Las evidencias que presentó la Fiscalía para imputar a Sergio Segura, comunicador social y corresponsal de Colombia Informa en el caso en el que se investigan presuntas acciones de violencia en Bogotá pasan por la tenencia de panfletos de diversas organizaciones, hecho vinculado a su labor de investigador.
"Propaganda sería tener de forma masiva panfletos de una sola organización clandestina, pero no es el caso; todos sabemos que uno no puede ser de dos organizaciones insurgentes al mismo tiempo", explica su abogado defensor, David Uribe Laverde. El caso llegará a Naciones Unidas.
Mariátegui
28/07/15
Bogotá.-David Uribe Laverde es miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y abogado defensor del comunicador social Sergio Segura. En esta entrevista explica los alcances del caso, sus inconsistencias, y reclama una retractación al presidente Santos.
Colombia Informa: Usted cuestionó las circunstancias en que se dieron los allanamientos, en particular al domicilio de su defendido, el periodista Sergio Segura, señalando que carecieron de suficientes elementos probatorios. ¿Por qué entonces cree que se legalizaron las detenciones y se avanza en las medias de aseguramiento?
David Uribe Laverde: Sobre el caso de Sergio Segura hay una presión política y mediática muy fuerte. En el tema de las negociaciones de paz, en donde hay un afán de mostrar resultados en temas de seguridad, existe una gran presión, más mediática que social, que llama a las autoridades tanto judiciales como de policía a mostrar resultados. Entonces, pese a que no hay suficientes elementos probatorios que fundamenten una figura tan restrictiva de los derechos como son un allanamiento y una captura, éstos se ordenaron para buscar pruebas. Es por ello que el juzgado, en una medida absolutamente arbitraria e inmotivada, declaró la legalidad de esos allanamientos y de la captura.
C. I.: Según la Fiscalía, las pruebas por las que se procesa a Segura pasan por la tenencia de 15 panfletos de organizaciones insurgentes en su domicilio, tanto de las FARC como del ELN. Desde esta Agencia se denunció que ese material forma parte de su archivo de trabajo, para el cubrimiento informativo de temáticas de Conflicto y Paz. ¿Cree que esa explicación puede tener peso jurídico a su favor?
D. U. L.: Si, absolutamente. Son 15 panfletos que no hacen parte de una misma organización, no son todos tampoco de organizaciones insurgentes, hay unos que son de organizaciones estudiantiles clandestinas, pero no necesariamente insurgentes. Su trabajo de investigador social y periodista en temas de conflicto y paz, conflicto armado, evidentemente justifica la tenencia de este tipo de material, que para nosotros no constituye propaganda, porque propaganda sería tener de forma masiva panfletos de una sola organización. Todos sabemos que uno no puede ser de dos organizaciones insurgentes al mismo tiempo. Además, cuando estamos cerca a la dinámica de la organización social, sabemos que en las marchas, plantones, a uno generalmente le están entregando publicidad alusiva a diversas organizaciones, clandestinas y públicas; cuando uno es investigador social, generalmente se lleva ese tipo de material para la casa para elaborar estudios, investigaciones o análisis.
C. I.: Su defendido había sido víctima de amenazas paramilitares en diciembre pasado; a la vez la Fundación para la Libertad de Prensa documentó 164 casos de periodistas víctimas de violación a los Derechos Humanos en 2014, de los cuales 6 fueron encarcelados. ¿Cree que su situación profesional, y más en particular su rol de seguimiento informativo de temas de Conflicto armado, pueden ser motivos o agravantes de los seguimientos y la persecución que llevó a su detención?
D. U. L.: De la misma manera que los allanamientos no tuvieron un fundamento para ordenarse, en esos seguimientos, más que perseguir a una organización delictiva se está persiguiendo a las personas que hacen pensamiento crítico en este país, a quienes hablan distinto, a aquellos que le dan voz a las personas que no la tienen en los grandes medios. Estas investigaciones están encaminadas a estigmatizar a este tipo de personas y de paso a estigmatizar a las mismas organizaciones. Para nosotros no es casual que 11 de las personas detenidas sean parte del Congreso de los Pueblos, que es una expresión del movimiento social y popular del país y uno de los principales referentes de las organizaciones sociales. Se ha intentado vincular a estas personas detenidas en un mismo hilo procesal, es decir, intentar hacer ver la ilusión de que todos hacen parte de una misma estructura delincuencial, cuando lo que hemos visto en las audiencias, es que los hechos que se les imputan son muy distintos. Eso nos da a entender que se está englobando a las personas sobre una base de globalidad delincuencial que no existe.
C. I.: Entidades periodísticas están a la espera de que se concrete la medida de aseguramiento a su defendido, Sergio Segura, para presentar su caso ante las Naciones Unidas. ¿Cuáles son finalmente los cargos que se le imputan?
D. U. L.: A Sergio se lo incrimina en los disturbios del 20 de mayo [Nota de Redacción: refiere a una protesta en la Universidad]. Aún en la hipótesis de que él hubiera participado en esos hechos, que son los únicos que se le incriminan, estas acciones no constituyen o adecuan a este tipo penal. Ese tipo penal está pensado, por su misma gravedad punitiva que es de 22 a 30 años de cárcel, para hechos de una gravedad mucho mayor. La fiscalía imputó esos delitos para forzar una medida de aseguramiento, diciendo a los juzgados que se debe imponer una medida privativa de la libertad. Por la naturaleza de este tipo de delitos, no hay otra medida posible, ni la medida domiciliaria, ni las no privativas de la libertad.
Se ha generado presión por un correo falso que llegó a la Fiscalía, que es ridículo, en donde se dice que va haber un atentado. Por tanto creemos que va a ser muy difícil que el juzgado haga un juicio diferenciado de las sindicaciones, porque hay presuntas responsabilidades diferenciadas dentro de las personas detenidas, pero el juzgado se va a limpiar las manos y básicamente va a ordenar cárcel para todos, para evitar dar el debate de que algunas personas no merecerían este tipo de medida.
C. I.: El presidente de la República hizo dos afirmaciones el mismo día de las detenciones que el proceso en curso ya desechó: que los jóvenes tuvieran que ver con las explosiones del 2 de julio en Bogotá, y que pertenecieran al ELN. ¿Piensan accionar legalmente buscando una retractación oficial?
D. U. L.: Si, pues eso ya se hizo, tengo entendido que uno de los abogados defensores ya interpuso una denuncia por injuria y calumnia y, en medios de comunicación también se ha solicitado por parte de las organizaciones que haya un retractamiento que sería lo mínimo. Pero en Colombia esos hechos pasan y nadie dice nada... Bueno, nosotros decimos algo, pero ninguna autoridad dice nada y como son las máximas autoridades del país, máximas autoridades del ejecutivo y la fuerza pública, entonces nadie va a ordenar que se retracten.
Ya están puestas las denuncias, pero en estos casos de injuria y calumnia es muy difícil que se hagan pronunciamientos por parte de la justicia, entonces eso quedará como constancias, pero sin ninguna repercusión legal concreta. Uno esperaría que un estado social y democrático de derecho sea el presidente el que tenga la iniciativa de reconocer un error, de reconocer que hubo un prejuzgamiento, de reconocer que se violó el principio de presunción de inocencia, pero lo más probable es que eso no vaya a pasar.
