El embajador de China escucha, atónito, la intervención de su homólogo francés mientras este afirma que el presidente sirio Bachar al-Assad debe ser juzgado por la CPI.
Francia y el Reino Unido vienen librando una guerra secreta contra Siria desde 2011, guerra que ya ha causado más de 160 000 muertes.
La propuesta de Laurent Fabius de llevar a la Corte Penal Internacional los crímenes cometidos en Siria fue rechazada en la ONU.
El problema es que, tras las apariencias de justicia, la CPI es un instrumento del imperialismo occidental.
Sus procedimientos mismos son grotescos ya que ese órgano no vacila en inventar crímenes imaginarios para condenar a los acusados y participa en cuanta operación de intoxicación emprende la OTAN. Sí, queremos justicia.
Y habría que comenzar precisamente juzgando al señor Laurent Fabius por los crímenes que ha cometido en contra de Siria.
Por iniciativa del ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, Francia presentó al Consejo de Seguridad, en la tarde del viernes 23 de mayo de 2014, un proyecto de resolución destinado a poner los crímenes cometidos en Siria en manos de la Corte Penal Internacional (CPI).
El señor Fabius explicó su iniciativa, que contó con respaldo de 64 países aliados, en un artículo de opinión publicado en el diario francés Le Monde [1].
El jefe de la diplomacia francesa explica en ese artículo que su proyecto de resolución no apuntaba específicamente contra el gobierno sirio sino contra «todos los crímenes cometidos en Siria, sean quienes sean los autores».
El jefe de la diplomacia francesa explica en ese artículo que su proyecto de resolución no apuntaba específicamente contra el gobierno sirio sino contra «todos los crímenes cometidos en Siria, sean quienes sean los autores».
Así que todos tendríamos que apoyarlo. Pero Rusia y China se opusieron enérgicamente, llegando incluso a recurrir al veto por cuarta vez sobre el tema sirio. ¿Por qué? Porque esos dos países, que no son miembros de la CPI, saben perfectamente que las garantías que Fabius promete no son más que pura propaganda. La CPI practica una justicia de vencedores y está al servicio de los intereses del imperialismo.
Una justicia que funciona en un solo sentido
Desde su creación en 2002, la Corte Penal Internacional –que goza de competencia universal– ha abierto unas 20 causas, pero todas las condenas que ha pronunciado han sido contra ciudadanos de 8 Estados de África (Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Sudán, Kenya, Libia y Costa de Marfil). De esos 8 condenados, todos se oponían a las grandes potencias occidentales. Es evidente que este órgano no imparte justicia sino que la utiliza como instrumento.
Es por esa razón que, en octubre de 2013, la Unión Africana decidió no seguir aplicando sus compromisos con la CPI cuando esta persigue a jefes de Estado en funciones.
En agosto de 2011, el fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo aseguraba que Saif al-Islam Kadhafi le había sido entregado y que estaba organizando su traslado a La Haya. En realidad, el hijo de Muammar el Kadhafi estaba dirigiendo la resistencia contra la agresión de la OTAN. Saif al-Islam Kadhafi sólo fue arrestado después de la caída de la Yamahiria, 3 meses más tarde.
La experiencia libia
En lo que a mí concierne, mi experiencia con la Corte Penal Internacional se limita al caso de Libia. A pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, el fiscal de ese órgano había decidido incriminar a Muammar el-Kadhafi, a su hijo Sail al-Islam y a su cuñado Abdullah Senussi acusándolos de haber ordenado la matanza de decenas de miles de opositores, en Bengazi y en otras partes del país.
El fiscal, que disponía de medios considerables para hacer su trabajo, decía tener pruebas. En realidad, sus acusaciones se basaban únicamente en… una revista de la prensa occidental. Sin embargo, cualquier persona de buena fe presente en Libia podía comprobar que los supuestos crímenes nunca existieron.
Yo mismo peiné cuidadosamente todo un barrio de Trípoli en busca de las ruinas causadas por los bombardeos de la «aviación del régimen» y nunca encontré ni el menor rastro de destrucción. Pero aquellos bombardeos imaginarios fueron condenados enérgicamente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y fueron invocados para justificar el mandato otorgado a la OTAN por el Consejo de Seguridad.
El fiscal de la CPI acusó después a Kadhafi de haber distribuido Viagra entre sus soldados para que violaran a las mujeres de sus opositores. El fiscal llegó a publicar cifras sobre la cantidad de pastillas que Kadhafi había comprado, sin tener en cuenta que era un volumen superior a la producción mundial de Viagra. A falta de víctimas identificadas, aquella acusación de violaciones masivas de mujeres acabó siendo anulada [2].
Lo más ridículo fue lo que sucedió durante la toma de Trípoli por la OTAN. El 21 de agosto, el fiscal confirmó a la prensa internacional que Said al-Islam había sido arrestado y que él mismo estaba organizando el traslado del prisionero a La Haya.
En Trípoli, mientras yo escuchaba la declaración del fiscal Luis Moreno Ocampo, Saif al-Islam estaba en el hotel Rixos, en una habitación cercana a la mía. El fiscal había inventado aquella historia para desmoralizar al pueblo libio y ayudar a la OTAN en la conquista del país. Finalmente, Saif al-Islam no fue arrestado sino 3 meses después, el 19 de noviembre.
¿Cómo puede alguien tomar en serio un tribunal cuyo fiscal lanza acusaciones basándose únicamente en lo que lee en una revista de la prensa occidental y que no vacila en inventar acusaciones para impresionar a la opinión pública ni en mentir para influir en el desarrollo de una invasión?
Génesis de la CPI
La Corte Penal Internacional tiene sus orígenes en el artículo 227 del Tratado de Versalles (1919), donde se preveía la creación de un tribunal internacional para juzgar al derrotado emperador alemán Guillermo II, y en la Carta de Londres (1945), que instituía el tribunal de Núremberg para juzgar a los dirigentes nazis.
En aquella época, el canciller alemán Ludwig Erhard fue una de las pocas personalidades políticas que criticaron el tribunal de Núremberg. Erhard señalaba que un veredicto de los vencedores contra acusados exclusivamente alemanes carecería de credibilidad.
El canciller alemán estimaba que los nazis debían ser juzgados por magistrados de países neutrales (Suiza o Suecia), lo cual de seguro habría modificado profundamente el veredicto, y aconsejaba también la inclusión de varios jueces alemanes.
El jurista francés Casamayor denunciaba, por su parte, una justicia de vencedores: se podía castigar los crímenes de los nazis, pero no los de los Aliados. «A partir de ahora, hay dos tipos de derecho internacional: uno para los alemanes, otro para el resto del mundo», escribió Casamayor.
«Si los bombardeos indiscriminados contra Londres y el uso de armas de represalia, como los cohetes V1 y V2, no figuran entre los cargos es sin dudas para no incluir los bombardeos indiscriminados de la R.A.F. [3] contra poblaciones civiles, que alcanzaron su paroxismo con el bombardeo con fósforo contra Dresde.»
En los casos de los crímenes cometidos en la región de los Grandes Lagos, es cierto que fueron cometidos por líderes africanos. Pero la mayoría de esos crímenes fueron perpetrados como resultado de órdenes de las grandes potencias occidentales, o sea el Reino Unido, Israel, Estados Unidos o Francia.
En el caso de Libia, es cierto que en 42 años en el poder Muammar el-Kadhafi recurrió al asesinato político –como el del imam Mussa Sadr– pero nunca cometió los crímenes que la CPI le imputó con tal de juzgarlo. Aquellos crímenes eran puras invenciones de la propaganda occidental para justificar la campaña de conquista de Libia. Por cierto, hoy podemos comprobar que 2 años después del linchamiento de Kadhafi por los occidentales ya nadie habla de aquellos crímenes imaginarios.
Laurent Fabius tendría que ser juzgado él mismo por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados en Siria.
El caso de Laurent Fabius
En 1999, el actual ministro francés de Relaciones Exteriores Laurent Fabius fue juzgado por la Corte de Justicia de la República bajo el cargo de homicidio involuntario.
Se le acusaba del hecho que, siendo primer ministro, había favorecido los intereses industriales de un laboratorio farmacéutico al retrasar la necesaria decisión de retirar del mercado lotes enteros de sangre contaminada con el virus del VIH.
El procedimiento que aplicó el tribunal a cargo del caso fue concebido especialmente para juzgar a Fabius y hoy en día aún subsisten dudas sobre el sobreseimiento del caso, que favoreció al hoy jefe de la diplomacia francesa [4].
El señor Fabius fue finalmente declarado culpable de haber cometido un error político pero al mismo tiempo se le declaró no culpable en el aspecto penal. O sea, el señor Fabius reconoció no haber realizado correctamente su trabajo como primer ministro al permitir que sus consejeros tomaran solos las malas decisiones a él imputadas. En otra época, ese tipo de confesión habría significado el fin de su carrera política.
Pero no fue eso lo que sucedió. Se consideró que el ex primer ministro no había sido culpable sino… irresponsable. El señor Fabius había sido electo presidente de la Asamblea Nacional, puesto que ocupó durante el juicio al que fue sometido y que siguió ocupando después (desde 1988 hasta 1992), a pesar de que había sido juzgado por otros parlamentarios [5]. Fabius presidió nuevamente la Asamblea Nacional en momentos en que Jacques Chirac era presidente de la República Francesa (desde 1997 hasta 2000). Luego fue ministro de Economía (desde 2000 hasta 2002) y es actualmente ministro de Relaciones Exteriores (desde 2012).
Como jefe de la diplomacia francesa, Laurent Fabius reactivó la guerra contra Siria, por cuenta de Israel y de un grupo estadounidense en el que se contaban la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, los generales David Petraeus (CIA) y Patrick O’Reilly (a cargo del escudo antimisiles estadounidense), así como el almirante James Stavridis (OTAN). Fabius organizó en París la conferencia de los «Amigos de Siria», durante la cual sentó en la presidencia al criminal de guerra Abu Saleh precisamente al lado del presidente Francois Hollande mientras este último pronunciaba su discurso.
El señor Fabius aprobó después la organización del atentado perpetrado en Damasco el 18 de julio de 2012, que decapitó el Consejo de Seguridad Nacional sirio, atentado que Fabius se negó a condenar. Aquel atentado costó la vida a los generales Daud Rajha (ministro de Defensa y de confesión cristiano-ortodoxa), Assef Chawkat (ministro adjunto, de confesión alauita) y Hassan Turkmani (consejero de seguridad nacional, de confesión sunnita). Semanas después, el 17 de agosto de 2012, el señor Fabius declaró en Turquía: «Estoy consciente de la fuerza de lo que estoy diciendo. El señor Bachar al-Assad no merece estar sobre la tierra…».
Aquella declaración del señor Fabius fue un claro llamado a asesinar al presidente de la República Árabe Siria. Cualquiera de los hechos anteriormente citados, y muchos más que no hay tiempo de mencionar aquí, teóricamente ameritan la apertura de un juicio en la CPI, que no podría entonces dejar de condenar al señor Fabius… si ese órgano se dedicara realmente a impartir justicia.
Al menos 160 000 personas han muerto ya en Siria por causa de la guerra.
¡Exigimos justicia!
Sí, es cierto que los autores de los crímenes perpetrados en Siria deben ser juzgados. Pero no podrá hacerlo una Corte que ha demostrado hallarse al servicio de quienes atacan a ese país y martirizan a su pueblo. Los primeros que deben ser juzgados son quienes financian la guerra, personajes que se encuentran en lugares tan accesibles como Washington, Londres y Paris, así como Ankara, Doha y Riad. Algunos incluso financian… la CPI.
Fuente
[1] «Qui est contre la justice en Syrie?», por Laurent Fabius, Le Monde, 22 de mayo de 2014.
[2] «Propaganda de guerra: violaciones massivas en Libia», Red Voltaire, 17 de junio de 2011.
[3] La Royal Air Force británica. NdlR.
[4] Ley orgánica n° 93-1252 del 23 de noviembre de 1993.
[5] La Corte de Justicia de la República se compone de 15 jueces: 6 diputados elegidos por la Asamblea Nacional, 6 senadores elegidos por el Senado y 3 magistrados de la Corte de Casación. La presiden 3 jueces profesionales.
