La situación de bloqueo en la investigación de los crímenes
franquistas, el robo de niños y la exhumación de fosas, ha llevado a las
víctimas a acudir a la ONU como única vía urgente ante la lentitud de
los tribunales españoles y otras instancias internacionales y ante la
negativa del Estado español a cumplir su labor de búsqueda de todos los
desaparecidos.
Según ha podido conocer nuevatribuna.es, las víctimas del franquismo formalizaron este miércoles su denuncia ante la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra (Suiza).
El escrito, de más de cien páginas, va dirigido al Relator Especial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Inhumanos, el argentino Juan Méndez,
al que de forma expresa se le pide que actúe de manera “urgente” para
poner fin al sufrimiento de los familiares que siguen sin saber donde se
encuentran sus seres queridos, muchos de ellos en situación de
“especial riesgo al tratarse de personas de avanzada edad”, señala el autor del texto Miguel Ángel Rodríguez Arias,
autor a su vez del caso de los ‘Niños Perdidos. Crímenes contra la
Humanidad’ y de las primeras investigaciones jurídicas sobre los
desaparecidos del franquismo.
La denuncia ha sido suscrita por varios colectivos de víctimas en otra de las acciones internacionales a su alcance aunque no descartan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo o el Relator ONU para la prevención del genocidio. Se trata, además, de la primera denuncia que las víctimas del franquismo presentan ante la ONU.
Las víctimas fundamentan su petición de “acción urgente” en la persistencia de “trato inhumano, cruel y degradante” por parte de Gobierno
hacia varios miles de familiares directos de los desaparecidos de la
dictadura franquista (casos de las fosas comunes clandestinas y de los
niños víctimas de desaparición forzada), por no cumplir su deber en la
localización de los restos mortales de al menos 113.000 víctimas desaparición forzada abandonados en fosas comunes clandestinas y de cientos de desaparecidos en combate en escenarios como la batalla del Ebro
con restos mortales directamente insepultos, lo que viola el Segundo
Protocolo de la Convención de Ginebra y la Convención de la Haya de
1898.
Una vez presentada la denuncia, el Relator –que es el que tiene
competencias inmediatas ante una situación de sufrimiento-, podría
iniciar en cualquier momento un procedimiento de investigación in situ,
es decir, viniendo a España y acudiendo a los lugares donde se sabe
están las fosas clandestinas, además de entrevistarse con los
familiares.
También podría optar por dirigirse por escrito al Gobierno
para pedirle explicaciones de lo que está sucediendo.
