional que para los mismos años se ubicó en 39.43 (2005) y 37.37 (2006). Lo que lo situó como el cuarto departamento con mayor número de muertes violentas, después de Valle, Antioquia y el Distrito Capital [7]. En el 2007 la situación no varió mucho y tendió al aumento: según un informe de la Fundación Seguridad y Democracia, Cúcuta presentó una tasa de homicidios de 54 por cada cien mil habitantes, hallándose entre las cinco ciudades mas violentas de Colombia [8], situación que se repitió en el primer trimestre de 2008 [9].
El mismo problema, la misma respuesta
Inmediatamente leí el tenebroso artículo, recordé que estas denuncias (posteriores al fin del paramilitarismo pregonado por el presidente Álvaro Uribe Vélez) no eran nuevas, y que ha sido una constante de organizaciones comunitarias, defensoras de derechos humanos, y de medios de comunicación denunciar la presencia activa y permanente de estructuras paramilitares en Cúcuta. Y también recordé la respuesta dada a la revista Cambio en abril del año pasado, por el entonces comandante de Policía de Norte de Santander, coronel José Humberto Henao, al preguntársele por unos panfletos de las “Águilas Negras” que circulaban en Cúcuta por esa fecha, el alto oficial dijo que: “los delincuentes se aprovechan del nombre [Águilas Negras] para sembrar el terror en la ciudad” [10].
Similar es la respuesta que para el diario local da el coronel Carlos Enrique Villadiego, comandante operativo del Área Metropolitana de la Policía, al ser cuestionado sobre los comunicados difundidos: “se trata de una campaña de terror impulsada por grupos de delincuencia común” [11].
El paramilitarismo de ayer es el mismo de hoy, no se percibe una real diferencia entre unos y otros. Ni siquiera el “modus operandi” ha variado. Solamente queda instar a las autoridades competentes, actuando de acuerdo a la Constitución y la Ley, para que garanticen material y efectivamente el fin de las actividades delincuenciales de los grupos y estructuras paramilitares y de sus redes logísticas, económicas y políticas, esto claro está, desligándose totalmente de éstas y en el marco del respeto a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entendiendo también que la política pública de protección a la población no debe centrarse exclusivamente en la seguridad (concebida como función de la fuerza pública), ya que los problemas por los que atraviesa la ciudad y el departamento son de carácter estructural, requieren visiones más profundas y a largo plazo por parte de las autoridades locales y nacionales, para lograr definitivamente superar la crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive. No son concebibles los reiterados intentos por minimizar y no evidenciar la reparamilitarización de Norte de Santander y la perpetuación de estas estructuras del terror en la ciudad de Cúcuta. Como si se quisiera más que negar y esconder a los paramilitares, negar y esconder lo que hay detrás. Continuar así es ocultar (o desconocer) una realidad concreta, y sumir a Norte de Santander en la crisis humanitaria, es repetir una y otra vez las palabras del coronel José Humberto Henao: “Aquí no pasan las cosas que muchos dicen que ocurren” [12].
[1] “Reaparecen rondas ‘paras’ en los barrios de Cúcuta”, en La Opinión, Cúcuta, agosto 13 de 2008, p. 12C.
[2] Ídem.
[3] “La cancha “El Chulo” el matadero de ‘Bocanegra’”, en La Opinión, Cúcuta, agosto 13 de 2008, p. 6A.
[4] “El canto de ‘El Iguano’”, en La Opinión, Cúcuta, diciembre 30 de 2007, p. 4B.
[5] “El oficio de matar”, en Semana, No. 1336, diciembre 10 a 17 de 2007. p. 89.
[6] Villarraga, Sarmiento, Álvaro. Paz, te han vestido de negro. Estudio sobre los Derechos Humanos en Cúcuta, en el contexto de la violencia y el conflicto armado en Norte de Santander, Bogotá, Fucude y Progresar, 2005.
[7] Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Diagnóstico Departamental Norte de Santander
[8] “Cúcuta, entre las ciudades más violentas”, en La Opinión. En: http://www.laopinion.com.co//judici... Fecha de Consulta: 24 de marzo de 2008.
[9] “Cúcuta no sale del “club” de las más violentas”, en La Opinión. En: http://www.laopinion.com.co//judici... Fecha de Consulta: 29 de mayo de 2008.
[10] Coronel José Humberto Henao, comandante de la Policía de Norte de Santander. Citado en “Aves de Rapiña”, en Cambio, Nº 719, 9 al 15 de abril de 2007, p. 33.
[11] “Reaparecen rondas ‘paras’ en los barrios de Cúcuta”, en La Opinión, Cúcuta, agosto 13 de 2008, p. 12C.
[12] Coronel José Humberto Henao, comandante de la Policía de Norte de Santander. Citado en “Aves de Rapiña”, en Cambio, Nº 719, 9 al 15 de abril de 2007, p. 33.
Su padre es el abogado Julio César Velez Trillos, de 62 años, quien como empresario fundó y dirige un conglomerado de casas de cambio fronterizo dirigidas básicamente a la transacción con la moneda venezolana, el bolívar fuerte.
Son al menos siete empresas diferenciadas mercantilmente y ubicadas en Cúcuta. A saber Cambios Mercurio, Italcambios Cúcuta, Italcambios N° 2, MekaCambios, MekaCambios II, MekaCambios III y MekaCambios IV.Estas empresas están ubicadas en el centro de la ciudad, en las calles 10, 11 y avenida 6, según la lista de casas de cambios disponibles en la web.La mayoría están registradas a nombre de Alvaro Enrique Vélez Trillos, es decir las denominadas MekaCambio y Mercurio. Y las otras a nombre de Julio César, quien parece asumir una posición más política y menos empresarial.
Los beneficios de e esta actividad son enormes, según lo refleja un estudio de la Cámara de Comercio de Cúcuta titulado "300 Empresas que hacen más prospero a Norte de Santander". El documento refleja que para el año 2013 las empresas identificadas como Velez Trillos Julio César, obtuvieron ganancias por el orden de los 883 millones 500 mil. Mientras que el año anterior, 2012, fueron de 27 millones 900 mil de pesos. Ese diferencial implicó una tasa de utilidad de 3.066,7 por ciento, según la investigación, y le permitió situarse en el puesto 37 de las 300 empresas con mayores ganancias en el departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
La familia muestra en las páginas web de sus empresas una historia endulcorada y romanticona sobre el surgimiento del emporio cambiario. “En el año de 1974 el hijo menor de la familia Velez Trillos, Alvaro Enrique, decide acompañar a su padre en el trabajo. Su padre el señor JULIO CESAR VELEZ GOMEZ , hombre humilde, honesto, trabajador, constante, responsable quien vivía del comercio y tenía un pequeño almacén de ropa llamado Don Julio (ubicado en la avenida 8ª. Entre calles 10 y 11 donde decide enseñarle a su hijo las labores de oficio de su negocio”, inicia la crónica. Explica que “se fue dando cuenta que no solo el recibir los bolívares de los clientes para que compraran ropa era el negocio, sino, que esta divisa la podía negociar luego vendiéndola a un mejor precio generando esto una entrada adicional”.
Julio César Velez Trillos y su hermano Alvaro, fueron socios del exalcalde Ramiro Suarez Corzo en la compra del equipo de futbol Cúcuta Deportivo, en el año 2004. De hecho, Alvaro Velez Trillos se convirtió en presidente del club. Suárez Corzo es un politico con estrechos nexos financieros con el paramilitarismo, quien fue condenado a 27 años de prisión por el homicidio del abogado y asesor jurídico de la Alcaldía de Cúcuta, Alfredo Enrique Flores Ramírez, en octubre de 2003. Lo mataron paramilitares por orden de Jorge Ivan Laverde, un comandante de las AUC apodado “El Iguano”, a petición del alcalde quien se sentía amenazado por denuncias de corrupción que investigaba el jurista. Actualmente Suárez Corzo está recluido en el ala paramilitar de la cárcel de La Picota, en Bogotá.
En diciembre de 2005 el ex técnico del Cúcuta Deportivo, Alvaro de Jesús Gómez, campeón de la Primera B del fútbol profesional colombiano, manifestó que el ex presidente de ese club, Alvaro Vélez Trillos, lo amenazó de muerte antes de que su equipo se coronara campeón y regresara a la máxima categoría del fútbol colombiano.
En 1994 la justicia colombiana investigó y sancionó por corrupción al senador liberal del Norte de Santander, Felix Salcedo Baldión, quien fue acusado de un enriquecimiento ilícito de 400 millones de pesos para ese entonces. En el juicio Julio Velez Trillos ofreció testimonio de haber donado al senador 14 millones de pesos que a su vez había obtenido de otros tres contribuyentes. Sin embargo estos lo desmintieron. Salcedo Baldión, que fue el jefe político de Velez, también fue enjuiciado en Venezuela por el tráfico de 30 kilos de cocaína, que trajo a Caracas en diciembre de 1983, cuando fue invitado por el partido Acción Democrática para ser observador de las elecciones presidenciales en las que resultó electo Jaime Lusinchi.
Velez Trillos fue concejal por cerca de 20 años, hasta que en 2007 la Procuraduria de la Nación le abrió una investigación que lo inhabilitó como edil, ya que en 1994 había sido condenado por estafa. El caso fue porque falsificó un cheque del Instituto de Transporte de Barranquilla, por poco más de 4 millones de pesos, lo depositó en una cuenta y luego transfirió a otro banco la casi totalidad de los fondos. Para cuando el banco se percató del fraude, el dinero ya estaba fuera de sus cuentas.
En 1997 siendo concejal, Vélez Trillos, impulsó un proyecto legislativo municipal para prorrogar la presencia de la planta de Cervecería Bavaria en el Barrio Latino de Cúcuta, pese a que desde 1991 se había exigido su mudanza por los problemas ambientales y sociales que generaba. El proceso de aprobación de la prórroga se hizo en un fin de semana, y fue severamente cuestionado por el presumible carácter fraudulente de la decisión a favor del poderoso grupo empresarial Santodomingo. Una década después los manejos irregulares se repitieron con todos los concejales, quienes aprobaron un plan de reutilización del área desocupada por la planta, que favorecía actividades privadas con aportes de la municipalidad.
Julio César Vélez Trillos poseee una cédula venezolana, aunque figura como extranjero y es elector inscrito en la ciudad de San Antonio del Táchira, por lo legalmente está residenciado en Venezuela. También tiene licencia de conducir venezolana.
El hijo de Vélez Trillos, Julio César Vélez González, nació en 1977, es odontólogo de profesión y su figuración pública está asociada a su elección como concejal de Cúcuta para el período 2010-2014, y a su designación como presidente del Concejo Municipal en 2011.
Sin embargo el principal elemento que convirtió a "Julito", como es conocido, fue la muerte de su esposa en abril de 2010, sólo cuatro meses después de la boda. María Claudia Castaño, una estudiante de derecho de 20 años, murió por un disparo a la cabeza en un incidente ocurrido en la residencia de los padres de su esposo, donde ambos vivían. La muerte se presentó como un suicidio inicialmente, pero investigaciones forenses impulsadas por los padres de la víctima, determinaron que se trataba de un homicidio. Desde 2012 Vélez González se encontraba prófugo y con una solicitud de la Interpol.
Remitido por el compañero Carlos Lanz
Publicado por Odio de Clase
