Resumen Latinoamericano/Thalif Deen – .- Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó la cárcel de Reno en el estado de Oklahoma el 16 de este mes para comprobar las condiciones de vida de los 1.300 presos que allí se encuentran, ninguna autoridad pudo impedírselo.
La histórica visita de Obama fue la primera de un presidente en ejercicio de Estados Unidos a una penitenciaría federal. Pero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ha tenido la suerte de Obama.
A varios de sus funcionarios, armados con la autoridad del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, se les impidió acceder a centros penitenciarios de EEUU que están acusados de tener una cultura de violencia.
En 1998, el gobernador de Michigan, John Engler, prohibió la visita de la esrilanquesa Radhika Coomaraswamy, la relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres, que pretendía investigar casos de inconducta sexual contra las reclusas en tres cárceles de ese estado nordestino.
El fallecido senador Jesse Helms, expresidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, impidió que el senegalés Bacre Waly Ndiaye, el director de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York, observara las condiciones de vida en algunas de las prisiones de Estados Unidos en 1997.
La histórica visita de Obama este mes llevó a la ONU a buscar una vez más el permiso para acceder al sistema carcelario de Estados Unidos.
“Amnistía Internacional considera que este escrutinio externo es particularmente importante en el caso de las instalaciones de ‘supermáxima’ seguridad donde los presos están aislados dentro de un entorno cerrado”: Tessa Murphy. El relator especial de la ONU sobre la tortura, el argentino Juan E. Méndez, y el presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el sudcoreano Seong Phil Hong, solicitaron de forma conjunta a Washington que facilite sus pedidos de visita oficial a las cárceles de Estados Unidos para avanzar en la reforma de la justicia penal.
“Espero trabajar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el estudio especial encargado por el presidente sobre la necesidad de regular la reclusión en aislamiento, que afecta a 80.000 presos…, en la mayoría de los casos por períodos de meses y años”, declaró Méndez el martes 21.
“La práctica prolongada o indefinida de la reclusión en aislamiento inflige dolor y sufrimiento de índole psicológica, que está estrictamente prohibido por la Convención contra la Tortura“, explicó.
“La reforma en este sentido tendrá un impacto considerable no solo en Estados Unidos sino en muchos países”, aseguró. Hong dijo que la visita a las instituciones federales y estatales “será una excelente oportunidad para analizar con las autoridades los ‘Principios y pautas básicas sobre el derecho de toda persona privada de libertad a recurrir ante un tribunal’ y promover su uso por la sociedad civil”.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ya redactó un borrador de estos principios, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU considerará en septiembre.
Según informes publicados, el sistema carcelario de Estados Unidos ha sido acusado de condiciones de vida insalubres y agresiones físicas, específicamente contra minorías como la afroestadounidense y la población de origen latinoamericano.
En junio, el gobierno de Nueva York y la fiscalía del Distrito Sur, que tiene competencia en la ciudad, anunciaron profundas reformas, como la propuesta de nombrar un observador federal que investigue los abusos en la Isla de Riker, el segundo mayor sistema penitenciario de EEUU, que alberga diariamente a un promedio de 14.000 presos.
Entre otras medidas se incluyen las restricciones al uso de la fuerza por los guardias de la prisión y la instalación de cámaras de vigilancia. Tessa Murphy, de Amnistía Internacional (AI), señaló que el actual relator especial de la ONU, Méndez, no ha podido visitar ninguna cárcel estadounidense con nivel de seguridad “supermáximo”, el mayor de todos, desde que ocupó su cargo en noviembre de 2010.
No obstante, Méndez realizó una visita a la prisión de Pelican Bay, en el occidental estado de California, como testigo experto en un juicio.
Murphy añadió que su organización solicitó al Departamento de Estado que invite al relator a Estados Unidos para que examine la reclusión en aislamiento en las instalaciones federales y estatales, algo que Méndez solicitó en reiteradas ocasiones.
La organización publicó varios informes que solicitan el acceso de la ONU al sistema carcelario, basada en numerosas investigaciones sobre el régimen de aislamiento a largo plazo y sus efectos perjudiciales
