La construcción de una carretera costarricense en las cercanías del río San Juan de Nicaragua causa alarma entre los defensores del medio ambiente: está en peligro un ecosistema frágil con valor para el Corredor Biológico Mesoamericano.
Reservas adyacentes de la biosfera y áreas de humedales internacionalmente protegidas dependen del flujo limpio e ininterrumpido del río para su supervivencia, alegan las autoridades de este país, mientras que en la vecina nación prosiguen las obras.
Con unos 120 kilómetros de extensión, el camino corre en paralelo a la ribera sur del cauce, que en parte de su trayecto define el territorio limítrofe, objeto de históricos diferendos.
La zona en riesgo conecta los mejores ecosistemas del norte de Centroamérica con los del sur, por tanto resulta clave en la conservación del bosque húmedo tropical de la región, señaló aquí el doctor Jaime Incer, experto en la materia.
A los estragos inmediatos podrían sumarse otros debido a los megaproyectos de infraestructura turística previstos por el Ejecutivo de Costa Rica en las proximidades del cauce, alertó la Fundación Amigos del Río San Juan (Fundar), mediante su presidente, Norwin Torres.
Fundar constató in situ la migración de especies de peces por la pérdida de su hábitat y cerca de 200 puntos de arrastre de sedimentos que van a parar directamente al torrente como consecuencia del desbroce del terreno, dijo Torres a la prensa.
La carretera tendrá un grave impacto "al degradar aún más el suelo, ya desbastado por la deforestación, debida principalmente a los desarrollos agrícolas e industriales en territorio costarricense", señaló Nicaragua en demanda ante la Corte Internacional de Justicia.
Durante las últimas semanas, la Administración del presidente Daniel Ortega pidió la intervención de distintos mecanismos multilaterales para detener las labores constructivas.
El doctor Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, luego de notificar el reclamo, consideró que ese tribunal podría "en un corto plazo" ordenar la presentación de los estudios ambientales a las autoridades ticas.
Nicaragua también envió reportes a la Convención Ramsar (relativa a la protección de humedales), la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Además, recibieron notificación del caso la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, uno de los órganos del Sistema de la Integración Centroamericana, y el Penuma, la agencia de las Naciones Unidas para la Preservación del Medio Ambiente.
A Nicaragua le interesa buscar el consenso para resolver el problema, subrayó la ministra del Ambiente y los Recursos Naturales, Juana Argeñal, entrevistada por la Revista En Vivo del Canal 4 de la televisión nacional.
En primer lugar, refirió, invitamos a Costa Rica a detener la obra y presentar los Estudios de Impacto Ambiental, a fin de que busquemos soluciones para mitigar o restaurar los daños.
Al referirse al tema el pasado 28 de noviembre, el presidente Daniel Ortega exhortó a entablar conversaciones con la mediación de México y Guatemala, cuyos gobiernos están interesados en prestar ayuda.
Ambientalistas de los dos países respaldan el diálogo, así lo confirmó el costarricense Alberto Cabezas, presidente de la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz, que junto a agrupaciones nicaragüenses recopilaron evidencias sobre los estragos.
"Ver la destrucción del lugar es algo impresionante, ver la contaminación en los ríos a simple vista es algo bárbaro", dijo Cabezas a periodistas en Managua. El activista informó que Déjame Vivir en Paz colocó un recurso de amparo en contra de la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de ese país, a fin de reclamar el cese de la agresión a la naturaleza.
Aunque las autoridades costarricenses siguen negadas a ofrecer explicaciones, el canciller nicaragüense, Samuel Santos, ratificó el interés de mantener un "diálogo fraterno".
Mientras, el vicecanciller costarricense, Carlos Roverssi, descartó que fueran a suspender la construcción de la carretera y la mandataria Chinchilla restó importancia a la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
"Estamos muy seguros de lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo de la manera correcta", declaró la gobernante.
De acuerdo con Roverssi, el Ejecutivo de su país prepara una respuesta oficial y espera entregarla al tribunal de La Haya en los primeros días de enero de 2012.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Enrique Castillo, aseguró que la construcción de la carretera surgió como una necesidad ante las "agresiones" nicaragüenses, por la supuesta incursión de soldados pertenecientes al batallón ecológico, abanderado recientemente por Ortega con la encomienda de trabajar en la preservación de diversos espacios naturales.
"Estamos amenazados por el Ejército nicaragüense, que está recorriendo la frontera con un pelotón llamado ecológico de 500 soldados", aseveró Castillo, citado por diversos medios de prensa.
Para el excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa, las reiteradas declaraciones de Castillo son "tristes e insólitas" y tipifican una actitud belicista, que nadie aquí pretende emular.
En medio del conflicto, el cardenal Miguel Obando y Bravo elogió la actitud del gobierno sandinista al intentar acuerdos por la vía pacífica y abogó por defender el mecanismo del diálogo.
Expertos en Derecho Internacional, como el doctor Manuel Madriz, destacan otra arista de la querella: El gobierno costarricense viola nuevamente el tratado Jerez-Cañas y el laudo Cleveland, dos herramientas jurídicas del siglo XIX, que establecen el sumo imperio de Nicaragua sobre el San Juan.
Dichos documentos fijan la perpetuidad de la navegabilidad del río, desde sus inicios en el lago Cocibolca hasta la desembocadura en el Mar Caribe, subrayó.
Obras de dragado en el río Colorado y explotaciones agrícolas en Costa Rica provocaron un deterioro del cauce en suelo nicaragüense, de ahí los trabajos emprendidos aquí fines de 2010 para rescatar la navegabilidad del San Juan, que constituye la principal vía de drenaje para el Gran Lago de Nicaragua.
Un efecto prolongado de "agua estancada", advierten los expertos, serviría para criaderos de mosquitos y llevaría por falta de oxigenación a la muerte de la flora y fauna en un vasto territorio.
Cuando tanta riqueza medioambiental está en riego, nadie saldría ganando con la devastación; ahí se halla la urgencia.
Con unos 120 kilómetros de extensión, el camino corre en paralelo a la ribera sur del cauce, que en parte de su trayecto define el territorio limítrofe, objeto de históricos diferendos.
La zona en riesgo conecta los mejores ecosistemas del norte de Centroamérica con los del sur, por tanto resulta clave en la conservación del bosque húmedo tropical de la región, señaló aquí el doctor Jaime Incer, experto en la materia.
A los estragos inmediatos podrían sumarse otros debido a los megaproyectos de infraestructura turística previstos por el Ejecutivo de Costa Rica en las proximidades del cauce, alertó la Fundación Amigos del Río San Juan (Fundar), mediante su presidente, Norwin Torres.
Fundar constató in situ la migración de especies de peces por la pérdida de su hábitat y cerca de 200 puntos de arrastre de sedimentos que van a parar directamente al torrente como consecuencia del desbroce del terreno, dijo Torres a la prensa.
La carretera tendrá un grave impacto "al degradar aún más el suelo, ya desbastado por la deforestación, debida principalmente a los desarrollos agrícolas e industriales en territorio costarricense", señaló Nicaragua en demanda ante la Corte Internacional de Justicia.
Durante las últimas semanas, la Administración del presidente Daniel Ortega pidió la intervención de distintos mecanismos multilaterales para detener las labores constructivas.
El doctor Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, luego de notificar el reclamo, consideró que ese tribunal podría "en un corto plazo" ordenar la presentación de los estudios ambientales a las autoridades ticas.
Nicaragua también envió reportes a la Convención Ramsar (relativa a la protección de humedales), la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Además, recibieron notificación del caso la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, uno de los órganos del Sistema de la Integración Centroamericana, y el Penuma, la agencia de las Naciones Unidas para la Preservación del Medio Ambiente.
A Nicaragua le interesa buscar el consenso para resolver el problema, subrayó la ministra del Ambiente y los Recursos Naturales, Juana Argeñal, entrevistada por la Revista En Vivo del Canal 4 de la televisión nacional.
En primer lugar, refirió, invitamos a Costa Rica a detener la obra y presentar los Estudios de Impacto Ambiental, a fin de que busquemos soluciones para mitigar o restaurar los daños.
Al referirse al tema el pasado 28 de noviembre, el presidente Daniel Ortega exhortó a entablar conversaciones con la mediación de México y Guatemala, cuyos gobiernos están interesados en prestar ayuda.
Ambientalistas de los dos países respaldan el diálogo, así lo confirmó el costarricense Alberto Cabezas, presidente de la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz, que junto a agrupaciones nicaragüenses recopilaron evidencias sobre los estragos.
"Ver la destrucción del lugar es algo impresionante, ver la contaminación en los ríos a simple vista es algo bárbaro", dijo Cabezas a periodistas en Managua. El activista informó que Déjame Vivir en Paz colocó un recurso de amparo en contra de la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de ese país, a fin de reclamar el cese de la agresión a la naturaleza.
Aunque las autoridades costarricenses siguen negadas a ofrecer explicaciones, el canciller nicaragüense, Samuel Santos, ratificó el interés de mantener un "diálogo fraterno".
Mientras, el vicecanciller costarricense, Carlos Roverssi, descartó que fueran a suspender la construcción de la carretera y la mandataria Chinchilla restó importancia a la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
"Estamos muy seguros de lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo de la manera correcta", declaró la gobernante.
De acuerdo con Roverssi, el Ejecutivo de su país prepara una respuesta oficial y espera entregarla al tribunal de La Haya en los primeros días de enero de 2012.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Enrique Castillo, aseguró que la construcción de la carretera surgió como una necesidad ante las "agresiones" nicaragüenses, por la supuesta incursión de soldados pertenecientes al batallón ecológico, abanderado recientemente por Ortega con la encomienda de trabajar en la preservación de diversos espacios naturales.
"Estamos amenazados por el Ejército nicaragüense, que está recorriendo la frontera con un pelotón llamado ecológico de 500 soldados", aseveró Castillo, citado por diversos medios de prensa.
Para el excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa, las reiteradas declaraciones de Castillo son "tristes e insólitas" y tipifican una actitud belicista, que nadie aquí pretende emular.
En medio del conflicto, el cardenal Miguel Obando y Bravo elogió la actitud del gobierno sandinista al intentar acuerdos por la vía pacífica y abogó por defender el mecanismo del diálogo.
Expertos en Derecho Internacional, como el doctor Manuel Madriz, destacan otra arista de la querella: El gobierno costarricense viola nuevamente el tratado Jerez-Cañas y el laudo Cleveland, dos herramientas jurídicas del siglo XIX, que establecen el sumo imperio de Nicaragua sobre el San Juan.
Dichos documentos fijan la perpetuidad de la navegabilidad del río, desde sus inicios en el lago Cocibolca hasta la desembocadura en el Mar Caribe, subrayó.
Obras de dragado en el río Colorado y explotaciones agrícolas en Costa Rica provocaron un deterioro del cauce en suelo nicaragüense, de ahí los trabajos emprendidos aquí fines de 2010 para rescatar la navegabilidad del San Juan, que constituye la principal vía de drenaje para el Gran Lago de Nicaragua.
Un efecto prolongado de "agua estancada", advierten los expertos, serviría para criaderos de mosquitos y llevaría por falta de oxigenación a la muerte de la flora y fauna en un vasto territorio.
Cuando tanta riqueza medioambiental está en riego, nadie saldría ganando con la devastación; ahí se halla la urgencia.
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