Fiscales federales dicen que un empresario mexicano donó más de 500.000 dólares en campañas políticas en EE.UU. a través de la ONG Citizens United y varias empresas ficticias.
El esquema financiero sería el primer caso que vincula a un extranjero.
Las donaciones se habrían efectuado aprovechándose de la organización sin ánimo de lucro Citizens United o Ciudadanos Unidos, creada para que las empresas privadas estadounidenses financien campañas políticas con pocos controles y sin límite de sumas.
En caso de que las acusaciones sean probadas, el escándalo de la financiación de campañas electorales podría revolucionar el debate público sobre la decisión histórica de la Corte Suprema que permitió la creación de Citizens United, según publica 'The Foreign Policy'.
Hasta ahora, las acusaciones que rodean a José Susumo Azano Matsura, dueño de varias empresas de construcción en México, no se han extendido más allá de los medios de noticias locales en San Diego, donde se le acusa de financiar a un puñado de candidatos del sur de California.
Pero el escándalo está empezando a atraer el interés a nivel nacional, ya que involucra a un congresista, una empresa de asesoría en campañas con sede en Washington, y el legado de una de las decisiones más importantes de la Corte Suprema en las últimas décadas.
Bajo la ley federal, desde hace mucho tiempo a los extranjeros se les prohíbe donar a las campañas políticas a nivel estatal, local y federal.
El pasado 21 de enero, la Oficina del Fiscal de EE.UU. acusó a Ravneet Singh, propietario de la firma con sede en Washington ElectionMall, y a Ernesto Encinas, un exdetective de la Policía de San Diego, de utilizar el dinero de Azano para apoyar a tres políticos demócratas y al republicano fiscal de distrito de la ciudad.
Azano quería convertir el frente a la bahía de San Diego en una versión de la costa oeste de la bulliciosa ciudad de Miami, pero carecía de la influencia política para hacerlo, según los fiscales.
Lo que es único acerca de las acusaciones es que el dinero de Azano se canalizó a través de un 'Super PAC', un vehículo de recaudación de fondos para política nacido de la decisión de la Corte Suprema sobre Ciudadanos Unidos en 2010.
En 2006 Azano estuvo en el ojo del huracán por suministrar al Gobierno mexicano sofisticados equipos de espionaje sin que mediara licitación.
