La iniciativa fue avalada por 153 votos a favor y 26 en contra, en
tanto que una mayoría de legisladores opositores dieron su apoyo a la
medida, que ahora será tratada en el Senado, reseñó la agencia AP.
El proyecto no contempla la retroactividad y por tanto no vulnera
derechos adquiridos, y de ese 15% de límite no podrá haber más de 30% en
manos de “personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad”.
También contempla la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales que realizará un relevamiento catastral y de dominio, además de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
En el texto se afirma que “las tierras rurales de un mismo titular
extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas o superficie
equivalente, según la ubicación territorial”.
Igualmente, la iniciativa fija excepciones para aquellos extranjeros
casados con ciudadanos argentinos, los que cuenten con 10 años de
residencia continua y comprobada en el país, y los que tengan hijos
argentinos y demuestren una residencia permanente de cinco años.
La normativa además establece prohibiciones para la venta de
superficies que “contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de
envergadura y permanentes”.
Al asumir la nueva presidencia el 10 de diciembre pasado, Cristina Fernández explicó que, según la Organización para la Agricultura y los Alimentos (FAO, según sus siglas en inglés) el 10% de las tierras argentinas están en manos extranjeras.
En ese momento, la mandataria llamó a aprobar la norma, “que no es
xenofóbica, que no afecta derechos adquiridos, que simplemente quiere
cuidar un recurso estratégico como es la tierra en un mundo que va a
necesitar de los alimentos como de la energía”.
En la actualidad, Argentina es una potencia agroalimentaria en donde se cosechan unos cien millones de granos anuales.
AVN
