En México, la violencia armada ha causado más de 80.000 muertes en los últimos cinco años, advirtieron organizaciones de la sociedad civil que participan en la Primera Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA por sus siglas en inglés) tras demandar al gobierno federal a proporcionar todos los datos del usuario final a los exportadores, “con lo que podrían impedir que las armas y municiones importadas legalmente se desvíen a las manos de los criminales”.
Paulina Arriaga, de Desarma México, dijo que “en los últimos nueve años, las fuerzas policiales mexicanas han informado de más de 17.000 armas de fuego que han sido reportadas como perdidas o robadas. Se trata de armas de fuego que entraron al país de manera legal, y ahora nadie sabe dónde están, por no hablar de la forma en que se están utilizando”.
A su vez Sara San Martín, del Centro de Estudios Ecuménicos dijo que “en México, la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras ha tenido consecuencias devastadoras y cobrado miles de vidas en los últimos años.
Una mayor transparencia en la presentación de informes en el momento en armas y municiones que son importados, ayudará al gobierno a hacer un mejor seguimiento de los mismos, evitando que se desvíe y caiga en las manos equivocadas, con consecuencias terribles”.
Al continuar los trabajos de esta primera conferencia, los representantes de 121 países pretenden alcanzar acuerdos que aseguren un proceso eficaz de toma de decisiones por mayoría para todos los asuntos de procedimientos, de fondo y relativos a cuestiones económicas, sin que haya mecanismos de aplazamiento.
Garantizar la presentación de información completa, periódica y transparente que permita alcanzar la norma más alta posible, no el mínimo común denominador. Asegurar que las organizaciones no gubernamentales que trabajan para asegurar la efectiva ejecución del TCA puedan participar plenamente en calidad de observadoras.
Establecer un Secretariado del TCA activo e independiente, dotado de recursos suficientes que permitan apoyar eficientemente el TCA, y que se nombre a su personal sobre la base del mérito y aplicar de manera consistente y sólida las disposiciones del TCA para evitar el sufrimiento humano causado por las transferencias irresponsables de armas.
La Jornada