Las pretensiones de ocupación por parte de Estados Unidos sobre América latina y el Caribe para asegurarse el control de los países, sus recursos y sus poblaciones han seguido cauces legales e ilegales.
Las dinámicas de intervención directas e indirectas han sido denunciadas por organizaciones, gobiernos e incluso reconocidas por sus propios aparatos de control.
La implementación de dichas estrategias se puede encontrar de forma combinada en los recientes intentos de desestabilización y de golpe de estado en los países latinoamericanos.
Entre 1789 y 2009 se reconocen 95 intervenciones directas por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en América latina y el Caribe.
Ya sea con fines de expansión territorial, mediante la declaración de Guerra (México-1846), la ocupación neocolonial (Guerra con España/Cuba, Puerto Rico y Filipinas-1898), el envío de fuerzas militares para “defender a los ciudadanos de EE.UU. y para promover sus intereses” (invasiones Granada, Panamá), la asesoría ilegal y la formación de paramilitares y grupos de choque (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua).
El académico mexicano Pablo González Casanova informa de 750 intervenciones militares, diplomáticas, políticas y económicas en ese lapso.
El investigador argentino Gregorio Selser documentó 3.000 en las cuales incluye imposiciones diplomáticas, acusaciones y amenazas públicas por parte de funcionarios, presencia intimidatoria, intromisiones abusivas de embajadores, las incursiones armadas “no autorizadas”, operaciones encubiertas, apoyo a golpes de Estado, civiles o militares, actos de espionaje y desestabilización contra gobiernos no gratos y bloqueos económicos.
También mediante la asistencia militar (ejercicios militares conjuntos, bases militares) y “asistencia a la sociedad civil” (NED), ayuda para el desarrollo (Usaid), asistencia médica (Medretes) o prevención de desastres (EmergencyOperations Center-EOC y DisasterReliefWarehouse-DRW).
El Comando Sur de EE.UU. reconoce que más de 100 proyectos de EOC y DRW se han completado o están en marcha en 25 países de América del Sur, América Central y el Caribe.
Dichas estrategias, en un primer momento, fueron implementadas para la mayoría de los países latinoamericanos pasando por la enmienda Platt, la Doctrina Monroe, el Gran Garrote (bigstickpolicy), la Política de Buena Vecindad, el TIAR, la OEA, la doctrina de Seguridad Nacional, la Alianza para el Progreso y con ello la creación de la CIA o la DEA, entre otras.
Sin embargo, en los últimos años se han implementado programas intervencionistas de acuerdo a los desafíos específicos del país o la región a controlar.
Esto en sí mismo marca un cambio en la política intervencionista de Estados Unidos.
En el ámbito militar el Plan Colombia (2000), la Alianza para la Seguridad de América del Norte (Aspan) (2005), la Iniciativa Mérida (2008), junto con las iniciativas económicas como ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, descarrilado en Mar de Plata 2005), tratados de libre comercio (Nafta, Cafta, Trans-American Partnership-TAP), iniciativas de infraestructura continental (ConnectingtheAmericasInitiative 2022, presentada por Obama y Santos en 2013, que busca la interconexión regional de los mercados de energía, desde Canadá hasta Chile), nuevos convenios militares (instalaciones militares en Colombia, Panamá, IZN-Paraguay).
El Departamento de Defensa de EE.UU. reporta en el informe BRAC 2013 que existen 5.059 instalaciones militares de EE.UU. en el mundo, de las cuales 18 se encuentran en nuestra región, sin señalar su localización (además de las 37 instalaciones en Puerto Rico y 6 en Islas Vírgenes). También reporta financiamiento a ONG (a través de Usaid, con presupuesto destinado para ALyC. CBJ, ForeignAssistance, SummaryTables), buscan establecer una política económica y militar que responda a los nuevos desafíos en la hegemonía mundial en detrimento de la organización latinoamericana y caribeña.
Otro proceder tiene que ver con operaciones encubiertas con la complicidad de gobiernos o políticos latinoamericanos como el caso de la operación Fénix (Sucumbíos 2008) y los llamados golpes blandos/parlamentarios (Honduras, Paraguay) que han buscado desestabilizar o derrocar gobiernos democráticamente electos, además de los intentos de desestabilización en el bienio 2014-15, que alcanzaron (y alcanzan) a Venezuela, Argentina y Brasil, entre otros.
Algunos retos visibles para América latina
1- En los últimos años se ha avanzado hacia la consolidación de organismos regionales creados para hacer frente a los nuevos retos latinoamericanos: Unasur, ALBA-TCP, Petrocaribe, Banco del Sur.
Aunque los avances no dejan de ser complejos, el posicionamiento de Unasur como un órgano que facilite la solución de conflictos entre países de la región, sin intervención de EE.UU., se hace cada vez más importante.
2 - Fortalecer los procesos de transformación institucional que no dependan de un actor o un partido, sino que sean procesos construidos y defendidos por los distintos sectores de la población, generando amplios consensos que promuevan el diálogo y recuperen las distintas visiones de mundo evitando que una sola domine a las demás.
3 - Reconocer las dificultades y los retos que enfrentan los gobiernos latinoamericanos recuperando las demandas de comunidades indígenas, campesinas y urbanas.
4 - La apuesta por construir otra forma de desarrollo, que no implique continuar las políticas extractivistas o que favorezcan al capital transnacional en detrimento de las poblaciones y sus territorios.
5 - Frenar el avance de los partidos conservadores/oligárquicos que ganan posiciones en el Congreso y en las ciudades principales (Quito-2013, Alcaldía Mayor de Caracas-2013, Buenos Aires, La Paz-2015,) y que junto con los medios de comunicación privados promueven la desinformación y la desestabilización.
6 - Eliminar o delimitar los acuerdos de asistencia militar con los Estados Unidos que van en detrimento de la soberanía y los intereses latinoamericanos (Colombia, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Honduras).
7- Avanzar y consolidar los procesos democráticos sin dejar de lado la construcción de alternativas desde las organizaciones y movimientos sociales (Vía campesina, MST, EZLN)
