VOICE OF LIBERTY – Un informe alarmante sobre las conexiones del senador Marco Rubio (R-FL) con el lobby de las cárceles privadas ha obtenido poca atención por parte del público hasta el momento.
Mientras la mayoría de los sitios de noticias se concentran sobre la influencia de los grupos de interés tienen sobre los políticos, especialmente aquellos que han lanzado recientemente sus candidaturas presidenciales, sitios conservadores importantes ignoran deliberadamente las enormes cantidades de dinero que se invierten en algunos de sus candidatos favoritos.
Marco Rubio, por ejemplo, ha tenido una relación muy complaciente a lo largo de su carrera, no sólo con el lobby del azúcar, pero también con el lobby de las cárceles privadas.
Al observar que los manifestantes en Baltimore instan a Washington realizar una reforma de la justicia penal, las dos mayores empresas de prisiones en el país se preparan para una dura batalla al acercarse las elecciones presidenciales de 2016.
Desde 1989, el Grupo GEO (GEO) y la Corrections Corporation of America han canalizado más de $ 10 millones a los distintos candidatos.
Sus gastos de cabildeo han alcanzado la marca de los $ 25 millones. Pero a medida que los reportes relativos a la sobrepoblación en las instalaciones de corrección de los Estados Unidos de América llama la atención de muchos norteamericanos, parecen a la vez una palmada en el hombro de los miembros de la industria.
Como los políticos parecen ser más propensos a adoptar un enfoque menos agresivo para la guerra contra las drogas y el tema de la inmigración, debido a la presión pública, estas empresas ven una oportunidad única para impulsar su agenda recordando a sus candidatos que están pagando por sus campañas.
Según The Washington Post, Rubio podría utilizar su candidatura para promover causas apoyadas por algunos de sus más generosos patrocinadores, algo que siempre ha hecho en el pasado, cuando se desempeñó en la Cámara de Representantes de la Florida:
“Este senador de Estados Unidos tiene una historia de estrechos vínculos con la segunda mayor compañía de prisión con fines de lucro del país, GEO, que se remonta a sus días como presidente de la Cámara de Representantes de la Florida.Mientras Rubio fue líder de la cámara, GEO se adjudicó un contrato con el gobierno estatal para una prisión de $ 110 millones y al poco tiempo Rubio contrató a un consultor que había sido vinculado con GEO.
Durante su carrera, Rubio ha recibido cerca de $ 40.000 en donaciones de campaña de GEO, haciéndole el mayor destinatario de estos fondos en el Senado”.
Pero eso no es todo:
“Un informe de investigación de 2011 publicado por el Centro para los Medios y la Democracia detalla las conexiones entre Rubio y GEO durante su estancia en la Cámara de la Florida. Señala que Rubio contrató Donna Arduin, ex síndico de la GEO Propiedades Correccionales Trust, como consultor económico.
Arduin trabajó con el jefe de presupuesto de Rubio, Ray Sansom, que proveió un acuerdo de US $ 110 millones para una nueva prisión GEO en la cámara.
El informe también detalla cómo una legislación favorable a GEO ha marcado la presencia de Arduin en gobiernos, de la California a la Florida. En 2011, el gobernador de Florida Rick Scott – que también utiliza Arduin como asesor de presupuesto – propusó (sin éxito) de privatizar 27 prisiones al sur de Orlando “.
Al donar a los candidatos que apoyan las normas de inmigración más estrictas, estas empresas logran esquivar el escrutinio público.
Según el informe del Washington Post, los grupos de presión de prisiones privadas utilizan esta estrategia para evitar ser atrapados al cabildear directamente para proyectos de ley que afectan las condiciones o la duración de la encarcelación.
Este proceso podría, a largo plazo, beneficiar a sus candidatos favoritos.
En su informe anual publicado en 2014, la Corrections Corporation of America escribió:
“La demanda para nuestras instalaciones y nuestros servicios podría verse afectada negativamente por la relajación de los condenas, la indulgencia en las normas de condena o libertad condicional y las prácticas de sentencia o por medio de la despenalización de ciertas actividades actualmente proscritas por nuestras leyes penales.
Por ejemplo, cualquier cambio con respecto a las drogas y sustancias controladas o la inmigración ilegal podría afectar el número de personas arrestadas, condenadas y sentenciadas, lo que podría reducir la demanda para las instituciones correccionales”.
En el mismo informe, advierten contra una legislación que haría que un mayor número de reclusos podrían acogerse a la libertad anticipada.
Para evitar una caída de la demanda de sus servicios, estas empresas presionan para obtener contratos con los gobiernos locales y estatales que exigen de los gobiernos mantener una tasa de ocupación.
Si el lobby de las prisiones sigue creciendo y los candidatos como Rubio permanecen en su cargo, los contribuyentes y las minorías continuarán pagando, no sólo con su dinero duramente ganado, sino también con sus vidas.
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