El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, ha promulgado este sábado una Ley para esclarecer la violación de los derechos humanos por parte de Estados Unidos y el Reino Unido.
La ley, aprobada anteriormente por la Asamblea Consultiva Islámica de Irán (Mayles), cuenta con la ratificación del Consejo de Guardianes de la República Islámica.
Irán ha destinado un monto anual de 20 millones de dólares y encargado la formación de un grupo de trabajo, supervisado por el ministerio de Inteligencia del país, para hacer frente a los complots y restricciones injustas que Washington y Londres imponen a Teherán.
Según dicha ley, el ministerio de Inteligencia de Irán presentará informes trimestrales sobre los casos de violación de los derechos humanos de estos Estados occidentales al Consejo de Seguridad Nacional y al Comité de Política Exterior del Parlamento iraní, y la Cancillería persa se encargará, por último, de emitir informes anuales al respecto, el tres de noviembre de cada año.
En el grupo de trabajo figuran, asimismo, el ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, la Organización para la Cultura y las Comunicaciones Islámicas y un miembro del Consejo de Seguridad Nacional y el Comité de Política Exterior del Parlamento.
EE.UU. está bajo un riguroso escrutinio después de que se divulgara en 2011 el informe anual del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos sobre los numerosos casos de violación de esos mismos derechos en Norteamérica.
El dedo acusador de EE.UU. no deja de señalar, y poco importa que se le acuse, en este caso la ONU, de tortura, de practicar una especie de ahogamiento simulado con los presuntos sospechosos de terrorismo, la mayoría detenidos durante décadas sin cargos en la prisión de Guantánamo, en Cuba.
Londres también ha estado en la mira de los activistas de derechos humanos en los últimos dos años por el uso de balines de goma y cañones de agua contra los manifestantes y otras controvertidas técnicas de detención, para silenciar, o mejor, ahogar las protestas.
El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos actuará contra estas dos grandes potencias occidentales, por ejemplo, imponiéndoles sanciones, o estas se aplican exclusivamente a los países hacia los que apunta, precisamente, el dedo acusador del Occidente, con o sin derecho.
Diario Octubre
La ley, aprobada anteriormente por la Asamblea Consultiva Islámica de Irán (Mayles), cuenta con la ratificación del Consejo de Guardianes de la República Islámica.
Irán ha destinado un monto anual de 20 millones de dólares y encargado la formación de un grupo de trabajo, supervisado por el ministerio de Inteligencia del país, para hacer frente a los complots y restricciones injustas que Washington y Londres imponen a Teherán.
Según dicha ley, el ministerio de Inteligencia de Irán presentará informes trimestrales sobre los casos de violación de los derechos humanos de estos Estados occidentales al Consejo de Seguridad Nacional y al Comité de Política Exterior del Parlamento iraní, y la Cancillería persa se encargará, por último, de emitir informes anuales al respecto, el tres de noviembre de cada año.
En el grupo de trabajo figuran, asimismo, el ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, la Organización para la Cultura y las Comunicaciones Islámicas y un miembro del Consejo de Seguridad Nacional y el Comité de Política Exterior del Parlamento.
EE.UU. está bajo un riguroso escrutinio después de que se divulgara en 2011 el informe anual del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos sobre los numerosos casos de violación de esos mismos derechos en Norteamérica.
El dedo acusador de EE.UU. no deja de señalar, y poco importa que se le acuse, en este caso la ONU, de tortura, de practicar una especie de ahogamiento simulado con los presuntos sospechosos de terrorismo, la mayoría detenidos durante décadas sin cargos en la prisión de Guantánamo, en Cuba.
Londres también ha estado en la mira de los activistas de derechos humanos en los últimos dos años por el uso de balines de goma y cañones de agua contra los manifestantes y otras controvertidas técnicas de detención, para silenciar, o mejor, ahogar las protestas.
El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos actuará contra estas dos grandes potencias occidentales, por ejemplo, imponiéndoles sanciones, o estas se aplican exclusivamente a los países hacia los que apunta, precisamente, el dedo acusador del Occidente, con o sin derecho.
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