Los tres poderes del Estado han confabulado en la contraofensiva a la victoria que resultó del juicio a Ríos Montt. Podrán intentar desmantelar la verdad jurídica. La verdad histórica por siempre los alcanzará.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
El poder legislativo ha resuelto: en Guatemala no existió genocidio.
No hubo matanza en gran escala, ni aniquilación parcial de etnias. No hubo tierra arrasada y masacres en las áreas rurales. No hubo 45 mil desaparecidos, ni 150 mil ejecutados extrajudicialmente.
Esto es lo que piensan los dos grandes partidos del establishment guatemalteco, el Partido Patriota y el Partido Líder junto con un partido adicional que hace cálculos electorales.
Hoy en el terreno de la política partidista y de cara a las próximas elecciones, Patriota y Líder son los principales rivales. ¿Rivales en qué? No tienen grandes diferencias en lo que se refiere a la política económica que a su juicio debe impulsarse en Guatemala: ambos son redomados neoliberales.
Y en materia de justicia transicional, ambos partidos también se dan la mano y hacen alianza. Han coincidido que es malo que el tema del genocidio sea una discusión que ha trascendido a los tribunales de justicia y se ha ventilado en los medios de comunicación social, sectores de opinión, pueblos, plazas, calles, comunidades y en los hogares guatemaltecos.
El punto resolutivo considera negativo que un tema que tocó a tantos hogares guatemaltecos -en tanto que fueron aproximadamente 200 mil personas asesinadas o desaparecidas-, sea algo que se discuta en el seno de la sociedad civil. Son temas que deben ser tratados solamente en los tribunales de justicia, según acordaron los 87 diputados de los 111 que estuvieron presentes en la sesión del Congreso de mediados del mes de mayo del presente año.
Son temas que no deben ser parte de la democracia participativa, como sería la amplia discusión del tema, porque finalmente a lo que conducen es a la polarización de la sociedad guatemalteca. Por todo ello es inviable el delito de genocidio.
Lo que hay detrás del punto resolutivo 3/2014 es una visión autoritaria o en el mejor de los casos de una democracia elitista que considera que algunos temas no deben ser debatidos por la sociedad. Detrás del punto resolutivo en mención, existe la idea reaccionaria de que es mejor el olvido, darle la vuelta a la página, seguir adelante, hasta que el próximo genocidio o matanza esté a la orden del día.
Lo que hizo el Congreso es la continuidad de lo que la Corte de Constitucionalidad (CC) comenzó a hacer y el Poder Judicial refrendó: anular la parte sustancial del juicio contra Ríos Montt. Este montaje de la impunidad continuó con la decisión de la referida CC de acortar el período de la Fiscal General Claudia Paz y Paz.
El establishment guatemalteco continuó esa operación política, con la decisión de la Comisión de Postulación de eliminar de la lista final de candidatos a Fiscal General a la propia Claudia Paz y Paz. Ahora por resolución legislativa se declara la inexistencia del genocidio en Guatemala.
Los tres poderes del Estado han confabulado en la contraofensiva a la victoria que resultó del juicio a Ríos Montt. Podrán intentar desmantelar la verdad jurídica.
La verdad histórica por siempre los alcanzará.
