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El expresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela Eladio Aponte Aponte fue destituido el martes 20 de marzo por su presunta relación con un sospechoso de narcotráfico.
Trece días después, el lunes 2 de abril, llegó a Costa Rica, confirmaron Mauricio Boraschi, viceministro de la Presidencia y jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS); y el Ministro de Seguridad, Mario Zamora.
Ambos precisaron que Eladio Aponte, de 63 años, arribó a las 5:22 p. m. en un vuelo procedente de Panamá, aunque se cree que antes estuvo en Dominicana.
Aponte entró con visa de turista y, por tanto, puede permanecer aquí en esa condición por 30 días. Ayer, no fue posible ubicarlo.
Pese a haber sido convocado, el magistrado Eladio Aponte Aponte no se presentó en la audiencia pautada para este martes, ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN).
El secretario de la AN, Iván Zerpa, destacó que el día martes 13 de marzo, en sesión ordinaria, fue oficiada una notificación de la respectiva audiencia ante la Asamblea Nacional a Aponte Aponte.
La misma fue recibida por la asistente del Magistrado; sin embargo, éste no se presentó ante el Parlamento Nacional.
El diputado socialista, José Morales, explicó, además, que en sesión ordinaria del día 13 de marzo, el Poder Legislativo recibió del Consejo Moral Republicano el expediente de las faltas del magistrado Aponte Aponte.
Dijo que ese mismo día, se designó una comisión especial integrada por los diputados Robert Serra, Richard Blanco, Edgar Zambrano y Hugbel Roa, para investigar el caso.
El magistrado Eladio Aponte está vinculado con el presunto narcotraficante Walid Makled.
La audiencia se realizaría de acuerdo con el artículo 265 de la Constitución, que contempla de manera directa que los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podrán ser removidos por la Asamblea Nacional (AN) por previa calificación de falta grave, considerada por el Poder Ciudadano.
Se considera que Aponte perjudicó los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por supuestamente haber atentado contra la ética pública y la moral administrativa, con base en las denuncias del presidente de Unión Republicana Democrática (URD), Rafael Rodríguez Mudarra.
Rodríguez acusó a Aponte de entregarle una credencial al presunto narcotraficante Walid Makled, que lo acreditaba como “comisionado” del Consejo Moral Republicano, y que le sirvió para actuar impunemente por todo el territorio nacional.
Ambos precisaron que Eladio Aponte, de 63 años, arribó a las 5:22 p. m. en un vuelo procedente de Panamá, aunque se cree que antes estuvo en Dominicana.
Aponte entró con visa de turista y, por tanto, puede permanecer aquí en esa condición por 30 días. Ayer, no fue posible ubicarlo.
Pese a haber sido convocado, el magistrado Eladio Aponte Aponte no se presentó en la audiencia pautada para este martes, ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN).
El secretario de la AN, Iván Zerpa, destacó que el día martes 13 de marzo, en sesión ordinaria, fue oficiada una notificación de la respectiva audiencia ante la Asamblea Nacional a Aponte Aponte.
La misma fue recibida por la asistente del Magistrado; sin embargo, éste no se presentó ante el Parlamento Nacional.
El diputado socialista, José Morales, explicó, además, que en sesión ordinaria del día 13 de marzo, el Poder Legislativo recibió del Consejo Moral Republicano el expediente de las faltas del magistrado Aponte Aponte.
Dijo que ese mismo día, se designó una comisión especial integrada por los diputados Robert Serra, Richard Blanco, Edgar Zambrano y Hugbel Roa, para investigar el caso.
El magistrado Eladio Aponte está vinculado con el presunto narcotraficante Walid Makled.
La audiencia se realizaría de acuerdo con el artículo 265 de la Constitución, que contempla de manera directa que los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podrán ser removidos por la Asamblea Nacional (AN) por previa calificación de falta grave, considerada por el Poder Ciudadano.
Se considera que Aponte perjudicó los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por supuestamente haber atentado contra la ética pública y la moral administrativa, con base en las denuncias del presidente de Unión Republicana Democrática (URD), Rafael Rodríguez Mudarra.
Rodríguez acusó a Aponte de entregarle una credencial al presunto narcotraficante Walid Makled, que lo acreditaba como “comisionado” del Consejo Moral Republicano, y que le sirvió para actuar impunemente por todo el territorio nacional.
