Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos.
En 2014, el índice de homicidios fue, una vez más, el más alto a nivel mundial.
La respuesta de las instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y sigue estando signada por hechos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas sólo han logrado avances menores.
Los periodistas y los activistas campesinos son particularmente vulnerables a la violencia, pero el gobierno por lo general no juzga a los responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo.
Tras despedir arbitrariamente de su cargo a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012, el Congreso sancionó una ley que habilita a este poder a destituir a jueces y al fiscal general, una medida que profundiza el debilitamiento de la independencia judicial y fiscal.
Abusos y corrupción policial
El uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía constituye un problema crónico. Entre 2011 y 2012, 149 personas murieron a manos de policías, según un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex Villanueva confirmó las conclusiones del informe e indicó que posiblemente haya habido muchos más asesinatos cometidos por policías que nunca fueron denunciados. El gobierno no respondió a reclamos del rector de la Universidad Nacional Autónoma de que informara cuántos de estos asesinatos habían sido investigados o tuvieron como resultado la imposición de condenas.
Los esfuerzos para abordar la corrupción endémica en la Policía sólo han conseguido avances menores. Si bien se han utilizado pruebas diseñadas para detectar corrupción para evaluar a más de 4.500 policías, apenas una fracción de quienes no superaron la prueba han sido apartados de su cargo. Según la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, la institución que anteriormente se ocupaba de diseñar los reformas de organismos judiciales y de seguridad pública, sólo el 3 por ciento de los 230 funcionarios cuyo despido se recomendó en 2012 fueron finalmente separados de su cargo.
Intervención de militares en operativos de seguridad pública
En noviembre de 2011, el Congreso aprobó un decreto de emergencia que permitió que militares llevaran a cabo funciones de seguridad pública, y que se ha prorrogado periódicamente. En agosto de 2013, se aprobó una ley que autorizó la creación de una policía militar con atribuciones para controlar barrios violentos y efectuar detenciones, entre otras funciones, a pesar de los antecedentes de abusos de militares contra civiles. Esta Policía Militar entró en actividad en enero de 2014.
En agosto, soldados detuvieorn a Marco Medrano Lemus cerca de su casa en La Lima, Cortés. Según medios de prensa locales, Medrano fue hallado muerto poco después, y una autopsia reveló que presentaba signos de haber sido torturado. Ocho soldados fueron arrestados en relación con el incidente, y las investigaciones continuaban al momento de redacción de este informe.
Justicia por los abusos posteriores al golpe
Luego del golpe militar de junio de 2009, el gobierno de facto suspendió libertades civiles clave, como la libertad de prensa y de reunión.
En los días siguientes, las fuerzas de seguridad respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza y clausuraron medios opositores, lo cual derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias. La comisión de la verdad establecida por el entonces Presidente Porfirio Lobo publicó en julio de 2011 un informe que documentó 20 casos de uso excesivo de la fuerza y asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
En agosto de 2014, el ex militar José Arnulfo Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por la clausura arbitraria del Canal 36, en junio de 2009. Jiménez había liderado el contingente que ocupó la sede del medio, impidiendo que este transmitiera durante varios días. A la fecha de preparación de este informe, se habían producido escasos avances en el juzgamiento de otros abusos cometidos durante el período posterior al golpe de estado.
Independencia judicial
Es común que jueces sufran actos de intimidación e interferencia política. En diciembre de 2012, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de que dictaran la inconstitucionalidad de una ley dirigida a abordar la corrupción policial. En enero de 2013 se designaron los reemplazantes, y al mes siguiente la nueva composición de la Corte desestimó un recurso interpuesto por los magistrados destituidos. Desde su destitución, los ex magistrados denuncian haber sufrido reiterados actos de intimidación, incluidas amenazas de muerte y acoso policial.
A través de una reforma constitucional de 2011, se creó el Consejo de la Judicatura, un órgano con potestades para designar y destituir jueces. Según la Comisión Internacional de Juristas, el proceso de selección de los miembros del consejo no contó con garantías que impidan la interferencia política, y ha estado marcado por irregularidades, como la exclusión de representantes de una de las dos asociaciones judiciales hondureñas. Más de 40 jueces han sido suspendidos desde que el consejo comenzó su labor.
Ataques contra periodistas
Periodistas en Honduras siguen sufriendo amenazas, agresiones y asesinatos. Las autoridades no investigan ni juzgan estos delitos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), más de 30 periodistas han sido asesinados desde 2009, aunque el móvil de muchos de estos casos no ha sido esclarecido.
En diciembre de 2013, el periodista de Globo TV Juan Carlos Argeñal Medina fue asesinado a tiros en la ciudad de Danlí, El Progreso, luego de haber recibido amenazas de muerte vinculadas con su investigación sobre corrupción en un hospital local. En el pasado, Globo TV había sufrido una serie de ataques violentos tras su cobertura crítica del golpe de 2009.
Violencia rural
Más de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años en relación con controversias por tierras en la región del Bajo Aguán, la mayoría de ellas a partir de 2009, según un informe publicado en marzo de 2013 por el CONADEH. Muchas otras personas han sido víctimas de ataques y amenazas.
Las controversias a menudo enfrentan a empresas agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas que reclaman ser legítimas propietarias de tierras transferidas tras una reforma de la ley agraria del país. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también guardias de seguridad privada fueron asesinados o sufrieron lesiones.
Las autoridades hondureñas no han investigado eficazmente los abusos ni previsto protección para quienes están en riesgo. La investigación de Human Rights Watch de 29 casos de homicidios y dos secuestros ocurridos en el Bajo Aguán concluyó que ninguno de estos casos había sido perseguido penalmente de forma exitosa.
Condiciones en centros de detención
Las condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación inadecuada y las salubridad deficiente, son sistemáticas en las prisiones hondureñas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2013 había más de 13.000 presos en las cárceles del país, que tienen capacidad máxima para aproximadamente 8.600 presos. La corrupción es generalizada entre los funcionarios penitenciarios.
Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos continúan sufriendo hechos de violencia, amenazas y asesinatos. En mayo, José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, una organización internacional benéfica que trabaja por la niñez y que ha criticado a autoridades por la desprotección de niños frente a la delincuencia organizada, fue detenido arbitrariamente y sometido a una violenta golpiza por miembros de la Policía Militar. Ruelas fue puesto en libertad al día siguiente, luego de que organizaciones locales de derechos humanos intervinieran en representación suya.
En agosto de 2013 el gobierno de Lobo presentó un proyecto legislativo ante el Congreso para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho, pero hasta la fecha de preparación de este informe la ley no había sido aprobada.
Violencia contra menores
Los niños estén expuestos a altos niveles de violencia, perpetrada mayormente por pandillas y otras formas de delincuencia organizada. En mayo, cinco adolescentes presuntamente vinculados con la Mara Salvatrucha fueron asesinados en el Centro Pedagógico de Rehabilitación El Carmen aparentemente por miembros de pandillas rivales. Según el CONADEH, 458 niños fueron asesinados entre 2010 y 2013. Casa Alianza informa que en los primeros cuatro meses de 2014 270 personas de menos de 23 años fueron asesinadas.
Es probable que la violencia de pandillas haya contribuido al importante aumento de la migración de jóvenes hacia Estados Unidos en los últimos años. Un informe de 2014 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados determinó que el 34 por ciento de los menores migrantes provenientes de Honduras identificaron la violencia como uno de los motivos por los cuales se fueron de su país.
Actores internacionales clave
Estados Unidos destinó más de US$ 50 millones de asistencia en materia de seguridad en Honduras entre 2010 y 2014, y mantiene esta ayuda a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Central America Regional Security Initiative, CARSI).
La normativa estadounidense que prevé la ayuda militar y policial a Honduras estipula que el 35 por ciento de los fondos estarán disponibles sólo si el gobierno hondureño satisface varios requisitos importantes de derechos humanos. Hasta febrero de 2013, el Congreso estadounidense estaría reteniendo cerca de US$ 30 millones de asistencia debido a preocupaciones en materia de derechos humanos.
En febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios expresó que el gobierno no había regulado adecuadamente a las empresas de seguridad privada y manifestó preocupación ante su presunto “involucramiento en violaciones de derechos humanos... incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual”.
En enero de 2014, el Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, determinó que la IFC no había aplicado correctamente mecanismos de debida diligencia ni evaluado y respondido a riesgos conocidos de violencia y desalojos forzados asociados con su inversión en Dinant, una empresa dedicada a la producción de aceite de palma y alimentos que tuvo un rol protagónico en una serie de sucesos violentos y asesinatos en Honduras.
En agosto, el ombudsman también concluyó que la IFC no había identificado ni abordado suficientemente los riesgos asociados con su inversión en Banco Ficohsa, la entidad bancaria más grande de Honduras.
Dinant fue uno de los prestatarios más importantes del Banco Ficohsa.
