Ese 1 de junio de 2010, Norma Yolanda se encontraba compartiendo en casa junto a sus padres e hijos. Jamás le pasó por su mente que ese día sería arrebatada de sus seres queridos.
Luego de ese momento nada es igual.
La ausencia de esta mujer pesa cada instante en la vida de sus familiares.
Sentada en el mueble de su vivienda, tomó a su niña de apenas 50 días de nacida para amamantarla.
Sin saber de dónde, salieron sujetos encapuchados identificándose como autoridad e irrumpiendo en su hogar asegurando que la llevaban detenida por una denuncia interpuesta en su contra.
No hubo momento para reaccionar, con la peor de las fuerzas se llevaron a Norma, 4 años han pasado desde ese momento y sus familiares siguen preguntándose dónde está la madre, hija, hermana y amiga.
¿Qué pasó?
El dolor de la ausencia
Entre los casos documentados desde el Foro de Mujeres por la Vida se destaca la historia de Norma Yolanda Hernández, una mujer que al momento de su desaparición laboraba en Casa Corazón de la Misericordia, una de las organizaciones que se aglutinan en el Foro.
Norma es un mujer sencilla, humilde, callada, cariñosa y solidaria, así la describen sus familiares quienes aún siguen preguntándose dónde está, el porqué de su ausencia y lo más importante porqué las autoridades no han hecho nada para encontrarla.
Al igual que Norma, según datos del Ministerio Público se contabilizaron para el año 2012 176 raptos de mujeres y 8 casos de trata de personas.
Para el 2013 hubo 502 denuncias por delitos contra la libertad y seguridad de las mujeres; 51 por secuestro; 347 por desaparición: 95 por privación injusta de libertad y por tráfico de personas.
A todos estos casos se suman los femicidios, violaciones y hostigamiento.
Un reciente informe del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), da cuenta del asesinato de una mujer cada 18 horas, una tasa de 14.6 por cada 100 mil habitantes, este indicador refleja las dimensiones de violencia, ya que en más de 150 países el total de homicidios (hombres y mujeres) es menor a la tasa de homicidios de mujeres de Honduras, mayor incluso a los países que se encuentran actualmente en guerra.
Una práctica del pasado que se repite
Desde los años setenta y ochenta inicia la represión en contra de los movimientos sindicales, académicos, agrarios, estudiantiles y sociales, que denunciaban las violaciones a derechos humanos y a las atrocidades realizadas por militares en Honduras.
Según información recolectada desde el Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras, COFADEH, para la década de los ochenta se establecen en el país unidades contra insurgentes y de inteligencia militar especializada, como el cuerpo de policía Antisubversión, conocido como Cobras, las Tropas Especiales para Operaciones de Selva y Nocturnas, batallón ligero para combatir la subversión.
El Batallón de Inteligencia 3-16 tenía acceso a enormes cantidades de información especial y además tenía la responsabilidad de apoyar a todos los batallones de las fuerzas especiales y asumía el rol de coordinador de actividades de inteligencia, comunicaciones, planificación y programación.
Este cuerpo ha sido responsabilizado de cientos de asesinatos políticos, torturas, desapariciones forzadas.
“Honduras arrastra impunidad en cada uno de los delitos, muertes y violaciones que se realizaron en esa época, esa impunidad provoca repetición de hechos, mayor violencia, inseguridad y criminalidad”, dice Maritza Paredes del Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras, EMIH.
“Históricamente en los años ochenta y noventa fueron catalogados como una década de mucho dolor, producto de la pérdida de personas que reclamaban la garantía de derechos humanos, eso dio pie a que se confirmaran instituciones insignes en la lucha por la reivindicación de derechos.
Esas acciones de diversas instancias lograron encontrar la responsabilidad del Estado en casos como el de Manfredo Velázquez, que ha sido una sentencia histórica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, acotó Paredes.
Impunidad
La falta de castigo a los responsables de estos crímenes, en su mayoría vinculados a las fuerzas militares bajo la bendición de la clase política, ha provocado que estos hechos se repitan constantemente en una sociedad como Honduras, donde la institucionalidad ha fracasado.
Esta realidad provoca que las investigaciones no aporten lo necesario para que se haga justicia.
El Caso de Norma no fue clasificado como un caso de “alto impacto” como suele suceder con tantos más donde las víctimas son mujeres en situación de empobrecimiento.
Para Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la Vida y de las Asociadas de la Misericordia, la lentitud en las investigaciones, inactividad de los expediente por el cambio constante de investigadores y fiscales, pérdida de documentos de testimonios, estigmatización de la víctima, han provocado que el caso no avance.
“Casos como el de Norma Hernández producen indignación ya que en él se reúnen todas las violaciones posibles a los derechos humanos.
También nos alerta sobre la necesidad de prestar atención a estas otras situaciones que están enfrentando niñas, mujeres y jóvenes, cuyas dimensiones reflejan las estadísticas.
Y también pueden ser objeto de este mismo tratamiento”, reza un comunicado del Foro de Mujeres por la vida en el marco de los 4 años del desaparecimiento de Norma.
Maritza Paredes, del Equipo de Monitoreo Independiente, agrega que la violencia contra las mujeres tiene muchos rostros, victimarios y lugares comunes; no se trata de un problema individual sino de un problema social.
Por eso se ha dicho que entender el fenómeno de la violencia contra las mujeres como un asunto privado es un peligro.
Por el caso de Norma Hernández, pero por todas las violencias que viven las mujeres, estas organizaciones lamentan que el Estado no ha avanzado en políticas públicas para enfrentar las nuevas expresiones de violencia contra las mujeres, sobre todo en materia de prevención y sanción.
Persiste la impunidad y, en la mayoría de los casos se sigue culpabilizando a las víctimas.
