Una antigua prostituta fue expulsada de una comisión del Senado canadiense después de amenazar con revelar los nombres de políticos canadienses que utilizan los servicios de prostitutas.
Terri-Jean Bedford, una conocida activista de los derechos de las prostitutas en Canadá, testificó ante la comisión del Senado canadiense que estudia un proyecto de ley sobre prostitución que ha sido criticado por juristas y organizaciones de defensa de las trabajadoras del sexo.
“Si esta ley es aprobada, voy a hacer que se olviden de Mike Duffy, porque tengo una gran cantidad de información y pruebas sobre políticos en este país. Lo prometo”, dijo al comité Bedford, quien se opone al proyecto de ley del Gobierno conservador canadiense.
Duffy es un senador conservador que está siendo investigado por aceptar dinero del exjefe de gabinete del primer ministro canadiense, Stephen Harper, y defraudar al erario público.
La activista continuó su testimonio atacando al proyecto de ley y a los senadores que propusieron despenalizar a las prostitutas, pero ilegalizar la compra de servicios sexuales.
Tras recordar que ya derrotó al Gobierno canadiense en diciembre, cuando el Tribunal Supremo del país le dio la razón y declaró las leyes existentes sobre prostitución anticonstitucionales, Bedford solicitó más tiempo para explicar su posición.
La mujer protestó porque no se le permitió seguir hablando.
“Después de 30 años de leyes abusivas se me debería permitir al menos cinco minutos para hablar. Le dan palmadas a todo pero cuando saben que tengo algo explosivo me quieren evitar a cualquier coste”, soltó Bedford.
En ese momento, el presidente de la comisión, el senador conservador Bob Runciman, retiró la palabra a Bedford y suspendió la comisión.
En diciembre de 2013, el Tribunal Supremo canadiense dijo que las leyes sobre prostitución del país son anticonstitucionales porque ponen en peligro la vida de las trabajadoras sexuales al obligarlas a operar sin seguridad.
En respuesta, el Gobierno del primer ministro, el conservador Stephen Harper, presentó un proyecto de ley que, aunque despenaliza a las prostitutas, ilegaliza la compra de servicios sexuales.
Juristas y activistas han manifestado que, de aprobarse el proyecto de ley, las trabajadoras del sexo se verán obligadas de nuevo a trabajar en la clandestinidad, lo que incrementará los peligros a los que se enfrentan.
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