Tegucigalpa.//La ex magistrada Rosalinda Cruz Sequeira defenestrada junto a sus colegas de la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y José Antonio Gutiérrez Navas denunció que están siendo perseguidos y virtualmente amenazados sus derechos humanos sin que nadie haga nada para frenar la situación.
La reacción se produjo cuando el periodista Marvin Ortíz de radio Globo preguntó a los ex magistrados Rosalinda Cruz Sequeira y José Antonio Gutiérrez Navas que asistieron a la presentación del informe, ¿por qué hay tanta impunidad?, ustedes formaron parte del sistema de justicia y posteriormente fueron víctimas del actual sistema.
La ex magistrada Rosalinda Cruz respondió que “no podríamos contestar esa interrogante en vista de que quienes afirmaron sobre la impunidad de un 98 por ciento que existe en nuestro país, la brindaron los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya nosotros tenemos casi 2 años de haber sido defenestrados, agradecemos al señor embajador (Miguel Albero) que haya apoyado la presentación de este informe donde se señala que no existe separación de poderes, precisamente nosotros por eso estamos fuera, porque hubo un golpe de estado contra el poder judicial, separándonos a nosotros de nuestros cargos por la posición jurídicamente precisamente que adoptamos en la Sala de lo Constitucional y con el respeto que se merece a la prensa en su momento nosotros dimos todas las declaraciones.
“En estos momentos hemos adoptado la decisión de guardar mucha prudencia porque tenemos un proceso en marcha en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo queremos decirles que al igual que muchos de los que están aquí presentes que son víctimas de violaciones a los derechos humanos y lamentamos los últimos acontecimientos que han sucedido en nuestro país, nosotros también estamos siendo perseguidos constantemente, amenazados en nuestros derechos humanos, sin que nadie realmente pueda hacer nada, somos víctimas al igual que muchas personas de la población, somos víctimas de situaciones de impunidad severas de parte del Estado de Honduras”, detalló la ex magistrada Cruz Sequeira.
La coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva que estuvo compañada por el embajador de España en nuestro país, Miguel Albero resaltó que los parlamentarios españoles elevaron preocupaciones que han manifestado diferentes expresiones sociales que fueron entrevistadas y además las instituciones del estado.
En el informe en sí, se hace ver cómo les está preocupando la aprobación de leyes que en el Congreso Nacional se han estado gestando que son restrictivas de derechos y por lo tanto violentan los derechos humanos.
“Otra parte que recoge el informe es el nivel de impunidad que se vive y se genera en Honduras, también registra la no independencia de los poderes del Estado, eso cuando un informe recoge una preocupación así, es porque hay un estado desvalido y luego el informe habla de la estigmatización, de la criminalización que se les está haciendo a los opositores y eleva su preocupación por la persecución que se le está haciendo a los familiares de defensores y defensoras de derechos humanos”, expuso Oliva.
Caso Ruelas
En relación a la golpiza que recibió el director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, coordinadora del COFADEH sostuvo que la situación de derechos humanos en Honduras no ha mejorado y prueba de ello fue, “porque fuimos testigos de la situación en que sometieron a un defensor reconocido de derechos humanos en nuestro país como es el compañero José Guadalupe Ruelas, y eso indica como lo habíamos previsto era que lo que se venía era una descalificación pública para decir y justificar la barbarie que se cometió”.
Oliva señaló que cuando se hace un despliegue queriendo descalificar la actuación de Guadalupe Ruelas, habría que empezar legalmente a ir a los lugares donde él estuvo, porque yo sí creo que no debieron haber entregado información para manipularla después públicamente y descalificarlo. “La descalificación de un defensor de derechos humanos debemos ir tras la pista y no permitirlo”.
Se le consultó a Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH en que se basaba la apreciación de que un 98 por ciento de los casos denunciados ante el sistema de justicia permanecen impunes.
Al respecto Oliva sostuvo que el informe es un reflejo de la consulta que la delegación hizo a los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no es un proceso de investigación, sino una confesión de la Corte Suprema de Justicia, entonces si ellos lo están diciendo nosotros no tenemos por qué ponerlo en duda, dijo.
Por ejemplo indicó que cuando se dio la comparecencia pública del ex Fiscal general Luis Alberto Rubí en el congreso nacional, donde dijo que sólo un 20 por ciento de las denuncias presentadas era a las que se les había dado seguimiento y que de ese 20 por ciento no todas habían recibido sanción.
“O sea eso es lo que refleja y demuestra el alto grado de impunidad en que vivimos en nuestro país, esa no fue una investigación sino una confesión que hicieron los magistrados a la delegación de observación en materia de derechos humanos”.
Oficina de Alto Comisionado de DDHH en Honduras
En la interrogante enfocada al tema de la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Honduras, formulada por el periodista Félix Molina director de Alternativas en Comunicación (ALTER-ECO) éste expresó que ya trasciende el riesgo de que dicha oficina en el contexto actual se vuelva una especie de trasplante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) de Guatemala y además se ha reportado una pre-contratación de mucha gente colombiana para esa oficina, ¿será ese el manejo que va a tener esta nueva oficina?
En el editorial titulado “La Cicig como fuente de crítica” y publicado por PrensaLibre.com el 31 de mayo de 2013, en uno de sus párrafos afirma que:..” Las opiniones vertidas por los ciudadanos interrogados por la Prensa obligan a reflexionar respecto de si ya llegó el momento de que la Cicig deje de funcionar.
Esto se debe a que los casos de Ríos Montt y, en cierta manera, de Alfonso Portillo, se han convertido en una prueba de que el sistema legal del país no funciona porque tiene muchas probabilidades de caer en marañas legales que, en la práctica, imposibilitan que se pueda impedir la impunidad”.
Al respecto el embajador de España en Honduras, Miguel Albero expresó que yo no tengo ninguna constancia de esos rumores, creo que para empezar es muy pronto, la propia Ginebra no ha decidido todavía que se habra una oficina, con lo cual hablar de pre-contrataciones, me parece cuando menos muy aventurado, porque para empezar se tiene que tomar la decisión política de abrir una oficina y en segundo lugar tiene que encontrar financiación para abrir esa oficina.
“Lo que yo estoy convencido es que si se abre una oficina, esa oficina contará con un mandato y tendrá la independencia que tienen las oficinas del Alto Comisionado, para mí, me parece que sería un paso muy importante, dada la situación del país y creo que sería muy importante si se pudiera abrir y yo no prejuzgaría negativamente la labor que pueda hacer esa oficina, me parece que al revés, habría que darle un voto de confianza porque en otros sitios por ejemplo en Colombia, ha jugado un papel muy importante la oficina del Alto Comisionado.
Por su parte el periodista y diputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE) Edgardo Castro recordó que hace unos días efectivos militares y policiales ingresaron al hemiciclo legislativo y procedieron a desalojar con gases lacrimógenos y con uso excesivo de la fuerza a diputadas y diputados al Congreso Nacional, en ese sentido y dirigiéndose al embajador de España, le consultó: ¿usted cree que esto va a causar algún efecto en su país, porque los países cooperantes están interesados en que venga ayuda de tipo social para el país, ayer ya se hablaba en el propio Congreso de comprar armas de guerra y se aprobó la moción, cree que su gobierno podría tomar en cuenta ese estado de indefensión que cada día crece más en Honduras ?.
Albero respondió: “Nuestro gobierno lo que quiere es ayudar y poner nuestra cooperación al servicio de las iniciativas que entendamos que son positivas en ese sentido, por eso nuestra política ha ido más que al tema estrictamente por ejemplo de la seguridad y de la policía, nosotros estamos más en el fortalecimiento institucional, que las instituciones hondureñas de distinto ámbito como el Poder Judicial, el Registro Nacional de las Personas (RNP), el Tribunal Superior de Cuentas tengan suficiente independencia y suficiente poder institucional que garantice que exista un estado de derecho”
Respecto a la cooperación que España brinda a Honduras, el embajador dijo que su país está negociando en este momento el marco de negociación con Honduras que contiene lo que será la cooperación para los próximos 5 años, y “probablemente siga estando el tema del fortalecimiento institucional, queremos que el RNP funcione de una manera despolitizada y creemos que en otros ámbitos como el judicial, tenemos una cultura jurídica muy parecida y por tanto son los ámbitos en que también podemos ayudar”.
Cabe señalar que en los últimos años operadores de justicia de Honduras (fiscales y jueces) han sido enviados a España para capacitación técnica-jurídica, sin embargo el país no ha tenido avances significativos en el combate al crimen y la sanción de los que infringen la ley.
