El Congreso ha rechazado (299 en contra, 47 a favor y una abstención) la proposición del Parlament para traspasar a la Generalitat la competencia de convocar un referéndum.
GARA
Siete largas horas de debate no modificaron las posiciones previas y el rodillo de PP y PSOE dio portazo a la reclamación mayoritaria del Parlament catalán para celebrar la consulta convocada para el próximo 9 de noviembre. Concretamente, fueron 299 diputados quienes votaron «no» a la propuesta defendida por los representantes catalanes, mientras que 47 electos de CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, Amaiur, ERC, BNG, Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai avalaron el plan, con la única abstención de Coalición Canaria.
El resumen: frente a la reivindicación democrática avalada por la mayoría catalana, las formaciones que sustentan el bipartidismo español contrapusieron una ley que solo está en sus manos modificar. Una vez acabado el debate y oficializada la negativa a la consulta, el president, Artur Mas, ofreció una breve valoración desde el Palau de la Generalitat, en la que calificó la votación de «dolorosa, prevista y no deseada», pero manteniéndose en la línea de los últimos días, aseguró que «el proceso sigue, la voluntad del pueblo de Catalunya no la puede anular una votación en el Congreso».
Los primeros en romper el hielo fueron los tres delegados designados por el Parlament. Los tres, con sus matices, hicieron gala de la unidad de los partidos soberanistas en torno al derecho a decidir, centrando sus discursos en el derecho democrático a votar y recordando que, si están donde están, es en buena parte por la decapitación del Estatut que en su día inició el mismo Congreso y culminó el Tribunal Constitucional. También coincidieron en garantizar que la negativa de ayer no frenará el proceso catalán.
«Voluntad política»
El primero en subir al estrado fue el presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament, Jordi Turull, que empezado por recordar que «consultar a los catalanes es legal y posible» y que depende de «la voluntad política». Turull extendió la mano para «buscar un acuerdo para hacer la consulta» y «mejorar los errores del Estado con Catalunya».
Pero advirtió: «Si no quieren, no desistiremos, tomaremos otras vías para que el pueblo vote».
Acto seguido llegó el turno de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que apeló a la emoción, señalando que «la mejor manera de trabajar para nuestros hijos es votar para construir un estado que sea útil a las personas» y asegurando que el país se les «derrite en las manos» por los pocos instrumentos y recursos que tienen para ayudar a los ciudadanos. Rovira también se mostró tajante a la hora recomendar al PP y al PSOE que aprovechen «la oportunidad de pasar a color una fotografía que muchos de nosotros todavía vivimos en blanco y negro: la foto de la democracia española».
El último de los delegados catalanes en subir al estrado fue el coordinador general de ICV-EUiA, Joan Herrera, contundente, al asegurar que «los catalanes no pueden considerar la Constitución como propia». Recordó que lo único que se planteó ayer fue «un referéndum no vinculante», pero ante el «autoritarismo» de la respuesta española, advirtió: «Quien rompe España es quien no reconoce el derecho a decidir».
Normas e «historia común»
Ante choque de mayorías entre el Congreso español y el Parlament catalán, los primeros se aferraron a la normativa. En ello coincidieron el presidente, Mariano Rajoy y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, empeñados en ubicar la Constitución como dique. Ambos entrelazaron argumentos ya utilizados en sesiones anteriores e incluso Rubalcaba llegó a ganarse algún aplauso de la bancada del PP.
Quizás la única divergencia entre ambos líderes, que por una jornada abandonaron los reproches, fue la propuesta para reformar del texto constitucional. Los dos la mencionaron aunque con distinto sentido. Mientras que el jefe del Ejecutivo lo planteaba como desafío, consciente de que la mayoría de PP y PSOE siempre podría poner freno a propuestas que abriesen el camino a la autodeterminación, Rubalcaba fijaba su planteamiento federalista como principio y fin de un plan sin recorrido. En el resto, ambos compitieron por lanzar el «no» más sonoro aunque matizado con algún guiño a un diálogo sin concreción.
«No es posible atender a lo que nos solicita el Parlament de Catalunya porque no lo permite la Constitución», arrancó el presidente español, que primero abordó el argumentario jurídico, insistiendo no tener «potestad» para ceder la autorización de celebrar la consulta. Claro, que el debate no era ese. Así que rápidamente se enmendó para remarcar que «tampoco está permitido autorizar un referéndum cuyo propósito sea contrario a la Constitución». «Ni la competencia que demandan es transferible, ni el propósito es conforme a ley», afirmó.
Una de sus líneas de intervención fue contrarrestar la idea de respeto a las mayorías. «Algunas cosas no cambian con manifestaciones ni con plebiscitos. Se redactó la Constitución de manera que no fuera posible», insistió, haciendo referencia a que «ni uno ni 500 cafés» con Artur Mas cambiaría la situación. Después de los habituales argumentos historicistas y hasta de «sangre», Rajoy atacó la idea de reivindicación democrática. «Votar es democrático. La democracia no se entiende sin las urnas. Pero no bastan las urnas para que un acto sea democrático, falta el respeto a la ley», insistió.
El argumento «socialista»
Rubalcaba no le fue a la zaga y tiró de tópico con argumentos como «soy socialista, no nacionalista» o aquel que enarbola una Europa «sin fronteras». «No cabe preguntar a unos cuantos lo que afecta a todos», enfatizó también, para luego hacer mención al cambio constitucional, pero siempre bajo la premisa de que llegue hasta el federalismo que el PSOE defiende.
Pese a que el número de voces que defendía la consulta fue mayor, se impuso el rodillo.
El resumen de la contradicción lo dio Josep Antoni Duran i Lleida, cuando recordó aquel antiguo razonamiento, reiterado en la Cámara, que decía que «sin violencia todo es posible».
