Un 74 por ciento de los ciudadanos españoles rechaza el capitalismo, mientras que sólo un 11 por ciento se siente representado por esta posición, de acuerdo con el estudio Values and Worldviews de la Fundación BBVA que compila 15.000 encuestas realizadas en los diez principales países de Europa.
España es, después de Italia, el país donde un mayor porcentaje de la población cree que el Estado debe ser el responsable de asegurar “un nivel de vida digno” (el 74,1 por ciento).
El porcentaje de gente que cree que el Estado se tiene que ocupar directamente de temas como la sanidad o las pensiones es significativamente alto en España, con un 85 por ciento.
Los encuestados son también partidarios de que el Estado se encargue de controlar los beneficios de las empresas, los precios, los salarios…ya que consideran que el libre mercado es “la causa de las desigualdades sociales”.
En España, sólo uno de cada cinco ciudadanos se muestra favorable a las medidas neoliberales que comportan privatizaciones y recortes sociales y abogan por subir impuestos a los más ricos.
Los encuestados también reclaman limitar los ingresos de los ejecutivos de los bancos, regular la banca y aumentar la inversión pública.
Expansión
España es, después de Italia, el país donde un mayor porcentaje de la población cree que el Estado debe ser el responsable de asegurar “un nivel de vida digno” (el 74,1 por ciento).
El porcentaje de gente que cree que el Estado se tiene que ocupar directamente de temas como la sanidad o las pensiones es significativamente alto en España, con un 85 por ciento.
Los encuestados son también partidarios de que el Estado se encargue de controlar los beneficios de las empresas, los precios, los salarios…ya que consideran que el libre mercado es “la causa de las desigualdades sociales”.
En España, sólo uno de cada cinco ciudadanos se muestra favorable a las medidas neoliberales que comportan privatizaciones y recortes sociales y abogan por subir impuestos a los más ricos.
Los encuestados también reclaman limitar los ingresos de los ejecutivos de los bancos, regular la banca y aumentar la inversión pública.
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