Ochenta y siete niños, niñas y jóvenes menores de 23 años fueron asesinados o ejecutados en el mes de julio revela este miércoles el informe de la organización defensora de los derechos de la niñez Casa Alianza.
A su criterio existe “una clara denuncia que el sistema ha fracasado en cuanto a brindar protección y oportunidades de desarrollo a la niñez; aunque si ha tenido éxito para llenar de riquezas a quienes se lucran del negocio de la violencia en Honduras”.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras de Casa Alianza, se registró un total de 87 muertes violentas de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en Honduras, de los cuales, 68 corresponden al sexo masculino y 19 al sexo femenino.
En un comunicado público, Casa Alianza manifestó que “pareciera que Honduras está a la merced de un desgobierno que no encuentra o no puede encontrar la forma de recomponer su rumbo”, por lo que instó al actual gobierno para que “haga un alto responsable, que replantee su estrategia de gobierno en general y de seguridad en particular desde una perspectiva de seguridad humana y ponga fin a la matanza de niños y niñas en Honduras”.
De acuerdo con el informe, la principal causa de las muertes violentas durante julio fue el arma de fuego, con el 73% de los casos, luego las provocadas por asfixia con el 10% y las provocadas por heridas de arma blanca, con el 4%.
Igualmente, señalaron que en lo que respecta a las edades, entre los 0 y 17 años se reportaron un total de 26 víctimas y entre los 18 y 23 años un total de 61 muertes, mientras que para el grupo de edad entre los 0 y 17 años, las víctimas de sexo masculino fueron 15 y las de sexo femenino 11. En las edades entre 18 y 23 años, las muertes de sexo masculino fueron 53 y de sexo femenino, se registraron un total de 8 casos.
Si se compara el registro de muertes de junio (79 casos), con las de julio (87 casos), se constata que hay un incremento de 8 casos. Las muertes violentas de menores de 17 años se redujeron en 6 casos, mientras que las muertes de jóvenes entre los 18 y los 23 años aumentaron en 14 casos con respecto al mes anterior.
Dos departamentos concentran los casos
Los departamentos del país en los que se registró un mayor número de ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas de menores de 23 años son Francisco Morazán con 35 casos y Cortés con 30 casos, concentrando entre los dos departamentos el 76% a nivel nacional.
Los municipios que presentan la mayor cantidad de casos de muertes violentas de menores de 23 años son el Distrito Central con 32 casos, seguido por San Pedro Sula con 20 casos. De los 87 casos registrados en julio, la principal causa de muerte es la provocada por heridas de bala (arma de fuego) con el 67% de los casos, luego las muertes ocasionadas por asfixia, con 15% y las muertes provocadas por arma blanca, con el 2%.
Es importante resaltar que se evidencia un incremento de casos en los cuales se encuentran los cuerpos con señales de tortura previa a la ejecución, dentro de sacos, bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltos en sábanas y las víctimas son estranguladas hasta la muerte. Durante julio también se presentaron casos de ejecuciones en grupo, donde dos o más jóvenes fueron asesinados, ya sea que hayan sido raptados y llevados a zonas retiradas de la ciudad o en las calles de los barrios y colonias, en canchas de futbol e incluso dentro de sus propias casas.
Sin presuntos responsables
Según la información recopilada durante julio, en el 79% de los casos se desconoce la identidad del responsable de las muertes, lo que significa casi siempre impunidad para los autores materiales. Solamente en un 7 % de los casos se ha identificado a los supuestos responsables. Dentro del restante 14%, se ha vinculado a las muertes, según información proporcionada por testigos y familiares en las respectivas escenas del crimen, a miembros de la Policía Nacional (PN), de las Fuerzas Armadas de Honduras y de maras y/o pandillas.
Según el informe, “existe la percepción en la ciudadanía que la policía de investigación solamente hace la labor de levantar el cuerpo y entregarlo a sus familiares si estos lo reclaman, mientras que la muerte del niño o la niña solamente representa un expediente más en los archivos judiciales”.
Durante los últimos 16 años, particularmente entre febrero de 1998 a julio de 2014 se han registrado en el país 9,641 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años. Este registro se basa solamente en los datos obtenidos mediante el monitoreo de los medios de comunicación escrita del país, por lo que la cifra puede estar muy por debajo de todos los casos que realmente se han sucedido.
En el transcurso de los primeros seis meses de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 527 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país. Al calcular los promedios mensuales de muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niños, niñas y jóvenes de administraciones anteriores con el actual gobierno, se observa que este va en aumento, presentando un promedio mensual de 88 muertes, de igual forma se mantiene la tendencia a casi a duplicar la media de casos desde 1998 (48,69 casos por mes).
Casa Alianza Honduras es una organización no gubernamental con una trayectoria de veintiséis años en la atención y protección de los niños, niñas y jóvenes que viven en graves situaciones de riesgo y desamparo en Honduras. Asimismo, se realiza una labor continua de incidencia ante las autoridades de gobierno y se participa en la elaboración de propuestas de políticas públicas, orientadas a mejorar las condiciones de respeto a los derechos fundamentales de la población infanto-juvenil.
La ejecución arbitraria o sumaria es “la privación arbitraria de la vida como resultado de una sentencia impuesta mediante un procedimiento sumario, en el que no se han respetado las garantías mínimas estipuladas en los acuerdos 6, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las salvaguardias que garantizan la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte aprobadas por el Consejo Económico y Social en la resolución 1984/50 del 25 de Mayo de 1984. La privación de la vida de civiles por miembros de las fuerzas armadas o de seguridad en violación de las leyes que rigen el estado de guerra o de conflicto “armado”.
Las muertes violentas hacen referencia únicamente a las muertes provocada por la acción voluntaria de otros, excluyéndose de este análisis las muertes producidas de forma natural, accidental y los suicidios.
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