Canadá debe cambiar su visión en cuanto a la forma en la que detiene a los inmigrantes que considera ilegales. Así lo determina un nuevo reporte presentado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto.
“We have no rights”: Arbitrary Imprisonment and Cruel Treatment of Migrants with Mental Health Issues es un largo documento escrito por dos estudiantes de derecho del programa de Derechos Humanos Internacionales, quienes investigaron las realidades que enfrentan miles de inmigrantes que son detenidos cada año por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA por sus siglas en inglés).
El estudio se centra en los problemas que pueden enfrentar los migrantes que sufren de algún tipo de problema mental y cómo les puede generar nuevos problemas.
“La CBSA transfiere a los migrantes que no están sirviendo ninguna sentencia criminal a cárceles provinciales ante la ausencia de leyes adecuadas, regulaciones o políticas”, señaló Renu Mandhane, director del programa de Derechos Humanos Internacionales, en un comunicado. “Los detenidos no tienen la oportunidad de desafiar el encierro encondiciones de máxima seguridad a pesar del catastrófico impacto que tiene en su salud mental”.
Según cifras del estudio, en 2014 había más de 7.000 migrantes detenidos en todo el país, lo que tiene un costo de $50 millones anuales para el país. De igual forma, los investigadores descubrieron casos de personas detenidas sin que se les finalizara un proceso, que podían tener entre dos meses detenidas, hasta ocho años.
El estudio “We Have No Rights” señala que esta actitud por parte de las autoridades migratorias es discriminatoria, “constituye una detención arbitraria, es cruel e inhumano y viola el derecho a la salud”.
Uno de los casos que destaca en el documento es el de “Uday”, quien estuvo casi tres años detenido en una prisión de máxima seguridad en Ontario. No tenía antecedentes criminales y sufría de esquizofrenia. Este hombre estuvo detenido porque las autoridades fronterizas no podían confirmar su identidad ni su país de origen, por lo que quedó en un limbo hasta que finalmente fue liberado y declarado como ciudadano “sin Estado”.
“No teníamos derechos, nos trataron como basura”, señaló el hombre a los investigadores.
El reporte propone varias recomendaciones a distintos niveles del gobierno, desde provincial hasta el Ministerio de Seguridad Pública y el de Inmigración.
Piden por la creación de un organismo independiente y de un verificador que investigue la situación actual con los servicios fronterizos y haga un estudio a profundidad de todos los migrantes que se encuentran detenidos.
También proponen limitar las detenciones como último recurso, creando formatos de libertad condicional y continuas presentaciones ante un tribunal. De igual forma, llaman a revisar con detenimiento las acciones de los oficiales, que han llevado a que varios migrantes se quiten la vida dentro de las cárceles.
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