La justicia costarricense tiene abiertos expedientes de investigación a 18 altos funcionarios públicos, durante el actual período de gobierno, incluidos la presidenta, Laura Chinchilla, informó el fiscal general, Jorge Chavarría.
Las indagaciones se realizan ante denuncias provenientes de la Contraloría General de la República, la Procuraduría, de ciudadanos y la prensa, explicó.
Es función del Ministerio Público determinar si esas acusaciones tienen o no fundamento para acusar a los funcionarios ante los tribunales.
En el caso de la mandataria, la Fiscalía investiga si la firma de un decreto para un desalojo puede configurar el delito de abuso de autoridad, pues se realizó sin haberse publicado previamente.
Al respecto, el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, afirmó a la prensa que es un asunto de tierras en cuyo desalojo la Presidenta no tuvo participación directa.
En otros asuntos hay denuncias por tráfico de influencias, prevaricato (resolver contra la ley), peculado y hasta lesiones leves.
Este último fue el caso del diputado opositor José María Villalta, del Frente Amplio, quien dijo a periodistas que es una denuncia falsa presentada por un grupo de policías durante la protesta en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Estaría preocupado si me investigan por robarme el dinero del pueblo o por otros actos de corrupción, sentenció.
Chavarría manifestó que el procedimiento actual para investigar a miembros de supremos poderes no responde a las complejidades del entorno social vigente, pues tiene regulaciones particulares en el Código Procesal Penal, que vuelve lento el proceso.
Entre los investigados también figuran el vicepresidente, Luis Liberman, los ministros Leonardo Garnier (Educación) y Roberto Gallardo (Planificación); tres exministros, siete diputados de cinco partidos políticos, y otros altos funcionarios que abandonaron sus cargos.
Hasta el Fiscal General está sometido a indagatoria por decisión de la Corte Suprema de Justicia, por su actuación en el caso del exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, a quien se investiga por el manejo de dinero donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Es función del Ministerio Público determinar si esas acusaciones tienen o no fundamento para acusar a los funcionarios ante los tribunales.
En el caso de la mandataria, la Fiscalía investiga si la firma de un decreto para un desalojo puede configurar el delito de abuso de autoridad, pues se realizó sin haberse publicado previamente.
Al respecto, el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, afirmó a la prensa que es un asunto de tierras en cuyo desalojo la Presidenta no tuvo participación directa.
En otros asuntos hay denuncias por tráfico de influencias, prevaricato (resolver contra la ley), peculado y hasta lesiones leves.
Este último fue el caso del diputado opositor José María Villalta, del Frente Amplio, quien dijo a periodistas que es una denuncia falsa presentada por un grupo de policías durante la protesta en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Estaría preocupado si me investigan por robarme el dinero del pueblo o por otros actos de corrupción, sentenció.
Chavarría manifestó que el procedimiento actual para investigar a miembros de supremos poderes no responde a las complejidades del entorno social vigente, pues tiene regulaciones particulares en el Código Procesal Penal, que vuelve lento el proceso.
Entre los investigados también figuran el vicepresidente, Luis Liberman, los ministros Leonardo Garnier (Educación) y Roberto Gallardo (Planificación); tres exministros, siete diputados de cinco partidos políticos, y otros altos funcionarios que abandonaron sus cargos.
Hasta el Fiscal General está sometido a indagatoria por decisión de la Corte Suprema de Justicia, por su actuación en el caso del exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, a quien se investiga por el manejo de dinero donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica.
