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La llamada Operation Just Cause fue una intervención armada, llevada a cabo por el ejército de los Estados Unidos del Norte de América contra Panamá, con el propósito declarado de capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico.
Pero su objetivo fue invasor, para mantener su poder en la región, amedrentar a los gobiernos que pudieran distanciarse de su hegemonía y defender sus intereses en la zona. Después del tiempo transcurrido, la verdad sigue siendo la principal víctima.
Se han cumplido veinticinco años desde que en la noche del 20 de diciembre de 1989, el Ejército de los EEUU descargó sobre este pequeño país latinoamericano, «el armamento bélico más contundente desde la guerra de Vietnam».
Un intenso bombardeo lanzado por aviones de combate, contra barrios populares de la capital panameña, en especial sobre El Chorrillo, donde se produjo el mayor número de víctimas.
Se desplegaron 27.000 soldados para someter a la Guardia Nacional panameña.
La invasión es reflejo del modelo avasallador y amenazante norteamericano, para mantener el poder allí en donde puede perderlo o ante la necesidad de hacerse con él, cuando sus intereses geoestratégicos lo demandan.
Uno de los últimos ejemplos es el de Ucrania, donde la «toma del poder por las bravas», sigue siendo apoyado por EEUU.
El presidente Maduro denuncia un «golpe económico» en marcha para derrocarlo y no está desencaminado. Recordemos lo que ocurre en Gaza con el pueblo palestino y el apoyo americano al gobierno de Netanyahu y la política israelí, mientras el Tribuna Penal Internacional investiga los crímenes de guerra en Palestina.
EEUU defiende sus intereses a capa y espada y sin careta —Irak, Siria o Afganistán, Chile, Argentina, Cuba o Panamá—. Invaden lo que haga falta invadir, apoyan golpes de estado para conquistar el poder o desestabilizan zonas de influencia; ya gobiernen los republicanos de George H. W. Bush o los demócratas de Barack Obama.
La invasión de Panamá no es un hecho aislado, ni fue para devolver la paz al país ni contra el narcotráfico. Es un contínuum acto de violencia e imposición, ejercido por EEUU donde le convenga.
Unos años después de la invasión, invitado por el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP), estuve visitando la ciudad de Panamá, Colón y otras comunidades, con proyectos de educación popular.
Los «yanquis» controlaban el Canal y su zona de influencia.
La gente tenía vivo el recuerdo de la invasión. Muchos lloraban a sus muertos recientes. Control y violencia soterrada o a las claras «desde el momento de su llegada al istmo de Panamá», decían.
También había gente —hoy sigue habiéndolos— que celebraron la invasión y hablan de los «gringos» como «salvadores».
Por unos intereses u otros son cómplices, que contribuyen a borrar la memoria histórica de los hechos, que hoy recordamos.
Critican el Tratado Torrijos - Carter de 1977, por el que se ponía fin a la presencia colonial estadounidense en Panamá, después de 96 años y devolvía la soberanía en la «franja canalera». La transferencia definitiva de soberanía, se llevó a cabo el 31 de diciembre de 1999, con el gobierno de Mireya Moscoso.
Durante los años previos a la invasión, Panamá había caído en una grave situación de violación a los derechos humanos y la deslegitimación de las instituciones del Estado para el ejercicio de un gobierno democrático. Hechos que parece que «conmovieron» a los gobernantes norteamericanos.
Sometieron al país a un bloqueo económico, contra el gobierno, que fue contra el pueblo, que ocasionó el sufrimiento de la gente y una crisis económica sin precedentes.
Se congeló el flujo bancario, para evitar la fuga de capitales. Durante este tiempo, EEUU negoció el abandono Noriega del poder sin obtener resultados, hasta que palomas y halcones dijeron: los marines están para estas situaciones y actuaron con premeditación, nocturnidad y hasta con alevosía.
Noriega fue capturado trece días después de la invasión, fue llevado a EEUU, procesado y condenado a 20 años de prisión, por delito de narcotráfico. Ahora, a sus 80 años, se enfrenta a otra petición de 60 años por homicidios políticos y blanqueo de capitales.
En el tiempo de Noriega, se produjeron demasiadas muertes de personalidades políticas que siguen sin aclararse, como la del presidente Torrijos.
Como en otros casos conocidos, Noriega fue un hombre de confianza de la CIA, hasta que decidió ir por libre y le derribaron del poder «por las bravas».
Excéntrico dictador, convirtió Panamá en una base para el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el contrabando. Todo sigue reflejándose en los altos rascacielos, la mayoría semivacíos, sedes oficiales de los más importantes bancos internacionales, en el distrito financiero de la ciudad de Panamá.
Guillermo Endara, ganador de las elecciones generales del 7 de mayo de 1989, cuyo resultado Noriega había declarado suspendido, prestó juramento como Presidente de Panamá, desde la base militar estadounidense de Fuerte Clayton.
Se daba por terminada una dictadura militar iniciada en 1968, desde una base militar estadounidense; todo un ejemplo de democracia e independencia. Comenzaba una democracia vigilada por EEUU, tal y como habían previsto. También quedó abolido el ejército, por si algún panameño tuviera alguna intención de portar armas por o contra la «patria».
Lo cierto es que, según Olmedo Beluche, en su libro La verdad sobre las invasión, «En una sola noche las tropas norteamericanas asesinaron 100 veces más panameños que en 21 años de régimen militar. En una sola semana se hicieron 100 veces más prisioneros políticos que los que hubo durante los 5 años de régimen norieguista».
No podemos creer que los intereses comerciales, económicos o de seguridad del Canal no estuvieran presentes en los análisis elaborados desde el ala oeste de The White House o en la Central Intelligence Agency (CIA) en Langley, cuyo director había sido, precisamente, el invasor presidente Bush padre unos años antes. Sus anhelos y respeto por los derechos humanos, como nos tienen acostumbrados, se tradujeron en vigilancia militar, humillación a la ciudadanía y terror psicológico.
Las consecuencias de la invasión: civiles asesinados, desastre económico duradero y caos social. Pasada la transición, todavía persiste una «cláusula de neutralidad», que ha permitido a EEUU «garantizar el libre paso y la seguridad por el Canal», algo que debía haberse eliminado, puesto que significa una auténtica injerencia extranjera en un país, supuestamente libre, por intereses económicos.
Ahora el gobierno de Panamá, deberían prestar atención a los negocios de la empresa española Sacyr, que opera en las obras de ampliación del Canal, no vaya a ser que su economía se resienta y se vaya por algún sumidero.
«No fue un uso de la fuerza justo», dice Eytan Gilboa. La invasión podría haberse evitado con una diplomacia efectiva y sincera para evitar la masacre que se produjo. Hubo un despliegue de fuerza desproporcionado, excesivos daños y bajas de civiles e incumplimiento de las leyes internacionales de guerra —que ya conocemos lo justas que son—.
Veinticinco años después sigue sin haber una cifra oficial de víctimas.
El presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, Peter Hakim, asegura que en Panamá fue «la primera vez y quizá la única, en que EEUU ha atribuido a las drogas el motivo de una intervención militar». Pero no fue por esto, sabemos que no fue por esto.
La potencia colonizadora desató una invasión ilegal y desproporcionada. Los invasores patrullaban con sofisticado armamento y vehículos blindados día y noche, mientras los helicópteros sobrevolaban, voceando, exigiendo que los defensores ciudadanos se entregaran.
«Nunca olvidaré el acento puertorriqueño de aquella voz, que advertía que debíamos entregar a hermanos, esposo, padre y gente de los batallones».
Me contaron que en La Chorrera, distrito de la provincia de Panamá Oeste, hubo muertos y desaparecidos y que los invasores quemaron el cuartel de la policía, persiguieron a sus agentes, así como a los miembros de los «batallones de la dignidad» que se crearon en defensa de Panamá.
«Ubicaron una base de patrullaje con tanquetas cerca de mi casa», me contaba Nidia Martínez Torres, abogada, «ciudadana común y corriente», hoy presidenta del CEALP, organización no gubernamental, defensora de los Derechos Humanos, que hoy en su lucha «ni olvida ni perdona».
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha anunciado que creará una comisión de la verdad, para investigar «todo lo relacionado» con los muertos y desaparecidos durante la invasión, con el objetivo de «sanar las heridas y la reconciliación del país».
Un cuarto de siglo después de la invasión, no hay cifras oficiales de las víctimas que provocó.
Las ONGs panameñas cifran entre 2.000 y 7.000 muertos, entre soldados de las Fuerzas de Defensa de Panamá y la población civil. El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, fijó en 314 militares panameños muertos, 202 civiles y 23 soldados estadounidenses. Naciones Unidas asegura que murieron 500 personas. «Muertos fueron miles y los desplazados, decenas de miles, dice Greg Grandin.
Es necesario que resplandezca la verdad, se haga justicia y se repare a las víctimas.
Oficialmente, solo en barrio de El Chorrillo, donde se encontraba el Cuartel Central de Noriega, más de 20.000 personas perdieron sus bienes y pertenencias.
La invasión causó daños materiales por la acción militar, una grave crisis económica, desabastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad y un nuevo régimen político.
El barrio del Chorrillo, fue destruido casi en su totalidad. Las víctimas exigen que Washington «reconozca la invasión, indemnice al país y diga dónde se encuentran las fosas comunes».
También quieren declarar el 20 de diciembre como día de duelo nacional.
La invasión permitió al imperialismo norteamericano reimplantar el régimen tutelado y oligárquico que imperaba antes del 68. Establecieron bases militares —disfrazadas para combatir las drogas—.
Después impusieron acuerdos de seguridad más sutiles. «La invasión hizo posible mediatizar el triunfo de aquel 9 de Enero, con un Título Constitucional y una Ley Orgánica, que convirtió a la Autoridad del Canal de Panamá, en una entidad controlada por la oligarquía, que no luchó por la soberanía y de la que el pueblo quedó excluido, hasta ahora», dice Olmedo Beluche, profesor de sociología de la Universidad de Panamá e integrante del Movimiento Popular Unificado.
El 9 de Enero de 1968 marcó un punto de inflexión, recuperado hoy. Fue una verdadera revolución popular, contra el sueño de riquezas que la oligarquía panameña, que se decía independiente, permitieron el establecimiento de un «protectorado», una colonia norteamericana, que entregó el Canal a EEUU.
Según Olmedo Beluche, en 1964, eclosionó la experiencia acumulada del pueblo panameño, dirigida por los sectores más combativos, que se enfrentaron a la presencia colonial imperialista. La invasión del 89, precisamente, pretendió retornar a los momentos anteriores a 1968.
En una noche oscura, aviones fantasmas iluminaron Panamá. La invasión daba comienzo. Transcurridos 25 años desde la penúltima intervención militar de EEUU en América Latina y el Caribe —la última fue en Haití en 1994—, la oscuridad predomina sobre aquellos acontecimientos.
Ahora el gobierno panameño pretende darlos luz. Con la invasión se derrocó al régimen militar de Noriega, que se había acercado al poder, mediante un golpe de estado contra el presidente Arnulfo Arias, propiciado por Torrijos.
En 1968, Noriega formaba parte de la guardia nacional. Pero la invasión no fue para deponer a un dictador e implantar la democracia, sino para defender los intereses representados en el Canal, los de la oligarquía económica panameña y los geoestratégicos norteamericanos.
EEUU sigue patrullando las costas del litoral, bajo «supuestos» acuerdos entre Estados, para el control de las drogas.
Recientemente se ha producido el asesinato de una mujer panameña a manos de un militar norteamericano, protegido por inmunidad diplomática, que le permite ser procesado y juzgado en EEUU, sin que las autoridades panameñas ni los familiares de la víctima participen como parte del proceso, motivo para cuestionar los hilos del poder que aún mantienen.
La oscuridad sobre el día de la invasión sigue reinando entre la ciudadanía de bien.
Cuando muera, necesitaré «dos ataúdes: uno para mi cuerpo y otro para mi indignación» dice Nidia Martínez Torres.
San Miguelito y la ciudad de Colón fueron bombardeados intensamente, como El Chorrillo, donde se produjeron combates y muertos civiles. Miembros del Batallón Panamá 2000 y batallones de la dignidad, así como algunos miembros de las fuerzas de defensas, estuvieron presos, algunos hasta tres meses, «a sol, insultados y humillados».
Con mis 25 años de entonces «supe lo que es estar en un estado de sitio y en una guerra. Ni olvido ni Perdón», dice la presidenta del Centro de Asistencia Legal Popular.
«¿Y ese convoy de muertos refrigerados hacia dónde se dirige?
¿Por qué esta desaparición subrepticia de cadáveres?
¿Qué ocultaban con esta felonía?
¿De verdad creerán que han borrado las huellas del crimen?», dice Manuel Orestes Nieto en su poema Las Huellas, que se recoge en Memoria de la invasión.
Preguntas que quedaron sin respuesta y que alguien tendrá que responder algún día. Algunas dan Pedro Rivera y Fernando Martínez en El libro de la invasión, muy recomendable por cierto.
El pueblo panameño sigue sufriendo humillación. Se incumplen los acuerdos sobre «limpieza de las áreas y polígonos contaminados por munición militar», así como sobre las ayudas a las sobrevivientes y familiares de las víctimas, cuyos daños «no han sido reparados, indemnizados y nunca han recibido una disculpa pública».
Algo así como en España con la memoria histórica y las víctimas del franquismo.
Si el 9 de Enero se conmemora la revolución popular, que puso fin a la colonización de la Zona del Canal, la desaparición de las bases militares y el traspaso de la administración a Panamá, el 20 de diciembre ha de ser un día de duelo nacional, por la libertad y la democracia.
Los efectos de la invasión llegan hasta hoy. Ahora con la bonanza económica, como consecuencia de la devolución de la administración del Canal en favor de los intereses panameños.
La democracia, la independencia y la libertad, tienen estas cosas: hacen que el bienestar se deje sentir entre la población.
