Amplios sectores de Bogotá continuaron movilizándose ayer en apoyo al destituido alcalde de la capital colombiana, Gustavo Petro.
El descontento sigue tan latente como las primeras manifestaciones desplegadas el pasado martes luego que la Procuraduría ordenara su separación del cargo por cambiar supuestamente de manera ilegal el sistema de recolección de basura.
Pero por más que han surgido explicaciones jurídicas sobre la remoción, parece que nada puede borrar el ribete político que el caso arrastra.
Las repercusiones internas de esta decisión han sido amplias.
Tanto ha sido así que Petro ha señalado al presidente Juan Manuel Santos de tener las manos metidas e, incluso, dijo que la medida busca, entre otras cosas, afectar el proceso de diálogo de paz con las Farc.
A lo exetrno, las reacciones tampoco se han hecho esperar.
El alcalde de Quito, por ejemplo, expresó su solidaridad con su colega, mientras la canciller colombiana, María Ángela Holguín, le pidió a EE UU que respetara los asuntos internos.
El pasado lunes, la Procuraduría de Colombia, el organismo de control de los funcionarios, acusó a Petro de haber actuado con dolo en la reforma del sistema de recolección de basura en Bogotá, que pasó de la órbita privada a la pública.
La Procuraduría, además, lo inhabilitó por 15 años para el ejercicio de cualquier cargo público.
Expertos han señalados también que detrás de la destitución se mueven los hilos de los intereses económicos, pues Petro golpeó el negocio a los privados que se encargaban de la recolección de la basura en Bogotá.
El sociólogo Hernán Darío Correa ya había catalogado la decisión del conservador procurador Alejandro Ordóñez como “una tuerca que empieza a apretar la derecha colombiana”.
El caso ha sacudido la vida política del país no sólo por tratarse del segundo funcionario de elección popular más importante de Colombia después del presidente de la República, sino también porque abrió un debate sobre los enormes poderes de Procurador general, quien ha destituido y sancionado a decenas de funcionarios, desde alcaldes, hasta gobernadores, exministros y congresistas.
En este sentido, en un artículo de opinión publicado ayer en el diario El Tiempo, Miguel Uribe Turbay dice que “es necesario abrir el debate sobre las facultades de la Procuraduría, pero bajo ninguna circunstancia, éste debe hacerse entorno a favorecer a un funcionario en particular.
Este organismo ha destituido y sancionado en los últimos 6 años casi 800 alcaldes, 23 gobernadores, concejales, exministros y directores de entidades nacionales, entre otros.
Y asombra, que durante este período, el entonces senador quien votó a favor del actual procurador, y candidato a la presidencia Gustavo Petro, nunca se manifestó en contra de dichas sanciones”.
Turbay señaló que la destutución por 15 años pudo ser exagerada, y que “es legítimo que el alcalde Petro esté en desacuerdo con la decisión del procurador, pero es inaceptable que paralice a la administración convocando funcionarios públicos, que utilice el canal institucional de la ciudad para divulgar su mensaje, que malgaste recursos públicos para financiar las manifestaciones, y que promueva mensajes de odio y resentimiento”.
El miércoles, Petro, un exguerrillero del M-19, llevó el caso de su destitución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que disponga que el Estado colombiano no ejecute tal fallo hasta que el sistema interamericano se pronuncie, informó el miércoles Carlos Rodríguez, uno de los abogados del burgomaestre.
También el miércoles, la Fiscalía anunció que revisaría las pruebas que llevaron a la destitución del alcalde, sin embargo, hasta el medio día de ayer, no había obtenido respuesta.
Por ello, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo solicitó en una carta a la Procuraduría “entregar de forma inmediata la copia del fallo disciplinario”. contra el burgomaestre.
La destitución de Petro aún debe ser ratificada para que el alcalde salga del cargo, lo que podría demorar varias semanas.
Si el procurador rechaza la apelación y ratifica la destitución, el gobierno del presidente Santos debe designar a un alcalde interino y luego convocar nuevas elecciones.
La Presidencia de la República, por su lado, llamó el pasado lunes a las autoridades y los ciudadanos “a conservar la serenida” y dijo que “respeta la decisión de la Procuraduría General de la Nación, así como los recursos que a bien tenga interponer y a los que tiene derecho el señor alcalde”.
El jueves, Petro presentó una acción de tutela ante el tribunal administrativo para solicitar que se suspenda la medida y además va a recurrir la sanción impuesta directamente ante la Procuraduría, en una segunda instancia.
“La defensa considera que la actuación del procurador ha desbordado el orden jurídico y es contraria a la constitución, explicó Luis Eduardo Parra, abogado de la defensa de Petro.
“La competencia para destituir al alcalde bogotano es del presidente”, indicó, por su lado, a la AFP, el abogado Gustavo Zafra, que formó parte del equipo que redactó la Constitución colombiana de 1991.
Según una encuesta publicada ayer, 54% de los habitantes de Bogotá, de siete millones de habitantes, está en desacuerdo con la destitución del alcalde y un 38% la avala.
Entre los que apoyan al alcalde está el grueso de los trabajadores del servicio de recolección de la basura. En este sentido, Hugo Rodríguez, de 51 años, no duda en asegurar que su vida “ha mejorado 100%” gracias a la gestión de Petro.
Por eso, protesta a diario con sus compañeros de labores para evitar que el funcionario salga de su cargo.
Vestido con un uniforme verde del plan “Basura cero”, Rodríguez dijo a la AFP que gracias al alcalde tiene “un trabajo digno”, puede “pagar el arriendo” de su casa y sus cuatro hijos cuentan con seguro de salud.
“Con mis compañeros nos estamos turnando, nosotros somos del turno de la noche y protestamos en la mañana y los del turno de la mañana vendrán más tarde”, manifestó Rodríguez en la céntrica plaza de Bolívar, donde se manifiestan los seguidores de Petro desde que el lunes la Procuraduría anunció decisión.
Entre tanto, la movilización a favor del alcalde cuenta con el apoyo de líderes sociales y organizaciones indígenas de otros puntos del país, que viajaron a la capital para expresar su rechazo a la decisión del procurador.
Sobre cómo la medida de la procuraducía podría afectar las negociaciones de paz entre las Farc y el Gobierno colombiano, el excomisionado y negociador de paz, Camilo Gómez,, dijo que “la decisión genera una buena señal para la guerrilla porque se generó la sensación de que es una decisión más política que jurídica”.
“Las Farc se deben estar preguntando si ellos entran a hacer política, si les va a hacer lo mismo”, añadió Gómez, para quien el fallo del procurador fue errado e inconveniente.
Las Farc ya habían declarado en un comunicado que el procurador “dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia, y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente”.
“La decisión del ultramontano procurador es otro grave golpe contra el proceso de paz de La Habana, que afecta la confianza y la credibilidad”, aseguraron las Farc.
El proceso contra Petro pica y se extiente.
La apelación de la medida puede abrir o cerrar muchas puertas. Las repercusiones están todavía por verse en la política colombiana.
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