'The New York Times' tacha de "ominosa" la Ley Mordaza de España

El periódico norteamericano 'The New York Times' califica la Ley Mordaza española de "ominosa" y acusado al Gobierno del país, encabezado por Mariano Rajoy, de promoverla para conservar su poder.

El periódico estadounidense 'The New York Times' ha dedicado un artículo a la polémica Ley Mordaza de España, en el que critica al Gobierno de Mariano Rajoy por promoverla.

"El principal objetivo de la ley, al parecer, es ayudar al partido gobernante a mantenerse en el poder, desalentando las protestas contra la austeridad, que han crecido convirtiéndose en un gran apoyo del partido Podemos", formación que "parece dispuesta a conseguir buenos resultados en las elecciones este año", escribe el diario.

El artículo "La ominosa Ley Mordaza de España" ha recordado la inusual manifestación en Madrid contra la Ley Mordaza realizada en forma de hologramas el pasado 10 de abril, una protesta virtual consistente en la proyección de imágenes tridimensionales.

"De momento las protestas no son ilegales en España", escribe el diario, "pero lo serán si la nueva ley entra en vigor el 1 de julio".

El periódico afirma que la Comisión Europea debe ahora tratar de detener la ley, que "inquietamente se remonta a los días oscuros del franquismo".

El artículo dice que la ley no puede existir en una nación democrática como España, siendo parte de la UE. "Los ciudadanos tienen derecho a una protesta pacífica y colectiva".

La Ley de Seguridad Ciudadana, llamada popularmente "Ley Mordaza", define la protesta frente al parlamento y otros edificios oficiales como "una alteración de la seguridad pública", castigada con una multa de 30.000 euros, explica el diario.

Además, establece multas elevadas por manifestarse cerca de edificios públicos, infraestructuras de transporte o plantas nucleares, así como por usar sin autorización imágenes de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

El Congreso aprobó la ley promovida por el Gobierno de mariano Rajoy en diciembre y, pese a la indignación de grupos de derechos humanos y de la ONU, el Senado dio luz verde en marzo.