Desde los ataques del 9/11, la llamada guerra contra el terrorismo tomó renovados bríos, en respuesta a una necesidad de sustituir la lucha anticomunista de la Guerra Fría.
Aunque para muchas personas la guerra contra el terror es algo abstracto, otros la han sentido y vivido en carne propia. Ha sido un pretexto para invadir Irak, Libia, Afganistán y Siria, con un impacto humanitario desastroso en esos países, como es sabido.
La lista de organizaciones terroristas, como parte de la guerra mundial contra el terrorismo, se basa en un criterio totalmente subjetivo, así lo destacan muchos académicos, políticos y otras personalidades.
Es decir, al no existir una definición clara y global del concepto 'terrorismo', la inclusión de una organización en la lista corresponde a intereses de Estado, alianzas políticas y necesidades económicas.
Esto queda evidenciado en el caso de los Talibanes. Cuando se llamaban Mujahideen, en los años ochenta, fueron armados por los EEUU para combatir a los Soviéticos en Afganistán, y los llamaban 'luchadores por la libertad'.
Los Palestinos están comprometidos en una resistencia legítima, según la ONU, mientras que son considerados terroristas por Israel. El ANC fue una organización terrorista hasta el año 2008 y ahora son considerados combatientes legítimos contra el Apartheid.
¿Qué hace que Hezbolá esté en la lista, siendo un partido legal en el Líbano, con senadores y diputados, mientras el partido fascista griego “Amanecer Dorado”, que ha matado y amenazado a activistas y sindicalistas, no lo está?
Las anteriores razones permiten afirmar que las FARC-EP, como organización insurgente, debe ser sacada de la siniestra lista. Es más, ésta no debería existir.
Está claro que la guerra contra el terrorismo y la lista de organizaciones terroristas se utiliza para demonizar a diferentes organizaciones que sencillamente están luchando contra regímenes opresivos y anti- democráticos.
Recordemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
"Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".
O la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 1776:
"Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad".
Es un hecho que estamos luchando contra la tiranía y la opresión; ese no fue sólo el motivo del alzamiento en armas de las FARC-EP; sigue siendo la razón para continuar nuestra lucha armada hasta hoy, a pesar de lo que algunas personas puedan creer o proclamar.
Hemos dicho en varias ocasiones que no estamos casados con las armas, es decir, las armas son un mal necesario para protegernos contra un régimen caracterizado por no permitir, con la violencia, la participación del pueblo en la política.
El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 es ejemplo de ello, y luego, el genocidio político de la Unión Patriótica en los años ochenta.
Hoy en día, se sigue asesinando a líderes sindicales, defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones de base y demás.
Las noticias solamente muestran la punta del iceberg acerca de las innumerables violaciones de derechos humanos en Colombia.
Existen malentendidos acerca de lo que somos, qué queremos y por qué lo estamos haciendo a través de las armas, producto de las tergiversaciones de las grandes corporaciones mediáticas, que generan (o más bien: fabrican) la opinión pública.
¿Quién conoce o ha leído algo sobre el proyecto piloto de las FARC-EP, presentado en el año 2000, para iniciar la sustitución de los cultivos de coca en Cartagena del Chairá, una de las zonas más afectadas por los cultivos de coca?
Naturalmente, la idea era proporcionar infraestructura, vivienda, educación y todo lo necesario para que esa substitución de cultivos ilícitos fuera viable para los campesinos de la zona.
El Gobierno nunca respondió a nuestra propuesta. Todo lo contrario: reforzaron la táctica de las fumigaciones de los cultivos de coca, utilizando glifosato y generando una enorme crisis humanitaria en las zonas campesinas e indígenas, afectando a cultivos legales y así causando el desplazamiento de comunidades enteras.
Durante el período del proceso de paz en el Caguán, las FARC-EP llevó a cabo una gran cantidad de proyectos de vivienda, infraestructura vial y educación, proyectos que fueron inmediatamente bombardeadas por la fuerza aérea de Colombia, después de la ruptura del proceso de paz, para presentar el área como un desastre, causado por la insurgencia de las FARC.
Está claro, la inclusión de la guerrilla en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, ha sido sugerida, o incluso presionada, por los Estados Unidos. No hay razones válidas por las que las FARC estarían incluidas en dicha lista.
Si las FARC-EP en realidad fueran una organización terrorista sin ningún fundamento político, entonces, ¿qué estarían discutiendo gobierno y FARC en la Mesa de Conversaciones de La Habana?
Solo un vistazo a los seis puntos de la Agenda deja en claro nuestra esencia política: ¿Habría alguna necesidad de hablar de reforma agraria con una organización terrorista?
¿O de participación política? ¿Acerca de mecanismos para refrendar los acuerdos? ¿Hay de qué hablar con una organización esencialmente terrorista?
Por un lado, el gobierno colombiano y sus medios de comunicación quieren hacer creer al mundo que las FARC no tienen apoyo en absoluto entre la población civil.
Por otro lado, están permanentemente deteniendo, amenazando y asesinando a personas presentadas como simpatizantes o militantes de nuestras filas.
Proclaman a los cuatro vientos que somos una "narcoguerrilla" y pretenden que la gente crea que el problema real detrás del narcotráfico somos las FARC, tercamente negando que la problemática del narcotráfico es un problema social.
Y lo es, tanto para los campesinos pobres que cultivan la hoja de coca, como para los -igualmente pobres- pequeños vendedores de drogas que viven en las calles de Chicago o Amsterdam. Mientras tratan a los productores de coca, amapola y marihuana y sus consumidores como criminales, las instituciones del Estado son cómplices de las actividades de los grandes cárteles de la droga, cuya existencia depende de la connivencia de las autoridades.
Mi propósito no es convencer a la gente de nuestro papel como "los buenos de la película”.
Se trata de medir los problemas sociales de Colombia en su justa proporción; por eso la propuesta de una Comisión de Revisión y Esclarecimiento de la Verdad sobre la Historia del Conflicto Interno.
Es obvio que un conflicto tan largo ha causado víctimas de ambas partes y sólo a través de serias investigaciones imparciales podríamos iniciar un proceso de reconciliación nacional y lograr una paz duradera con justicia social.
Este momento es apropiado para reflexionar acerca de la inclusión de las FARC-EP en la lista. Los tiempos han cambiado, las conversaciones de paz son un paso en la dirección correcta.
Nuestra eliminación de la lista de organizaciones terroristas sería un paso significativo hacia una sociedad inclusiva, en la que -estoy segura- las FARC pueden desempeñar un papel positivo como movimiento político.
(*) Alexandra Nariño es integrante de la Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo FARC -EP
http://www.pazfarc-ep.org
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