Lilia de Jesús Suárez Guarín tiene 63 años y Juber Adolfo Franco Carmona, 69.
Es difícil imaginarlos separados porque ya son 46 años de vida compartida, de resistencia, de sueños, de trabajo comunitario.
Esta pareja antioqueña sabe lo que es la violencia y la persecución, y sabe cómo se paga en Colombia el compromiso con la comunidad.
Quizá por eso, ya a edades donde el descanso es merecido y los sueños deben germinar, decidieron moverse a la vecina Venezuela, donde el proceso bolivariano les entusiasmaba y animaba a sembrar su huerto y nuevas relaciones.
Hace 8 meses que nadie sabe nada de Lilia y Juber. Su casita nueva, a medio construir, quedó con la comida servida y el huerto a medio trabajar.
El 6 de junio de 2013 desaparecieron en Rubio, una población del fronterizo estado de Táchira.
La familia de Lilia y Juber han comenzado una campaña internacional bajo el lema#dondestanliliayjuber para tratar de impulsar las investigaciones sobre su caso.
La acción incluye una recolección de firmas en la plataforma Oiga.me que llegarán directamente a las autoridades pertinentes en Venezuela.
Firma y apoya la la campaña #dondestanliliayjuber aquí
Táchira comparte frontera con el colombiano departamento de Norte de Santander y ambos viven una situación complicada de seguridad por la presencia de grupos paramilitares, organizaciones insurgentes y crimen organizado.
En Norte de Santander (capital Cúcuta) conocen bien el drama de ladesaparición forzada. En una reunión de unas 35 organizaciones de víctimas celebrada en Cúcuta en noviembre de 2013 se hacía balance y ya son 3.242 casos de desapariciones forzadas los registrados en el departamento entre 1999 y 2013. La impunidad y el silencio es lo único que conocen las familias que, como la de Lilia y Juber, luchan por saber qué ha ocurrido con los suyos.
En el encuentro, auspiciado por Naciones Unidas y la Fundación Progresar, se denunció además que los autores de las desapariciones eluden la acción de la justicia cruzando la frontera y enterrando en fosas comunes a sus víctimas.
El fenómeno de la desaparición también es ya una de las peores violaciones de derechos humanos que afecta al estado venezolano de Táchira. El 13 de septiembre de 2013 los familiares de “secuestrados” en ese Estado denunciaron que hay al menos 35 casos registrados en los últimos 3 años y que las autoridades sólo quieren reconocer una desaparición.
A la incertidumbre de la desaparición se suma la sordera oficial. “Hace dos años nos reunimos con el Fiscal Superior del Táchira, con el Defensor del Pueblo, también con el entonces Jefe del Core-1, representantes del Cicpc y del Sebin, y se comprometieron a reiniciar las investigaciones porque reconocieron que estaban paralizadas, y esta es la fecha y no nos han vuelto a llamar.
Sencillamente ya nos cansamos de que de la inacción y omisión se pase a la negación de un delito que afecta a gran parte del territorio tachirense”, denunciaba Porfirio Dávila, hijo de Porfirio Parada Arellano (padre), desaparecido el 2 de junio de 2003.
El último caso que afecta a colombianos en territorio de Táchira es el de Nercy Johanna Valencia y Alexánder Leal Ojeda, quienes tuvieron el último contacto con sus familiares por teléfono el 4 de enero de este 2014 desde la ciudad de San Cristóbal.
La inacción oficial
No se conoce Estado que actúe de forma rápida y transparente ante el fenómeno de la desaparición forzada. México acaba de retirar el fuero a los militares involucrados en desapariciones forzadas, un paso que se ha demorado años a pesar de que, entre 2006 y 2012 Amnistía Internacional reporta unos 26.000 casos de desapriciones forzadas en ese país, en el marco de la mal denominada “Guerra contra el narco”. Colombia tiene que presentar su primer informe ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y algo deberá decir porque acumula unos 63.000 casos de desapariciones de los que, según la Oficina Internacional de los Derechos Humanos-Acciona, el 75% son forzadas.
Venezuela incorporó en su nueva Constitución la desaparición Forzada pero no parece dar pasos claros en las investigaciones y reconocimiento de los casos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consigna en su artículo 20 que “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios.
Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
En el artículo 45 insiste: “Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes.
Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados de conformidad con la ley”.
