En las elecciones intermedias de Estados Unidos, el pueblo más espiado y encarcelado del mundo, que padece la mayor desigualdad económica desde la gran depresión, ejercerá su libertad fundamental del voto y casi nada cambiará a nivel nacional.
En las elecciones convocadas para el 4 de noviembre, técnicamente está en juego toda la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, además de algunas gubernaturas estatales (las dos más importantes, Florida y Texas).
En los hechos, casi todos los que ocupan curules en el Congreso serán relectos, a pesar de que el Poder Legislativo registra el índice de aprobación más bajo en tiempos modernos –13.4 por ciento (promedio de las principales encuestas)– y está por convertirse en la legislatura menos productiva en la historia.
No sólo eso, sino que 68 por ciento de los empadronados dicen que no desean la relección de la mayoría de los legisladores, un índice mucho más elevado que en las últimas dos intermedias, según una encuesta del Centro de Investigación Pew. Aun así, ningún partido cuenta con aprobación mayoritaria de los votantes.
Tal vez por falta de opciones, hay menos interés popular en esta elección intermedia que en las de 2010 y 2006. No se espera una concurrencia masiva a las urnas, algo que tiene que ver con el creciente desencanto con Washington y sus dirigentes.
De hecho, seis de cada diez estadunidenses dicen que no pueden confiar en que el gobierno federal haga lo correcto, y casi siete de cada 10 creen que el país avanza sobre un carril equivocado, según encuesta del Washington Post/ABC News presentada hoy.
La contienda intermedia será la más cara en la historia, con un gasto total de casi 4 mil millones de dólares, según el Center for Responsive Politics, más del doble que hace 10 años. Cada vez más de ese dinero –en esta ocasión unos 900 millones de dólares– proviene de fuentes multimillonarias vía organizaciones privadas que supuestamente operan de manera independiente de los partidos, pero que influyen cada vez más en las contiendas electorales.
La gran batalla entre los dos partidos nacionales se centra en el control del Senado. Los republicanos, según los principales modelos de pronóstico, tienen una buena posibilidad de derrocar a los demócratas y conquistar la mayoría del Senado.
Para lograrlo necesitan agregar seis curules a su total actual de 45 (los demócratas hoy tienen 55). Tres de ellos, según encuestas, están en contiendas donde son fuertemente favoritos y tienen buenas posibilidades para obtener hasta siete curules actualmente ocupadas por demócratas. Sin embargo, en tres estados batallarán para mantener sus curules.
Nadie espera que los republicanos pierdan su amplia mayoría en la Cámara de Representantes.
Si los republicanos logran sus objetivos, eso implicaría que en sus dos últimos años como presidente Barack Obama gobernará con un Poder Legislativo controlado por la oposición, lo que promete la continuación del estancamiento político en que ha vivido Washington durante los últimos años con un Congreso dividido.
De hecho, los republicanos han buscado hacer que las elecciones intermedias sean percibidas en gran medida como un referendo contra la gestión de Obama, y explotan el declive de su aprobación pública –de sólo 43 por ciento en la encuesta del Post divulgada hoy, más o menos igual que otras en días recientes– y una coyuntura en la que se han combinado una serie de crisis tanto en el plano nacional como internacional, entre estas el ébola, el inicio de nuevas acciones bélicas en Medio Oriente y una economía aún anémica.
Los demócratas han ayudado en esa labor al distanciarse de su propio presidente. Obama ha sido casi designado persona non grata en esta elección. Varios de los candidatos legislativos demócratas han solicitado explícitamente que el presidente no participe públicamente en sus campañas, y la candidata demócrata al Senado por Kentucky, Alison Lundergan Grimes, ha rehusado revelar si votó o no por él en las pasadas elecciones presidenciales.
Peor aún, en las últimas semanas, ex integrantes de su gabinete han decidido expresar críticas hacia el presidente en libros y entrevistas, entre ellos Hillary Clinton, su ex secretaria de Estado, y Leon Panetta, su ex secretario de Defensa.
Todo eso podría deprimir aún más el voto de las bases más leales al presidente. Pero Obama también ha contribuido a ello, sobre todo con los latinos, al posponer –por motivos electorales– su promesa de emitir una orden ejecutiva para otorgar protecciones temporales contra la deportaciones de millones de indocumentados.
Entre el desencanto, la sensación de que el país va por un rumbo equivocado, que los grandes temas que afectan a las mayorías no parecen ser prioritarios para sus representantes y el cada vez más abierto poder del dinero en el proceso electoral, todo promete sólo más de lo mismo.
