Miradas al Sur/
En este segundo y último adelanto del libro Drones, la muerte por control remoto, editado por la editorial Akal y de próxima aparición en las librerías argentinas, su autor, nuestro columnista Roberto Montoya, revela la complicidad de la NSA en los ataques letales con drones, y la polémica provocada en EE.UU. tras revelarse que cuatro de las víctimas mortales eran estadounidenses.
La NSA facilita datos para las operaciones con drones. El máximo colaborador con que contó el ex espía Edward Snowden para hacer conocer al mundo los programas de espionaje masivo de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) estadounidense, ha sido desde el primer momento Glenn Greenwald.
Fue él, radicado por cuestiones de seguridad en Brasil, quien pudo publicar en distintos medios de comunicación de influencia internacional numerosos artículos basados en los valiosos documentos secretos filtrados.
Al estrenar el sitio web The Intercept, Greenwald publicó junto a otro experto en temas de seguridad, Jeremy Scahill, un extenso informe sobre la colaboración de la NSA con el programa de ejecuciones extrajudiciales con drones de la Administración Obama, un aspecto hasta ese momento desconocido.
En ese trabajo se explica cómo la NSA ayuda con un programa llamado Geo Cell tanto a la CIA como al JSOC, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, a través de la interceptación de llamadas telefónicas y localización exacta de teléfonos móviles. La información surgió del análisis de los miles de documentos entregados por Snowden a Gleen Greenwald y fue confirmada también por el ex piloto de drones Brandon Bryant, cuyo testimonio está recogido en capítulos anteriores.
La NSA “geolocaliza” la tarjeta SIM del teléfono móvil del sujeto buscado, lo que permite a la CIA y la JSOC aportar a los drones las coordenadas necesarias para poder lanzar contra él un ataque con drones, sea de día o de noche.
Primero entra en operaciones el drone que sobrevuela la zona en círculos para precisar al máximo la localización del objetivo. Habitualmente se adosa al drone un dispositivo que actúa como una suerte de torre repetidora de señal de móviles, a la cual se conecta sin saberlo el móvil del individuo cuando éste quiere llamar o recibe una llamada.
El drone afina con sus sensores la ubicación, con un margen de error de unos diez metros de distancia. Una vez que cuenta con todos esos datos, el piloto de drones, desde miles de kilómetros de distancia, le da al avión no tripulado orden de disparar sus misiles.
En la terminología utilizada por las unidades dedicadas a las ejecuciones de personas con drones se usan tres palabras claves en cada operación: “Find”, el proceso de búsqueda de la señal emitida por un router, una red wi fi o una tarjeta SIM; “Fix”, que es el momento, a veces muy corto, en que se precisa el objetivo, se ultiman los detalles del ataque, y “Finish”, cuando se lanzan los misiles y se completa la acción, Bryant, el ex piloto de drones que trabajó a las órdenes del JSOC desde una base en EE.UU., explicaba que muchas veces hay hasta 16 tarjetas SIM asociadas a una identidad en los registros con los que cuentan, por lo que no hay total certeza de quién es la persona que tiene en su poder el móvil en el momento en el que se lanza el ataque.
En muchas ocasiones el móvil es prestado a un hijo, a la esposa o a cualquier otro familiar, que resultan así asesinados por error. “Algunos líderes talibán, conociendo el método de seguimiento que hace la NSA, tienen por costumbre distribuir tarjetas SIM entre sus hombres para desorieentar a sus perseguidores y eludir el seguimiento”, sostienen Greenwald y Scahill en su artículo.
“Cuando asisten a una reunión, dejan sus tarjetas SIM fuera, en un bolso, en cualquier lado, y cada uno agarra una tarjeta SIM cualquiera cuando se van”, según el ex piloto de drones.
“Esa es una de las formas con las cuales ellos nos confunden.” El piloto que con su 'Joystick' dispara un misil contra quien porta el teléfono móvil con la tarjeta SIM rastreada confía en que sea el individuo que busca eliminar, pero no puede tener certeza de ello, y, menos aún, saber la identidad de las personas que están cerca de él y que también serán alcanzadas por el impacto.
“No vamos contra una persona en realidad, sino detrás de un teléfono, con la esperanza de que la persona del otro lado del misil sea uno de los malos”, dice el ex piloto.
Entre los sofisticados planes de la NSA para tener más precisión sobre quién tiene consigo el teléfono móvil que se está rastreando, se ensaya con grabar las voces de las comunicaciones interceptadas, pero los expertos dicen que la valoración de tonos de voz, de acentos, en dialectos a veces poco conocidos por los traductores, en conversaciones no demasiado claras, pueden dar lugar a graves errores humanos, a matar a un familiar, un conocido, a cualquier persona inocente. (...)
Ejecuciones extrajudiciales de estadounidenses. (…) El 22 de mayo de 2013, solo un día antes de que Barack Obama explicara cambios en su política de seguridad nacional tras el escándalo del espionaje masivo mundial revelado por el ex espía Edward Snowden, el fiscal general de EE.UU., Eric Holder, reconocía que la CIA había matado ya a cuatro ciudadanos estadounidenses en el extranjero con misiles lanzados por drones.
Estos ataques, nunca reconocidos oficialmente, eran un secreto a voces desde años antes pero, a diferencia de tantos otros “asesinatos selectivos” cometidos por drones operados por la CIA o las fuerzas armadas, en estos cuatro casos que se hacían públicos, las víctimas habían nacido en Estados Unidos, lo que suponía un cambio drástico en la larga “tradición” de ejecuciones sumarias de EE.UU. en el mundo. Holder dio la lista: el clérigo musulmán Anwar al Awlaki, su hijo, Abdulrahman al-Awlaki, de 16 años; Samir Khan y Jude Mohammed. (...) Holder reconoció que en realidad sólo uno de ellos era un objetivo “legítimo”, el clérigo Anwar al-Awlaki, mientras que su hijo, asesinado dos semanas después, al igual que los otros estadounidenses que resultaron muertos, habrían perecido “en el curso de otras operaciones”, sin aportar más especificaciones.
“Esos individuos no eran específicamente objetivos para Estados Unidos”, se limitó a decir. (…) Un aluvión de artículos y editoriales en los medios de comunicación estadounidenses cuestionaron la legalidad de la ejecución de los cuatro estadounidenses.
La denuncia más extendida se centró en el hecho de que ni Holder ni ninguna otra autoridad gubernamental pudo demostrar que Al-Awlaki fuera algo más que un clérigo musulmán radical, que, como tantos otros, lanzaban sermones incendiarios los viernes en la mezquita, con llamamientos a la “yihad” contra “los infieles”.
Nadie logró probar que fuera, como aseguró Holder, un “jefe operativo” de Al Qaeda de la Península Arábiga y menos aún que preparara “ataques terroristas contra EE.UU.”. Al Awlaki había nacido en 1971 en Las Cruces, Nuevo México; vivió al menos 20 años en Estados Unidos.
En su mezquita en EE.UU. hablaba de paz, de tolerancia, e incluso después de los atentados del 11-S condenó públicamente a Al Qaeda y llamó a rezar por las víctimas. Sin embargo, como sucedió con muchos religiosos musulmanes nacidos en Occidente, luego terminaría asumiendo un discurso radical cada vez más fundamentalista, intolerante.
Se trasladó a Yemen y desde allí lanzaba sermones incendiarios contra el gobierno de su país de origen. Se convirtió en un enemigo para EE.UU. y se lo intentó matar una decena de veces antes de lograrlo finalmente.
La CIA lo acusaba de haber organizado atentados contra EE.UU. y dijo que mantenía correspondencia con el comandante estadounidense Nidal Hassan, que fue el autor de la conocida como Masacre de Fort Hood, en la que mató a 13 de sus compañeros militares en una base militar de Texas en 2009.
El 30 de septiembre de 2011 un drone de la CIA disparó un misil contra la vivienda en la que Al-Awlaki se encontraba, al este de Sanaá, la capital yemení, y luego volvió a disparar otro proyectil contra la caravana de vehículos con la que intentó fugarse del lugar.
Al-Awlaki habría muerto junto con otro estadounidense, Samir Kahn. Este otro joven de 25 años, nacido en Carolina del Este, con familia de origen paquistaní, tampoco era un “jefe operativo” sino editor de una revista en inglés de Al Qaeda, Inspire.
En el último de los siete números de la revista que llegó a editar Khan desde que salió la publicación en junio de 2010, se dedicó a condenar declaraciones del entonces presidente de Irán. Mahmoud Ahmadineyad ante la asamblea general de la ONU, en la que éste ponía en duda la responsabilidad de Al Qaeda en los atentados del 11-S. Ahmadineyad había lanzado la idea de una “mano negra” instrumentalizada por EE.UU.
En Inspire, que dedicó las 20 páginas de ese número de septiembre de 2011 al décimo aniversario de los atentados del 11-S, se rechazaba la teoría de Ahmadineyad y se reivindicaba la responsabilidad de Al Qaeda en los atentados.
“Para ellos (los iraníes), Al Qaeda es un competidor en los corazones y mentes de los musulmanes de todo el mundo (…) Al Qaeda logró lo que Irán no consiguió.
De ahí que les resulte necesario a los iraníes desacreditar el 11-S y qué mejor para hacerlo que las teorías conspiratorias”.
Miembro de una familia acomodada, hijo de Zafar Khan, respetado ejecutivo de una empresa de información tecnológica, Samir abandonó el hogar familiar en 2009 para instalarse en Yemen. Tras los atentados del 11-S radicalizó su visión del Islam y fueron vanos los esfuerzos de su familia para alejarlo de elementos fundamentalistas. (…)
El cuarto estadounidense ejecutado con un drone fue Jude Mohammad, un joven de 23 años también de Carolina del Norte. De padre paquistaní y madre estadounidense convertida al Islam, se radicalizó con los discursos incendiarios del estadounidense Daniel Patrick Boyd –luego detenido junto con dos de sus hijos– y en 2009 decidió trasladarse a Waziristán Sur, Pakistán, una zona controlada por los talibán.
Este joven colgaba vídeos en YouTube en los que hacía llamamientos a la violencia contra Estados Unidos. Murió junto a otras dos personas en un ataque con drones.
Él no era el objetivo. De hecho, la CIA supo que había muerto por informantes de la comunidad de Raleigh, localidad de Carolina del Norte donde vivía su familia.(...)
Contra el ideario de los Padres Fundadores. (…) Barack Obama, como todos los presidentes estadounidenses, invoca a menudo en sus discursos a los Padres Fundadores, un término cuya sola invocación inspira respeto y solemnidad para todos en EE.UU. y que es utilizado para referirse tanto a los líderes políticos y hombres de Estado firmantes de la Declaración de Independencia de 1776, como para quienes elaboraron y aprobaron la Constitución de 1787.
Sin embargo, cada vez son más los que en EE.UU. critican que sus gobernantes abusen de esas invocaciones para justificar políticas muy diferentes a los principios que defendieron esos próceres. Esa discusión volvió a darse con motivo de la polémica abierta por la ejecución extrajudicial con drones de ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
¿Hubieran aprobado una medida como ésa los Padres Fundadores, matar sin derecho a juicio a uno de sus ciudadanos?, se preguntan tanto constitucionalistas como miembros de organizaciones defensoras de los derechos civiles. Y la mayoría considera que no, rotundamente no. Tom Hartman, periodista, politólogo y escritor, explicaba por qué no lo hubieran aprobado los Padres Fundadores.
“Los redactores de la Constitución nunca quisieron que el presidente o el Ejecutivo tuviesen el poder para declarar la guerra en cualquier lugar, en cualquier momento y contra cualquiera, menos aún contra un ciudadano estadounidense”. Según Hartman “de hecho, ellos hicieron todo lo posible para restringir tanto el poder militar como la capacidad del presidente –jefe del Ejecutivo– para usar a los militares para lanzar una guerra sin fin”.
“Los Fundadores creían que un militar es a veces necesario para la autodefensa, pero no querían un ejército estable, del tipo que ellos habían visto derrocando gobiernos en Europa una y otra vez a lo largo de la historia”.
Y recordaba que a través del Artículo 1, Sección 8 de la Consitución, “los Fundadores dieron al Congreso –los representantes elegidos de nosotros el Pueblo– poder para crear ejércitos pero solo por plazos de dos años”. “Es la única vez en la Constitución que se establece explícitamente que el poder del Congreso para aprobar un presupuesto tiene unos límites de tiempo concretos, y eso fue así porque los Fundadores estaban preocupados con el poder de un ejército en tiempos de paz”. Por eso, según Hartman, los Padres Fundadores decidieron que el comandante en jefe del ejército de EE.UU. fuera alguien elegido por el pueblo y no un militar.
Los Fundadores le dieron el derecho de declarar la guerra exclusivamente al Congreso, no al presidente, por eso no figura en el artículo 2 de la Constitución. “Ninguna nación puede preservar su libertad en medio de la guerra continua”, decía, en una carta a un amigo, James Madison, uno de los Padres Fundadores, y cuarto presidente de EE.UU. Y Hartman acotaba: “Hoy en día es obvio que las peores pesadillas de James Madison se han vuelto realidad”.
El analista Nick Gillespie, editor de un medio radical, Reason, sostenía que a pesar de la gravedad que suponía la politica antiterrorista de Obama, era criticado menos por los medios de comunicación, por la “intelligentsia” estadounidense, que lo que había sido criticado Bush, a pesar de que los crímenes en los que incurrieron eran en realidad similares. Gillespie hablaba de “hipocresía ideológica” y de “corrupción intelectual” de sectores supuestamente progresistas. No es el único medio que hizo ese tipo de críticas.
El conservador Andrew C. McCarthy escribía también en el sitio web de la National Review que era llamativo que los grandes medios hubieran dado tan poca importancia al “White Paper”, el memorando secreto revelado por la NBC en el que se describían los criterios para dar cobertura legal a las ejecuciones extrajudiciales de estadounidenses, siendo los mismos que habían dado tan amplia cobertura a los memorandos internos de la Administración Bush sobre las torturas.
Y a esa polémica se unió hasta uno de los principales protagonistas de esos memorandos de la era Bush, precisamente, John Yoo, fiscal, profesor de Derecho en la Universidad de California, Berkerly. (…) Yoo, autor de algunos de los principales memorandos de aquella época en los que justificaba la tortura a los prisioneros y la no aplicación de las Convenciones de Ginebra a los prisioneros talibán, se atrevió a polemizar sobre las ejecuciones llevadas a cabo en el exterior por la Administración Obama.
Desde las páginas del conservador Wall Street Journal aseguraba en febrero de 2013 que los asesinatos con drones eran una grave violación de los derechos humanos y sostenía que ni siquiera reportaba los beneficios de someter “a un puñado de prisioneros” al “waterboarding” (“submarino”, ahogamiento simulado) para extraerles información.
El libro:
Drones, la muerte por control remoto
Roberto Montoya Editorial Akal,
Colección A Fondo, Madrid 2014
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