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| Primera dama, Nadine Heredia, presidente Ollanta Humala y embajador de España, Javier Sandomingo, en recepción ofrecida por este último en su residencia. En el encuentro, el diplomático le expresó al presidente su preocupación por situación de Telefónica (Foto: Caretas). |
El presidente de Perú, Ollanta Humala, rechazó la presión
diplomática española a favor de la empresa Telefónica de ese país, que
se resiste a pagar aquí una cuantiosa cuenta de impuestos, según un
informe privado, reporta PL.
La página de Internet IDL-Reporteros
(http://idl-reporteros.pe/), afirmó que el embajador de España en Perú,
Javier Sandomingo, expresó al mandatario su preocupación -forma usual de
presión diplomática- por el cobro, a lo que el gobernante replicó que
Telefónica debe pagar su deuda tributaria.
Fuentes cercanas al palacio de gobierno, consultadas por Prensa
Latina, se abstuvieron de confirmar o negar la versión según la cual el
gobernante se limitó a responder que la empresa española debe pagar su
deuda tributaria.
La versión periodística indicó que la deuda corresponde a tributos
impagos, que Telefónica no reconoce, de los años 2000 y 2009, por una
suma de aproximadamente 775 millones de dólares.
Señala que la firma hispana llevó el tema a los tribunales y habría
sido favorecida insólitamente por una fiscal que rebajó la deuda a menos
de la mitad, sin fundamentos técnicos, pese a lo cual el organismo de
impuestos insiste en cobrarla.
El informe señala que el 2 de septiembre último Telefónica presentó
una demanda en torno al tema contra el Estado peruano, ante el
transnacional Centro Internacional de Arbitraje sobre inversiones
(Ciadi).
La demanda fue desmentida por la empresa, que negó haberla presentado
y aseguró que busca una solución del problema, conciliada con el Estado
peruano.
Entretanto, los legisladores oficialistas Jaime Delgado y Yonhy
Lescano, de la Comisión parlamentaria de Defensa del Cosumidor,
coincidieron en señalar que si Telefónica persiste en negarse a pagar
los tributos que adeuda, el gobierno debe negarle la renovación de sus
concesiones.
Delgado y Lescano reiteraron sus acusaciones contra la empresa, de
abusos y privilegios en desmedro del Estado y el público usuario.
