Manuel Aguilar Mora//
En la noche de ayer y en la madrugada de hoy sucedieron dos acontecimientos consecutivos que muestran cada una a su peculiar manera las dimensiones que está tomando la crisis desatada con motivo de la masacre de Iguala.
Una manifestación de las decenas que se realizan en el país y en el mundo entero, finalizó en el Zócalo y un grupo de jóvenes anarquistas al grito de “¿Cuál pacifismo? ¿Cuál no violencia? ¡Acción directa y resistencia!”, se desprendió del grueso del contingente y prendió fuego a la puerta principal del Palacio Nacional, sede oficial del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien dos horas después a la una de la mañana y a pesar que algunos diputados y senadores le exigían que suspendiera el viaje, despegaba del aeropuerto de la ciudad de México con destino a China.
De esta manera se está acelerando la crisis que en el lapso de unos cuantos días escaló a niveles que están transformando al país. Hoy México es muy diferente al país que existía antes de ese fatídico 26 de septiembre cuando fueron asesinadas seis personas (entre ellos tres estudiantes normalistas) y 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero desaparecidos.
El incendio de la puerta del Palacio Nacional ocurrió precisamente 43 días después de esos macabros acontecimientos, marcando a su modo el tránsito que tiene lugar hacia tiempos más complejos en los que sólo hay una cosa segura: grandes sectores populares están madurando y entrando a uno de los momentos más decisivos de su historia porque a ojos vista de los mexicanos y mexicanas y del mundo entero el régimen político priista y de sus aliados el PAN y el PRD se encamina hacia una terrible crisis terminal.
“Asesinados, quemados y sus cenizas arrojadas al río”
El 7 de noviembre Jesús Murillo Karam, el procurador general de la República anunció a una expectante nación que esperaba un primer informe oficial de lo sucedido, “en lo que va de nuestras investigaciones, las más importantes en décadas, pero que no son las definitivas (¡!sic¡!)” se ha encontrado que los 43 estudiantes fueron asesinados a sangre fría, quemados sus cuerpos en una pira humana y sus cenizas arrojadas en bolsas de plástico al río San Juan en un paraje apartado localizado en la semijungla entre Iguala y Cocula.
Los autores de tamaña atrocidad habrían sido sicarios de la banda de Guerreros Unidos, con la cual estaban vinculados el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa.
Negando rotundamente que se tratara de un crimen de Estado Murillo Karam presentó como “pruebas” los testimonios de tres jóvenes sicarios, típicos representantes de los cientos de miles de jóvenes desempleados del campo y las ciudades que son los reclutas naturales de las bandas de los narcos.
La banalidad de su argumentación se hizo evidente: ¿cómo tres jóvenes como ellos y algunos otros parecidos a ellos pudieron realizar tamaña salvajada durante horas y horas sin que nadie los molestara controlando a 43 estudiantes activistas fuertes y dinámicos cuya valentía y músculo eran notorios?
Durante la conferencia el procurador Murillo, en forma característica de la soberbia de los altos funcionarios del gobierno peñista, contestó displicente y hasta groseramente las numerosas preguntas que le dirigieron los también numerosos periodistas nacionales y extranjeros presentes.
Pero Murillo mismo cometió varios lapsus que mostraron ante los millones de espectadores que estaban pegados a las pantallas televisivas las incongruencias de la intervención del gobierno mexicano.
En una ocasión dijo que “Iguala no era el Estado”, siendo así evidente que para los altos funcionarios existen espacios enteros del país en los cuales la vigilancia y la seguridad federales no existen.
Y el otro desliz fulminante fue su comentario, casi al final de la conferencia, cuando declaró “yo ya me cansé”. Inmediatamente la frase ha inundado las redes y es materia de comentarios en todo lugar:”si ya te cansaste, vete”, “Peña ¿también tu te cansaste? pues vete”, “los mexicanos estamos cansados hasta la madre del gobierno de ustedes”, y así por el estilo muchas otras variaciones.
Los padres y familiares de los normalistas desaparecidos inmediatamente respondieron a las declaraciones de Murillo Karam en una conferencia realizada también ante la prensa nacional e internacional en la normal de Ayotzinapa, en el corazón de Guerrero.
No podían aceptar la versión del gobierno que niega rotundamente que se trate de un crimen de estado.
Dijeron que “el gobierno los seguía torturando” insistiendo en su versión de la muerte de sus hijos y que ellos no concedían ningún valor a las indagaciones gubernamentales mientras los forenses argentinos no den sus resultados y se llame a agencias extranjeras a asistir como coparticipes en todas las investigaciones.
Lo mismo ya lo habían dicho dos días antes desde el templete frente al Palacio Nacional ante las decenas de miles de asistentes que llenaban el Zócalo.
EN SÍNTESIS NO CONFÍAN PARA NADA EN EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO.
El rostro macabro de un régimen bárbaro que opera con la más absoluta impunidad está saliendo a relucir ante la toda la nación y el mundo entero a pesar de los esfuerzos diplomáticos del gobierno por impedirlo.
El secretario de Hacienda, Videgaray Caso, posiblemente el más poderoso del gabinete de Peña Nieto, aceptó días antes en una reunión con empresarios que lo que está sucediendo en Guerrero y en el país en su conjunto ha afectado negativamente la imagen de México al nivel internacional. Por ejemplo.
El turismo, actividad económica central del puerto de Acapulco, la ciudad más poblada de Guerrero, se ha desplomado hasta niveles nunca antes vistos.
El 4 de noviembre el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, se habrían entregado a la policía “cansados de estar huyendo” según informaron los medios habría dicho Abarca. Las autoridades concedieron a este hecho una gran importancia recalcada por el propio Peña Nieto.
Pero extrañamente se añadió que Abarca habiéndose rehusado a declarar, fue confinado a una prisión de “alta seguridad” mientras que su mujer sería “arraigada” durante 40 días.
Todo indica que las autoridades buscan colocar al ex alcalde como el chivo expiatorio principal del crimen.
Otra gran movilización
¡Fuera Peña! Fue una de las consignas más gritadas durante la gran manifestación del 5 de noviembre que inundó, por tercera ocasión en menos de un mes, el centro histórico de la ciudad de México. Las autoridades calcularon en 30 mil los manifestantes y los organizadores en 100 mil.
Ciertamente la cifra real se acercaría más a la segunda estimación que a la primera pues un río de juventud desfiló durante más de tres horas en un recorrido de casi 10 kilómetros que se inició a las 16.00 hrs. en el Auditorio Nacional de Chapultepec en una marcha cuyo destacamento final llegó al Zócalo poco antes de las 20.00 hrs.
Y por supuesto al mismo tiempo se realizaron manifestaciones en demanda de la presentación de los 43 normalistas desaparecidos en otras ciudades de la república.
Juventud, mucha juventud, fue la tónica que caracterizó a la abrumadora mayoría de los participantes, igual que en las ocasiones anteriores. Grandes destacamentos de estudiantes de las universidades e instituciones de educación media y superior públicas y privadas de la ciudad de México, en paro durante 72 horas, acompañadas de los padres de los desaparecidos, de grupos de estudiantes de Ayotzinapa y de otros centros educativos del estado de México.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” fue el grito más oído acompañado cada vez más frecuentemente con el de “¡Fuera Peña!”
La impunidad como regla
La crisis se va desarrollando imparable sometiendo tanto a las autoridades como al pueblo encolerizado a la potencia implacable de sus contradicciones cada vez más agudas y explosivas.
Los padres de los desaparecidos fueron nuevamente los oradores principales del acto central desarrollado en la atestada plaza del Zócalo.
Son ellos los primeros que expresaron la idea que se ha desparramado como pólvora: “si Peña no puede hallar a nuestros hijos, que se vaya”.
Eso mismo se lo habían dicho en su cara al propio presidente en la reunión de más de cinco horas que días antes tuvieron en Los Pinos con él.
Miles, cientos de miles se han hecho eco de esta consigna.
Tanto es así que también López Obrador (AMLO) no tardó en incluirla en sus diarios discursos en las plazas de las ciudades que visita en su interminable campaña que ha emprendido para ser por tercera ocasión candidato presidencial del nuevo partido Morena en el 2018.
Es evidente que la versión oficial expuesta por Murillo Karam deja multitud de cabos sueltos y refuta el cargo principal que desde las calles se le lanza al gobierno de que se trata de un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado.
Sin embargo, los propios dichos del procurador involuntariamente apuntan a situaciones que evidencian situaciones que comprometen por completo al gobierno.
Por ejemplo, el desliz que cometió cuando una periodista le preguntó por el papel del ejército. Su respuesta fue absolutamente increíble: “el ejército sólo se mueve con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido?
¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!” Esta respuesta es falsa pues los militares sí intervinieron con motivo de las consecuencias de la primera balacera; los testigos indican que se presentaron en el hospital en donde habían sido llevados los heridos, registraron a los estudiantes, los regañaron, los amenazaron con entregarlos a los municipales, retirándose después sin explicar nada no sin antes decirles el oficial al mando:
“El Ejército ya tomó la zona, ya están seguros(¡sic!)”.
Alguien les dio “esas órdenes precisas” y también no les dió órdenes de intervenir ante el secuestro de los 43 literalmente efectuado en sus narices.
Todo este asunto del papel del ejército en la masacre de Iguala está absolutamente sin dilucidar y constituye uno de los más evidentes lagunas del informe oficial de Murillo.
Si se sabe que Guerrero es uno de los estados de la república en donde la presencia militar es más notoria y decisiva desde hace décadas, es evidente que hay un objetivo subyacente de ocultar el verdadero papel de complicidad ya sea por omisión o comisión de los militares en los sucesos igualtecos de la noche del 26-27 de septiembre.
No es posible considerar como creíble un informe basado en las declaraciones de tres jóvenes sicarios de los Guerreros Unidos, evidentemente comandados por los auténticos autores intelectuales y materiales que permanecen protegidos en la sombra, que no toca ni por acaso las verdaderas razones y objetivos de la atrocidad cometida contra los 43 normalistas, razones y objetivos que sólo pueden ser concebibles en los despachos de las autoridades gubernamentales policiacas y militares.
“Fue el Estado” es la otra frase que se grita, se pinta en los muros y se publica en las redes sociales y en los miles de volantes y folletos que circulan ya por todo el país.
La consciencia de que sólo el aparato monstruoso de represión y enajenación que es el Estado, con sus múltiples agencias políticas y militares, puede producir o proteger y ser cómplice de tamañas atrocidades está grabándose y cauterizando las mentes de millones de mexicanos.
Ya en algunos comentarios se vincula lo sucedido en la masacre de Iguala y la situación de varias regiones del país en donde bandas como la de Guerreros Unidos, “un cuasi estado sin estado”, operan sembrando el terror, matando civiles inocentes, precisamente para garantizar la dominación y el sometimiento de la sociedad, con las atrocidades del Estado Islámico cometidas en Siria, Irak y otras regiones del Medio Oriente.
Los observadores de las organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales por igual lo señalan una y otra vez: el Estado mexicano comete atrocidades que permanecen impunes, por lo cual no hay ninguna garantía para impedir que lo ocurrido en Iguala no se repita como tampoco se repita lo sucedido en Tlatlaya, en El Charco, en Aguas Blancas, en Acteal en una lista de horrores que va hasta Tlatelolco en 1968, sólo para nombrar los momentos más conocidos de este rosario de impunidad.
Por ejemplo, una delegación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (el Frayba) de Chiapas que viaja estos días por España, Italia entre otros países europeos, reiteró la preocupante y peligrosa complicidad de los militares con el crimen organizado, lo cual está conduciendo a “un vacío de autoridad en la república”.
El director de la sección mexicana de la Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, después de un viaje a Iguala y a otros lugares de Guerrero vinculó explícitamente los acontecimientos en ese estado con lo sucedido en Tlatelolco en 1968.
Declaró: “La explicación de lo ocurrido en Iguala la encontramos en la regla de impunidad que prima en México desde hace muchos años, desde 1968, regla que consiste en que cuando agentes del Estado cometen atrocidades, los hechos no son objeto de investigaciones rigurosas, ejemplares e imparciales. La regla en México es la impunidad, no la excepción.” (La Jornada, 06.11.14).
¿Hacia dónde?
Casi un siglo de la hegemonía dominante priista y a partir del surgimiento del PRD en 1989, la renovación de las políticas conciliadoras típicas del frentepopulismo produjeron la sequía en los viveros auténticamente revolucionarios.
Durante años los espacios de la izquierda verdaderamente socialista e independiente fueron páramos minoritarios. Igualmente el férreo control corporativo ha impedido el mínimo accionar independiente y democrático de las organizaciones populares, en especial de los sindicatos, ya de por sí muy mermados por la crisis económica.
La derrota fulminante en 2009, sin una verdadera batalla de su parte por su dirección burocrática, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el sindicato insignia del movimiento de resistencia contra la política antiobrera y privatizadora de los gobiernos tanto priistas como panistas, dejo muy malherido al movimiento de los trabajadores en los últimos años.
Desde la Revolución mexicana no se ha producido una sola huelga general. Los paros realizados han sido de los sectores movilizados de maestros y estudiantes.
La clase obrera ha estado prácticamente ausente en su mayoría de las luchas de los últimos treinta años.
Una gran tarea de organización y conscientización se perfila para el próximo futuro.
Es una tarea ciclópea pero absolutamente ineludible. Mas el ritmo con el cual se está desarrollando la crisis es un factor que también tendrá consecuencias políticas e ideológicas en el seno de las grandes masas, como siempre ha sucedido. En 1994 el estallido súbito de la insurrección neozapatista del EZLN mostró como los impactos de luchas verdaderamente independientes pueden reanimar y promover radicalizaciones y movilizaciones masivas.
La aceleración de la crisis iniciada hace un mes y medio ya ha producido cierto innegable desconcierto entre los grupos gobernantes.
El caso del PRD es el más evidente, prácticamente se ha desfondado. Sus dirigentes son abucheados y su situación ha provocado que la dirección de los Chuchos “ se considere víctima de linchamientos” (sic). El PAN se ha mantenido marginado, prácticamente nulificado por su derrota política y electoral de 2012. El PRI, el más fuerte y cínico no parece calibrar bien el momento actual y su dirección da la impresión de haber adquirido el síndrome de los grupos gobernantes que al borde del precipicio creen que todo sigue como siempre.
¿Cómo si no explicar la decisión de Peña Nieto de mantener vigente una gira a China y a Australia, que ha iniciado hoy mismo, a pesar de que deja un país inmerso en una situación de tensión y malestar crecientes? Lo más que aceptó hacer es cortarla de diez días a una semana.
De hecho el autismo político de Peña Nieto es la expresión de un profundo alejamiento de los conflictos que aquejan a la sociedad por parte de toda la casta privilegiada del personal dirigente del gobierno que él encabeza.
Se ha ido a China y desde el 26 de septiembre no se ha apersonado en Iguala, ni en un solo lugar de Guerrero.
Durante el primer periodo de su gobierno, con la aprobación de las reformas estructurales de la tercera generación en materias energética, educativa y laboral, Peña Nieto estaba en su elemento: quedar bien, en excelente términos, con los capitalistas nacionales y extranjeros. Todo parecía ir viento en popa.
El gran frentazo de Iguala lo ha dañado tan duro que Forbes lo ha bajado este año en más de veinte puestos en su lista de los 72 personajes más importantes del mundo.
En cambio su compatriota, el multimillonario Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, se mantiene entre los quince primeros personajes de tal lista.
En los acontecimientos actuales se ha repetido una característica de la movilización popular desde hace más de medio siglo: los estudiantes, las poblaciones masivas de las instituciones de educación media y superior se han convertido en la vanguardia de las movilizaciones.
Los maestros, en especial los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han respondido tocados sensiblemente por la embestida mortal contra sus colegas juveniles de las normales rurales pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), entre las cuales la de Ayotzinapa es sin duda la de mayor rango revolucionario como lo demuestra su historial. Lucio Cabañas y una pléyade de luchadores guerrilleros y de todo tipo han salido de sus aulas.
El papel de estas escuelas es clave en lo que puede definirse como una dirección de este caótico y multitudinario despertar masivo.
Lo mismo se puede decir de los familiares de los desaparecidos que hasta hoy se han comportado a la altura de las circunstancias.
La frustración que cunde en el seno de algunos sectores de maestros y trabajadores, así como en algunos estudiantiles ya está produciendo sus estallidos desesperados, como bien lo indica la quema de la puerta principal del Palacio Nacional cuyas consecuencias políticas con respecto a la movilización de las grandes masas son nulas e incluso negativas.
En cambio la derecha se mueve a gusto cuando ocurre ese caos de violencia sin sentido, incluso la llega usar como abierta instrumento de abierta provocación. El gobierno de Peña Nieto ha usado ya en varias ocasiones las provocaciones como justificaciones para ejercer grandes represiones.
El régimen estatal político vigente desde hace un siglo, con sus actuales estructuras electoral, judicial y administrativa, basado en un partido hegemónico PRI que es acompañado por los dos partidos aliados gobernantes PAN y PRD, está en crisis y es irreformable.
La corrupción, la represión, los privilegios, los vínculos determinantes con el gran capital nacional e imperialista hacen de los diputados, senadores, jueces, altos funcionarios y oficiales militares una casta absolutamente impermeable a un verdadero cambio democrático.
Son el freno estructural que impide el avance del pueblo mexicano hacia el nivel superior de su historia: una sociedad más próspera, democrática, igualitaria e internacionalista. Representan el mejor argumento existente para la justificación de una ruptura política radical, hacia la instauración de un gobierno auténticamente democrático, independiente y revolucionario que no puede ser sino socialista (no sociademócrata).
El camino que se abre ante este gran movimiento de masas que despierta en todo el país desde hace un mes y medio, ya no sólo en el centro y en el sur, regiones en donde ha existido tradicionalmente con mayor vigor la resistencia democrática e incluso revolucionaria, sino en el amplio norte más conservador, es el de la organización de efectivas y contundentes acciones de masas.
Ya se anuncia la organización de un paro nacional para el 20 de noviembre, fecha conmemorativa del inicio de la Revolución mexicana.
Fue en diciembre de 1914, hace cien años, cuando los victoriosos campesinos y trabajadores comandados por Villa y Zapata entraron a la ciudad de México y cuando ambos caudillos fueron fotografiados sentados en la silla presidencial del Palacio Nacional, una de las fotografías más famosas que plasmó para siempre ese momento, el más alto al que llegó la Revolución mexicana .
La autoorganización desde abajo, en comités de lugar de trabajo, de estudio, de comercio, de barrio, de colonia y su coordinación municipal y delegacional, regional y finalmente nacional de movilizaciones masivas es la fórmula para lograr el surgimiento de un poder realmente popular independiente y democrático cuyo objetivo central es construir un nuevo gobierno, un gobierno alternativo que sólo puede ser el de los trabajadores de la ciudad y el campo: un gobierno obrero, campesino, indígena y popular.
