"Queda claro que en Venezuela gobierna una dictadura.
Nicolás Maduro nos llama vagos porque no sabe qué es trabajar ni qué es democracia”.
Eso dice Pastrana, ex presidente de Colombia. Extraña dictadura esa que le permite entrar al país y conversar con varios líderes de la oposición a un gobierno votado por la mayoría de los venezolanos.
¿Pero acaso sabe Pastrana- al que lógicamente no dejan visitar a gente que conspira en prisión para cometer asesinatos- lo que es una democracia? Pastrana, el presidente votado por la oligarquía y el narcotráfico colombiano (son la misma cosa), el que le diera la mano a Marulanda para intentar traicionarlo después lo que motivó que el mítico comandante guerrillero lo dejara plantado y sin novia.
Todo el pueblo araucano sabe y se ha denunciado que en los dos últimos dos años del gobierno de Andrés Pastrana y durante los cuatro años de la primera dictadura mal llamada seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, se ejecutaron más de un centenar de crímenes selectivos de líderes políticos, sociales, sindicalistas, periodistas, historiadores y funcionarios públicos, además de las innumerables masacres que dejaron más de seiscientos campesinos salvajemente asesinados y mutilados.
Entre las personalidades asesinadas se encuentran Octavio Sarmiento, Alfredo Colmenares, Alejandro Lomonaco, Plutarco Granados, los periodistas Efraín Varela y Luís Eduardo Alfonso, los lideres sociales Enrique Coiran, Marcelino Díaz, Ángel Trifilos, Russbell Lara, Argemiro Bustacara, Nubia Salamanca, Edgar Mantilla, Tiberio Cardozo, Eduar Alexander Vargas, Rito Hernández y Uriel Coronado entre otros.
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El 5 de agosto de 2002, dos días antes de dejar su mandato constitucional como Presidente de Colombia, Andrés Pastrana retiró a su país de la Corte Penal Internacional.
Siete años, fue el lapso ordenado por Pastrana para que Colombia estuviese fuera del principal organismo de justicia del mundo. Absolutamente paradójico en un país que vivía y vive un duro conflicto armado interno que ha dejado centenares de miles de víctimas e innumerables denuncias de violación a los derechos humanos.
En el punto cinco de la declaración que entregó la cancillería neogranadina para justificar el retiro, se advierte: “el Gobierno de Colombia declara que no acepta la jurisdicción de la Corte con respecto a la categoría de crímenes referidos en el artículo 8 cuando se alegue que ese crimen ha sido cometido por colombianos o en territorio colombiano”.
En el documento enviado por la entonces canciller Carolina Barco a la Comisión Segunda de la Cámara, para responder a unas preguntas relacionadas con el CPI, el gobierno reconoce que invocó la declaración del artículo 124 para que durante los próximos siete años no se acepte la competencia de ese tribunal cuando se denuncien crímenes de guerra.
Publicado por JM Álvarez
