La vicepresidenta de Guatemala Ingrid Roxana Baldetti Elias y el presidente guatemalteco Otto Pérez que pertenecen al Partido Patriótico. / Tiempo.hn/
Ciudad de Guatemala, Guatemala- La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) decidió ayer abrir un antejuicio a la vicepresidenta Roxana Baldetti, en relación con un caso de corrupción, por lo que pidió al Congreso decidir si levanta la inmunidad a la funcionaria.
"Se determinó dar trámite al antejuicio contra la vicepresidenta de la República", dijo en conferencia de prensa el presidente de la CSJ, Josué Baquiax, luego de que los 13 magistrados del Poder Judicial validaran "por unanimidad" la petición hecha por dos partidos opositores.
Baldetti ha sido blanco de críticas de quienes consideran que estaba al tanto de las actividades de su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón, cerebro de una red descubierta el pasado 16 de abril en las aduanas nacionales, que cobraba sobornos a empresarios que evadían impuestos.
Tras dar trámite a la petición, el Congreso debe "nombrar la comisión pesquisidora" que determinará la posibilidad de retirarle la inmunidad a Baldetti para que pueda ser investigada penalmente, agregó Baquiax, quien señaló que rechazaron una solicitud similar contra el presidente Otto Pérez.
El anuncio ocurre pocas horas después de que la cúpula empresarial de Guatemala pidiera la renuncia de Baldetti, como una acción para garantizar la imparcialidad en la investigación del escándalo de corrupción.
"Pedimos que la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías renuncie a su cargo, acción que permitirá brindar un curso independiente de la investigación judicial", explicó en conferencia de prensa Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Según el dirigente empresarial, dicha renuncia también permitiría "fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad de la República", ante el escándalo de corrupción destapado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que colabora en la depuración del sistema judicial.
"Vivimos en democracia y (los empresarios) están haciendo efectivo su derecho de petición", expresó a periodistas el portavoz presidencial, Jorge Ortega, al indicar que serán las autoridades judiciales las que determinen las responsabilidades por el escándalo.
La Fiscalía y la Cicig revelaron la existencia de la red de sobornos conocida como "La línea", que se estima obtuvo ganancias por montos millonarios aún sin precisar.
Por el caso fue capturado Omar Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) -ente recaudador de impuestos de Guatemala-, y su antecesor Carlos Muñoz junto a una veintena de personas, incluidos otros altos funcionarios de la entidad.
Baldetti y Monzón
Cuando estalló el escándalo, Baldetti se encontraba con Monzón en Corea del Sur donde le perdió la pista. La vicepresidenta al regresar a Guatemala se desligó del caso al indicar que no tenía conocimiento de las operaciones ilícitas de uno de sus hombres de confianza.
Frase"Pedimos que la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías renuncie a su cargo, acción que permitirá brindar un curso independiente de la investigación judicial", Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
El pueblo guatemalteco se ha lanzado a las calles a pedir la renuncia del presidente y Baldetti.
Baldetti y la reina del Sur
El 12 de diciembre de 2014 la guatemalteca Marllory Chacón Rossell suscribió un acuerdo con la Fiscalía, el cual contiene 14 puntos.
Entre ellos se menciona que Marllory se declara culpable de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos. También dice que aceptará la pena impuesta por la Corte y no apelará.
Además, reconoce que la condena puede ser de 10 años o candena perpetua, o bien multa de US$10 millones. Asimismo, los Estados Unidos se comprometen a recomendar a la Corte la reducción de la pena.
Agrega que la acusada se compromete a brindar toda la información y decir la verdad, así como a la entrega de documentos, grabaciones y acudir a las audiencias a las que sea requerida.
De manera extraoficial se conoció que la condena sería de 144 meses de prisión, equivalente a 12 años, lo cual no fue confirmado, por haberse declarado el caso en reserva durante cinco años.
Colaboración
Chacón, alias la Reina del Sur, si bien se declaró culpable el año pasado, desde 2012 colabora con las autoridades estadounidenses para revelar información y documentos con respecto a personajes vinculados a la actividad criminal, específicamente el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Según fuentes cercanas al Gobierno estadounidense, Chacón descubrió a varios funcionarios y empresarios guatemaltecos que estarían involucrados en los delitos que a ella se le imputan.
La vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti sería la funcionaria más alcanzada de la supuesta confesión de Chacón, por los rumores sobre su presunta colaboración en las actividades ilegales de la Reina del Sur.
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