Estados Unidos ha destinado 2 mil millones de dólares para desestabilizar los países de América Latina, denunció el viernes la asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle.
"El Congreso de los Estados Unidos aprobó un presupuesto de dos mil millones de dólares para 'fortalecer la democracia' en Venezuela, Ecuador y Cuba.
En esa propuesta, que se presentó para su aprobación por el Congreso, aparecía que tenían que dar resultados concretos en 180 días", advirtió Calle.
El congreso de los Estados Unidos aprobó un presupuesto de dos mil millones de dólares para 'fortalecer la democracia' en Venezuela, Ecuador y Cuba.
En esa propuesta, que se presentó para su aprobación por el Congreso, aparecía que tenían que dar resultados concretos en 180 días", advirtió la asambleísta ecuatoriana, María Augusta Calle
Durante una entrevista concedida a la Radio del Sur, la legisladora denunció que los actuales disturbios desatados por la oposición en Ecuador son el fruto de esta financiación estadounidense.
Asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle.
“Creo que están trabajando muy rápidamente para ver si al menos aquí en Ecuador logran romper el orden democrático”, agregó.
Por otra parte, Calle señaló que la oposición ecuatoriana, siguiendo las órdenes de Estados Unidos, está aplicando las mismas estrategias violentas que utilizó la derecha venezolana para generar desestabilidad en el país bolivariano en el año 2014.
Durante los últimos años, las autoridades ecuatorianas han advertido en reiteradas ocasiones sobre los esfuerzos que realiza Estados Unidos para desestabilizar la democracia en ese país latinoamericano.
El pasado 5 de junio, el Gobierno de Ecuador presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, denominado Redistribución de la Riqueza, con la finalidad de establecer nuevos impuestos a las herencias y a la plusvalía, iniciativa que ayuda a combatir los niveles de pobreza extrema.
Desde esa fecha, Ecuador es escenario de diversas marchas tanto a favor como en contra de la iniciativa legal.
Entretanto, la oposición del país ha tratado de convertir las marchas pacíficas contra este proyecto de ley en violentas protestas antigubernamentales, acción que, según el presidente Rafael Correa, busca dar lugar un golpe de Estado blando en el país.
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