El de normalistas es uno de los colectivos de estudiantes mejor organizados de todo México. De corte socialista y asambleario, el de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, donde recibían formación los 43 alumnos desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, tiene una historia especialmente combativa.
El centro educativo, que recibe estudiantes de las zonas más pobres del país y que opera en régimen de internado, se describe como una institución “formadora de hombres libres, íntegros, dignos representantes de la carrera magisterial".
La definición de normalista no es otra que la de estudiante de magisterio, pero en el origen contestario de estas escuelas se encuentra el sentido de un colectivo que ha seguido, con el paso de las décadas, dando la batalla a los sucesivos gobiernos mexicanos.
En la actualidad, los normalistas de Ayotzinapa realizan con relativa frecuencia protestas, bloqueos de calle o retención de autobuses. Para financiar sus actividades (desplazamientos o comida de los alumnos que hacen sus prácticas en comunidades más alejadas) es común verlos en los peajes de las autopistas con el rostro cubierto, hucha en mano, pidiendo una contribución a los conductores.
Las escuelas normales, los centros educativos que imparten la licenciatura de Magisterio, nacieron con la Revolución Mexicana (1910), cuando el país era todavía una sociedad fundamentalmente campesina.
José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ministro de Educación entre 1921 y 1924, emprendió una cruzada por la educación basada en los maestros rurales, a quienes eligió como figura para expandir el espíritu de la revolución. “Se pretendía dar a los mexicanos sentido de país.
El maestro enseñaba lo mismo a leer y a escribir que a hacer jabón o carpintería”, explica el historiador y académico Lorenzo Meyer. “Fue un periodo difícil, en los años veinte los maestros lo pasaron mal, los cristeros no los aceptaban y acabaron matando o mutilando a muchos”.
El problema llegó cuando México dejó de ser rural y el Gobierno revolucionario. “Estas escuelas tenían una visión de izquierdas, radical, así que quisieron cerrarlas, pero no era una tarea sencilla, porque también representaban la única oportunidad para la gente del campo”.
De la normal Raúl Isidro Burgos emergieron dos grandes líderes guerrilleros de los años sesenta y setenta del siglo pasado: Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, a quienes aún hoy los alumnos veneran.
Este último, que siendo maestro organizaba y asesoraba a los campesinos acerca de sus derechos, fundó el grupo armado Partido de los Pobres. El Estado de Guerrero fue víctima de la represión militar y política durante la llamada Guerra Sucia (décadas de los sesenta y setenta) y todavía hoy, en la sierra, se encuentran algunos de los municipios con menor índice de desarrollo humano de todo el país.
En 2013, la aprobación de la reforma educativa propuesta por el Gobierno mafioso del PRI de Peña Nieto, que entre otras medidas introducía un sistema periódico de evaluación para los maestros, provocó la rebelión y las protestas (estudiantes y docentes), que con especial virulencia en Guerrero, se echó a la calle en varios Estados del sur de la República.
“La ausencia de garantías para la transparencia en los procesos de adjudicación era uno de los principales reclamos de los normalistas en las movilizaciones", explica la maestra del Instituto Politécnico Nacional María Eugenia Flores.
Debilitado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el mayor de América Latina, tras la captura de su líder, Elba Esther Gordillo, la protesta fue dirigida por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La reforma se aprobó por imposición del PRI contra comunidad educativa.
Históricamente, un normalista que entraba en una escuela pública después de cursar la secundaria, al terminar su formación de cuatro años obtenía un puesto de trabajo de forma automática. Ahora las plazas salen a concurso. "Antes había mucha concurrencia para poder obtener una plaza, ahora el nivel es más bajo", señala Flores.
En la última semana a los normalistas de Ayotzinapa se han unido compañeros de Michoacán y de otros estados mexicanos en las protestas para denunciar la complicidad del estado en la desaparición de los estudiantes y los nexos con el narcotráfico.
La rebelión y movilización de los estudiantes contrasta con el mutismo de las autoridades, que hasta la fecha, cínicamente dicen desconocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
