APRO – El 20 de diciembre de 2013, bajo custodia de la Canada Border Services Agency (CBSA), unas horas antes de subir al avión que la deportaría a México, la connacional Lucía Vega Jiménez fue encontrada colgada del tubo de una regadera en las instalaciones del Centro de Migración del Aeropuerto Internacional de Vancouver.
Su cuerpo pendía del tubo, pero las autoridades migratorias que la tenían bajo su resguardo aún la hallaron con vida. Inconsciente, fue llevada al hospital Mount St. Joseph, donde, diagnosticada con muerte cerebral, ocho días después fue desconectada del respirador artificial.
El 1 diciembre Lucía fue detenida en el metro de Vancouver por no contar con el boleto de viaje y fue llevada a las instalaciones de la policía, en Maple Reich, a una hora de Vancouver.
Lucía no contaba con documentos que acreditaran su situación migratoria, por lo que fue llevada a las celdas de detención de la CBSA, y finalmente al centro de detención del Aeropuerto Internacional de Vancouver, instalaciones bajo la custodia de la compañía de seguridad privada Génesis. De acuerdo con las autoridades de este centro, desde el principio el consulado mexicano fue enterado de la deportación.
Lucía había llegado a Canadá en busca de refugio y aunque todo le era ajeno, su necesidad de resguardarse en un lugar seguro la hizo aferrarse a este país donde trabajaba y enviaba dinero a su madre enferma en México. Al momento de su deportación Lucía se comunicó con su pareja sentimental para que recogiera sus pertenencias en su domicilio, entre las que se encontraban 4 mil dólares canadienses. Sin embargo, su pareja tomó el dinero y desde ese día no se sabe nada de él.
Lucía estaba en proceso de apelación a la negativa de su petición de refugio y tenía siete meses de haber reingresado al país. Era una muchacha alegre y tenía muchos amigos.
Tras su muerte, primero se dijo públicamente que ella intentó suicidarse. Sin embargo, el pasado 29 de enero, el Servicio de Medicina Forense en la provincia de Columbia Británica informó que abrió una investigación para determinar las circunstancias de su muerte.
El caso de Lucía ha tomado en Canadá un revuelo inusitado debido a las circunstancias “extrañas” en las que ocurrió su muerte y por la ola de reclamos y cuestionamientos contra las autoridades migratorias canadienses y las del consulado mexicano que ocultaron el hecho durante más de un mes.
Las primeras manifestaciones fueron iniciadas por organizaciones no gubernamentales con destacado prestigio en el ámbito legal y en la lucha por los derechos humanos en este país, como Nadie es Ilegal, el Comité Latinoamericano para Refugiados y Justicia del migrante), la Asociación Canadienses de Abogados Refugiados, El Consejo Canadiense para los Refugiados y la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica.
El pasado 5 de febrero estas organizaciones entregaron a la CBSA una carta con más de 7 mil 500 firmas de ciudadanos canadienses donde éstos exigen que haya una investigación civil independiente a la del Servicio de Medicina Forense en la Columbia Británica y que indague no sólo la situación de detención y muerte de Lucía, sino también las condiciones que enfrentan los deportados en las celdas de migración.
Previamente, el pasado 31 de enero, Nadie es Ilegal organizó una vigilia frente a las instalaciones de CBSA. Allí unas 200 personas gritaron la consigna: “Ni una muerte más, ni una detención más, ni una deportación más”. Reprocharon además la actuación de las autoridades migratorias canadienses y de los funcionarios del consulado mexicano en Vancouver
Byron Cruz, uno de los promotores de las acciones por el esclarecimiento de la muerte de Lucía, comenta que el centro de detención del aeropuerto, a donde la mexicana fue llevada, “es tierra de nadie, por eso urge una investigación independiente”.
Cruz, fundador en Canadá de Santuario de la Salud –que tiene entre sus actividades atender a indocumentados con problemas de salud–, explica que los centros de detención de migración del gobierno canadiense son lugares herméticos, donde no se tiene acceso. Comenta que debido a ello no se conoce con claridad las condiciones de estos lugares y de los detenidos.
El único organismo que tiene acceso es la Cruz Roja de Canadá.
“Cuando pregunté a la Cruz Roja sobre las condiciones que allí enfrentan los detenidos durante el proceso de su deportación, me dijeron que no hablara de este tema porque es muy difícil”, declara Cruz.
Y es que la muerte de Lucía Vega no es la primera que provoca reclamos contra las autoridades de migración. En diciembre de 2009, por ejemplo, Jan Szamko, un refugiado de la República Checa, murió mientras se encontraba en custodia de CBSA dos días antes de ser transferido del Centro de Migración de Toronto hacia el centro de detención para su deportación.
Reclamos
La manera en que el consulado de México en Vancouver manejó la información sobre la muerte de Lucía, provocó enojo e indignación entre miembros de la comunidad de mexicanos en esta ciudad, pues el 30 de diciembre, dos días después de la desconexión del respirador y declarada la muerte de Lucía, se dio a conocer que Martha, quien recién había llegado a Canadá para encontrar a su hermana, tenía problemas financieros. Martha esperaba ayuda del consulado, que hasta ese momento no había mandado un representante.
Ella tenía que pagar 3 mil 500 dólares o el cuerpo de su hermana se quedaría en la morgue del hospital.
Para ayudar a pagar los gastos y el boleto de regreso a México, se abrió una cuenta temporal para donaciones en el banco TD Canada Trust. El número de esa cuenta fue dado a conocer a través de redes sociales y del popular programa radiofónico Latino Soy.
La comunidad latina reaccionó de inmediato y aportó 900 dólares que fueron entregados a Martha. Pero esto también sirvió para que se hablara por primera vez en los medios de comunicación de la muerte de Lucía, lo que derivó en cuestionamientos sobre el papel de las autoridades consulares en el apoyo a la familia de la mexicana.
Rocco Trigueros, uno de los promotores de la colecta, asegura: “El consulado no pagó el boleto de Martha. Que quede claro: nosotros le compramos el boleto de regreso a México y una amiga de Lucía le compró el de llegada a Vancouver.
El consulado no ayudó en los pasajes ni apoyó en los trámites de ingreso a Canadá. Son las informaciones que yo tengo directamente de la amiga de la familia (Jazmín Trejo), quien esperó a Martha en el aeropuerto para ayudarla”.
Trigueros explica otra de las razones que generaron molestia en la comunidad mexicana hacia el consulado: “Cuando la familia en México de Lucía habló inicialmente con el consulado, sus funcionarios le dijeron que para qué venía, que era más fácil que desconectaran a Lucía y se ahorraba todo el gasto”
La declaración de Trigueros pone en entredicho el comunicado que el consulado mexicano envió el 31 de enero a Global News y las declaraciones que ese mismo día hizo la cónsul Claudia Franco al noticiario radiofónico de Joaquín López Dóriga, en el sentido de que la familia Vega había recibido apoyo consular para el viaje a Canadá.
La hermana Karina, monja carmelita de la iglesia Nuestra Señora de Dolores, de Vancouver, también contradice la versión del consulado. La monja permaneció en el hospital junto con Lucía y su hermana. En entrevista, la religiosa explica que Martha llegó a Canadá un día antes de la desconexión de su hermana, y que viajó sin ayuda económica del consulado. “Ella se movilizó para venir acá por sus propios medios. Hasta donde yo sé, el consulado (mexicano) no ayudó a Martha para que viniera. Después sí la apoyó; se encargó del traslado de Lucía que es como lo más normal que podría hacer un consulado… No lo sé”.
En respuesta a una petición de entrevista con la cónsul Claudia Franco, para hablar sobre el caso y sobre las versiones que contradicen la del consulado, la vocera Patricia de la Maza respondió, mediante comunicado, que “en el caso de la nacional mexicana Lucía Vega Jiménez, el Consulado General en Vancouver desarrolló acciones a favor de la familia para que pudieran viajar a esa ciudad y acompañar a la connacional, así como para realizar las gestiones correspondientes ante su situación médica. Posteriormente se apoyó con la repatriación de los restos”.
Ante el hecho de que hasta pasados 42 días de que encontraran colgada a Lucía, mientras estaba en custodia para su deportación, la cónsul declaró a la cadena CBS News y al diario Lethbridge Herald de Canadá que el gobierno mexicano haría una enérgica petición a las autoridades canadienses para que éstas ofrezcan respuestas sobre lo sucedido a Lucía en las instalaciones de migración.
El pasado 18 de febrero grupos de mexicanos radicados en Vancouver, entregaron una petición de información a Franco para que, con fundamento en la Ley del Servicio Exterior de México, detalle el contacto que el consulado realizó con Lucía, su familia y el apoyo que presuntamente les brindó. Más aún, le piden que realice “foros de discusión y análisis de la problemática que viven los mexicanos que trabajan en el campo y en la construcción y los que se viven en este país”, así como una reunión “urgente y pública” para que de respuesta a las demandas expuestas en dicha carta.
Deportaciones
Del año 2005 al 2012 México se encontraba en entre los principales países generadores de peticionarios de refugio a Canadá, seguido de 16 países, entre ellos China, Hungría, Haití y Colombia.
Las cifras récord en materia de mexicanos peticionarios de refugio en este país se registraron durante 2007 a 20012, periodo que coincide con la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que implemento el gobierno de Felipe Calderón.
A partir de 2009 la política exterior de Canadá cambió drásticamente para los mexicanos. Primero impuso una visa que se asigna o no en función de unas condiciones aún más minuciosas que las requeridas para el visado estadounidense. Y después, en febrero de 2013, se incluyó a México en la lista de países cuyos ciudadanos no son considerados sujetos de refugio.
Lucía Vega había solicitado refugio a Canadá en 2010. Argumentó que había sufrido violencia doméstica. La petición le fue negada. Fue a partir de ese año, después de las Olimpiadas de Invierno, que también comenzó a darse en la Columbia Británica una oleada de deportaciones de mexicanos.
No se cuenta con cifras oficiales del número de deportados mexicanos, pero Byron Cruz explica que en Santuario de la Salud contabilizó unas 5 mil personas que trabajaban en la construcción de la Villa Olímpica, la mayoría mexicanas. Comenta que después de las Olimpiadas el número de esos mexicanos se redujo unos 2 mil 500, los cuales no tenían estatus migratorio. Refiere que entre ellos había familias con menores de edad.
La población mexicana indocumentada en la Columbia Británica está integrada por muchos extrabajadores de la construcción de la Villa Olímpica, así como por turistas y estudiantes que entraron cuando a los mexicanos no se le pedía visa. Buena parte de esta población intentó cambiar su estatus migratorio. Para ello solicitaron refugio. En la mayoría de los casos les fue negado. Las dificultades para obtener refugio se acrecentaron a partir de febrero de 2013, cuando Canadá otorgó a México el status de “país seguro”.
Muchos de los mexicanos a quienes les fue negado el estatus de refugiado no acataron la “invitación” para salir de Canadá. Ahora tienen orden de deportación.
De esta forma pueden ser más de 2 mil 500 las personas mexicanas indocumentadas en Columbia Británica.
Canadá asignó a México el status de “país seguro” porque considera que en él se respetan los derechos humanos, existe democracia y el Estado es capaz de ofrecer protección a sus ciudadanos; es decir, que es poco probable que una persona sea objeto de persecución.
Así, esta categoría inhibe las solicitudes de refugio por parte de los mexicanos.
En Canadá el caso de Lucmigratoria a indocumentadasSanctuary Health, n eso nos enfocaremos en el futuro.sado, la comunidad china y la ía ha sido tomado como un ejemplo paradigmático de la vulnerabilidad de latinoamericanos indocumentados en este país.
Organizaciones como Ninguno es Ilegal promoverán un cambio en la política migratoria para que en Columbia Británica inicie un proceso de regularización de las personas que viven sin status migratorio. En Montreal la organización Mexicanos por la Regularización promueve una iniciativa similar.
Las ONG también promoverán una ley que declare a Vancouver “Ciudad Santuario”, tal como como en julio pasado se logró con Toronto y el 10 de febrero con Hamilton.
El hecho de que una ciudad sea declarada oficialmente “Ciudad Santuario” significa que las instituciones que reciben recursos municipales están obligadas a brindad servicios, como el de la salud, sin preguntar el estatus migratorio de la persona.
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