Para el 2015, el análisis de la Embajada era sencillo: Pérez Molina presidía un gobierno plagado por la corrupción, cuyo accionar solo había contribuido a debilitar la endeble situación del país.
Mientras esto ocurría, diversas transacciones en el sistema financiero norteamericano, con fondos dudosos, emanados de cuentas vinculadas a Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, Juan de Dios Rodríguez y otros testaferros, despertaron la atención de las autoridades de Washington respecto a la desfachatez de lo que ocurría en Guatemala.
Por Phillip Chicola
La crónica de una caída anunciada
A Otto Pérez le pasaron la factura por su soberbia, su miopía y su desfachatez. Si bien el ejército de Guatemala siempre se caracterizó por ser el más anticomunista y el más antinorteamericano de la región, sus cuadros siempre fueron bastante sagaces en entender la geopolítica regional. Pero en el caso del presidente, no supo -o no quiso- leer las alertas de la diplomacia norteamericana.
El descontento de Washington con la gestión de Pérez fue evidente desde el primer día. La propuesta de despenalización de drogas no fue bien recibida. Menos aún si de la mano con el discurso vacío en foros internacionales, los indicadores de incautaciones mostraron una tendencia a la baja durante los primeros dos años de gobierno.
La cercanía del presidente, de Roxana Baldetti y de Mauricio López Bonilla con Marllorie Chacón, tampoco ayudó a su causa.
Pero su suerte se selló en el 2014. Primero, desatendió el desfile de funcionarios que pedían la continuidad de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público, entre ellos Hillary Clinton, el Subsecretario de Asuntos Antinarcóticos y el Subsecretario de Asuntos Hemisféricos.
Luego, en su esfuerzo de capturar el sistema de justicia, el presidente obvió la “recomendación” de la Embajada de no designar a Blanca Stalling como magistrada, ni de nombrar una Corte Suprema de Justicia susceptible al tráfico de influencias.
La preocupación de Washington era sencilla: un pleno de magistrados susceptibles a la corrupción podría convertirse en una piedra en el zapato para los procesos de extradición de narcotraficantes, el más importante, Jairo Orellana.
Para el 2015, el análisis de la Embajada era sencillo: Pérez Molina presidía un gobierno plagado por la corrupción, cuyo accionar solo había contribuido a debilitar la endeble situación del país. Mientras esto ocurría, diversas transacciones en el sistema financiero norteamericano, con fondos dudosos, emanados de cuentas vinculadas a Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, Juan de Dios Rodríguez y otros testaferros, despertaron la atención de las autoridades de Washington respecto a la desfachatez de lo que ocurría en Guatemala.
Paralelo a ello, otros procesos preocupaban a la Embajada.
El descontrol en aduanas y puertos, otra forma tradicional de corrupción local, fue identificada como una amenaza para la seguridad nacional norteamericana. Las estructuras de defraudación, que permitían a los importadores pagar menos impuestos, también prestaban servicios a grupos del narco y facilitaban el ingreso de drogas o precursores. Pero lo que más preocupación generaba era el rol de Osama Aranki dentro de la red.
Los vínculos del comerciante jordano con personajes con posibles nexos a grupos extremistas del Medio Oriente generaba un temor geopolítico: las redes en aduanas tarde o temprano podrían ser utilizadas por grupos terroristas para ingresar armamento al patio trasero de los Estados Unidos.
Entretanto, también preocupaba la corrupción en la Policía Nacional Civil (PNC). Con la desarticulación de las estructuras tradicionales del narco y la captura de los grandes capos locales -el último de ellos Jairo Orellana- , el esquema criminal cambió.
En lugar de establecer operaciones territoriales, los carteles mexicanos prefieren ahora subcontratar los servicios de grupos dentro de la PNC para mover cargamentos y tumbar (robar) droga.
Los reportes de Insight Crime sobre los cambios en el mapa del narco y el Cartel de la Charola eran la advertencia mediática sobre el fenómeno. Pero la gota que derramó el vaso fue la soberbia del presidente de no querer prorrogar el mandato de la CICIG.
Para la Embajada, la salida de la CICIG implicaba perder al último interlocutor confiable en la lucha contra el crimen organizado. Para ello, Washington realizó un despliegue diplomático sin precedentes que incluyó la visita del vicepresidente, Joseph Biden, del Secretario de Defensa, Chuck Hagel, del Consejero del Departamento de Estado, Tom Shannon, y nuevamente del Subsecretario de asuntos antinarcóticos, William Brownfield.
La misiva de cuatro congresistas, solicitando la prórroga de la CICIG, fue la última alerta que Pérez no quiso escuchar. Los dos firmantes republicanos eran Edward Royce -quien trabajó arduamente en llevar al dictador de Liberia, Charles Taylor, ante la justicia internacional- y Jeff Duncan, un paladín anticorrupción en la Cámara de Representantes.
Como firmantes demócratas figuraban Elliot Engel (promotor de la iniciativa Mérida y del plan de rescate de Haití), y Albio Sires, quien ha promovido mayor acercamiento con América Latina. A las señales nos sometemos.
Ante la desatención a los sutiles mensajes diplomáticos, Washington y la CICIG pasaron a la acción. El Acto I fue la desarticulación de La Línea, que constituyó el golpe mortal a una Roxana Baldetti que resultaba más que incómoda para los norteamericanos, como se había evidenciado en la solicitud que hizo la comitiva Biden para que ella no estuviera presente en las reuniones sobre el Plan para la Prosperidad.
Al confirmar que Juan Carlos Monzón, mano derecha de Baldetti y Salvador González, dirigían una red de negocios ilícitos, se sepultó a una vicepresidenta que ya venía convirtiéndose en el paradigma de la corrupción del régimen. Pero eso no es nada.
Las llamadas de Francisco Ortiz (el Teniente Jerez) al momento de su captura confirmaron los temores de la CICIG y Washington. Por un lado, evidenciaron la existencia de redes de impunidad que operaban en el Organismo Judicial, en convivencia con bufetes de abogados y actores oscuros.
Otra alerta se disparó cuando en las conversaciones interceptadas salió a luz el nombre de Blanca Stalling, la misma magistrada de la lista negra de la Embajada. Pero por otro lado, diversas fuentes aseguran que Jerez también se habría comunicado con el presidente para solicitar su auxilio ese 16 de abril. Los ríos de estiércol salpicaba a las Cortes y al mandatario.
No obstante, ni la CICIG ni la Embajada previeron el terremoto que desataría el caso de La Línea. El primer efecto fue el apoyo multisectorial a la continuidad de la CICIG, que arrinconó al presidente, obligándolo a prorrogar el mandato en contra de su voluntad.
El segundo efecto, y el más significativo, fue la movilización urbana que pidió la renuncia de Baldetti y el combate a un sistema en el cual la acción pública, de gobierno, se ha convertido en fuente de riqueza al servicio de los gobernantes.
Pérez creyó que la prórroga a la CICIG reduciría las demandas ciudadanas y restituiría su relación con Washington. Pero el terremoto apenas empezaba. Mientras los ciudadanos pedían la salida de Baldetti, Washington enviaba mensajes de una necesaria depuración.
Los rumores y filtraciones sobre el retiro de visas nuevamente fueron desatendidos por Pérez. Entretanto, en Florida, se anunciaba el acuerdo de cooperación entre la Fiscalía Federal y Marllorie Chacón, lo que puso a temblar a varios funcionarios vinculados con la lavadora. Los focos de atención se posicionaron sobre Baldetti, pero en realidad, a quien Chacón señaló en sus primeras declaraciones, eran a las autoridades del Ministerio de Gobernación.
La falta de respuesta de Pérez Molina a los mensajes de la Embajada y el Cronograma de Casos de la CICIG -que partía de la premisa que su mandato no sería prorrogado- desató el Acto II de la trama.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que no solo sirvió como fuente de enriquecimiento para Juan de Dios Rodríguez, los gerentes del instituto y sus comisionistas, sino también de plataforma para el asalto a la justicia, fue el segundo golpe al esquema de corrupción e impunidad trazado durante el gobierno patriota.
La vinculación de Otto Molina Stalling, hijo de la misma magistrada y asesor jurídico contratado como parte del esfuerzo por capturar las Cortes, constituyó otra guidan más del pastel. Al final que con La Línea se evidenciaron como los ríos de la corrupción salpicaban la justicia. Ante el inminente destape de los casos de corrupción en Gobernación y la Policía Nacional Civil, Pérez Molina prefirió actuar preventivamente.
La salida de López Bonilla buscaba evitar otro golpe más a un gobierno cuya credibilidad descansa al ras del piso. La llegada de Eunice Mendizábal y Elmer Sosa, quienes hasta el jueves era las cabezas del viceministerio encargados de temas antinarcóticos, y principal aliado de la DEA en el país, envía el mensaje que Washington tomará el control de las fuerzas del orden.
Con estas medidas, Pérez Molina busca mitigar la ira de Washington. Quién sabe si será suficiente o si la Embajada demandará más concesiones. Lo cierto es que al presidente le tocó aprender por las malas. La corrupción de su gobierno generó una seria amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Su miopía o desfachatez le llevó a desatender las alertas de los meses anteriores.
Hoy su gobierno pende de un hilo y su continuidad ya no solo depende de la Embajada, sino de la presión ciudadana que se generó tras el Golpe de la Embajada.
Otto Pérez no supo leer la geopolítica regional, y la estabilidad institucional del país sucumbe debido a su soberbia y miopía.
Publicado por La Cuna del Sol
USA.
