Un operador privado de aseo confesó este viernes ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, centro de Colombia, los detalles del plan orquestado por un grupo de empresarios, abogados, concejales y particulares contra la decisión del alcalde de Bogotá (capital), Gustavo Petro Urrego, de entregar los contratos de recolección de basuras a una empresa pública.
El contratista Emilio Tapia le dijo a una magistrada del Tribunal que desde el año 2011 se planeó la estrategia, después de conocerse la intención de no prorrogarle los contratos a unas empresas para el barrido y recolección de desechos.
Tapia es uno de los principales testigos de la Fiscalía General de Colombia por el denominado “carrusel de la contratación”.
“Se buscó la forma de afectar este proyecto puesto que los convenios para estas labores iban a ser entregados a una entidad del Distrito”, señaló el contratista.
Este proyecto afectaría los intereses de un grupo poderoso de operadores privados y contratistas que habían recibido estos contratos desde la administración de Antanas Mockus.
“En ese momento se creó el plan para que la ciudad viviera una crisis en la recolección de basuras”, confesó. Los vehículos encargados para esta labor no iban a ser prestados para el nuevo modelo de aseo denominado “Basuras Cero”, dijo Tapia.
El operador aclaró que la idea era disminuir la flota para que fuera “imposible” recoger toda la basura que produce una ciudad como Bogotá.
“La razón era muy sencilla: Si no hay carros recogiendo basuras el alcalde no dura tres días. Ninguna ciudad del mundo se aguanta tres días y tumbamos al alcalde inmediatamente, esa era la estrategia de los operadores privados”, precisó Tapia ante las preguntas de la magistrada del Tribunal.
El contratista recordó que parte de este complot se creó debido a que cuando era senador de Colombia, Gustavo Petro fue uno de los denunciantes de la corrupción administrativa en la contratación pública en Bogotá, en el caso que luego fue conocido como el “carrusel de la contratación”.
“Por eso”, enfatizó, “en el primer semestre tras su elección como alcalde de Bogotá se creó esta estrategia en contra de su plan de Gobierno”.
El pasado 9 de diciembre, la Procuraduría General de Colombia había encontrado que Gustavo Petro “incurrió” en faltas disciplinarias por irregularidades en la implementación del nuevo esquema de recolección de basuras en la capital colombiana.
Por ello, decidió destituir e inhabilitar al alcalde por un periodo de 15 años.
Sin embargo, la Sala Administrativa del Tribunal de Cundinamarca suspendió el pasado 14 de enero el fallo emitido por la Procuraduría.
El Tribunal le ha pedido al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no ejecutar la destitución del alcalde mientras ese alto Tribunal se pronuncia de fondo frente al caso.
En principio habla de un plazo de 10 días.
Para Gustavo Petro Urrego la suspención provisional de la destitución “es un triunfo democrático de la justicia y la ciudadanía”.
teleSUR
