"Wall Street es el único sector que cuenta con un sistema de justicia
privada en el que se resuelven crímenes fuera de los tribunales en
procesos de arbitraje secretos, que ha succionado miles de millones de
dólares de la teta pública, que ha escapado a juicios por el colapso
financiero, y que puede poner a la fuerza municipal armada en las aceras
para intimidar a manifestantes que buscan reajustar su democracia."
En Internet están surgiendo videos que muestran a miembros uniformados
de la policía de Nueva York con camisa blanca (a diferencia de los
típicos uniformes de Policía de Nueva York) rociando pimienta y con
actitudes brutales contra manifestantes pacíficos, que no representan
ninguna amenaza y que intentan ser parte de las marchas Occupy Wall
Street. Los grandes medios de comunicación han informado de que estas
camisas blancas son supervisores de la policía y no oficiales. Sin
embargo, los documentos recientemente descubiertos sugieren que eso no
es totalmente cierto.
Los gigantes de Wall Street cuentan con
un sinfín de oportunidades para privatizar sus ganancias y socializar
las pérdidas más allá de recoger miles de millones de dólares en los
rescates de los contribuyentes.
Uno de los métodos más ingeniosos que
han pasado desapercibidos fue iniciado por el gobierno de Rudy Giuliani
en Nueva York en 1998. Se llama la Unidad de Servicio Policial Pagado
que permite que la Bolsa de Nueva York y las corporaciones de Wall
Street, incluyendo aquellas acusadas de múltiples delitos, contraten un
contingente de agentes policiales de Nueva York con la misma facilidad
con que se ordena una pizza.
Las empresas pagan un promedio de
USD 37 por hora (sin médico, sin pensiones y sin horas extras) por
policía de Nueva York, con arma, esposas y potestad de arresto. El
oficial es indemnizado por el contribuyente, no por la corporación.
Nueva York recibe una cuota de 10 por ciento por gastos de
administración, adicionales a los USD 37 por hora que se paga a la
policía. El presupuesto de 2011 de la ciudad incluye USD 1.184.000
dólares en ingresos por la Unidad de Servicio Policial Pagado, es decir,
las empresas privadas estaban pagando USD 11,8 millones en salarios a
los policías de la Unidad Pagada. La contribución del programa al
presupuesto se ha más que duplicado desde 2002.
El
contribuyente paga el entrenamiento de los rent-a-poli, sus uniformes y
pistolas, y paga los costes de las demandas de abuso de fuerza policial
cometido por estos agentes al aplicar las instrucciones ilegales de sus
amos corporativos. Y vaya que hay demandas.
Cuando se dio
inició al programa originalmente, un perspicaz miembro de la policía de
Nueva York publicó lo siguiente en un foro electrónico: "... en relación
con el oficial que trabaja y es pagado por algunas de las personas y
organizaciones más ricas de la ciudad, si no del mundo, hacer cumplir
los mandatos de la empresa privada, de hecho, convierten al oficial de
policía en una guardia pretoriana de la élite de la ciudad. Así, la
corrupción deja de ser un problema. ¿A quién engañan?"
Sólo
este año, el Departamento de Justicia reveló serios problemas con la
unidad de policía pagada de Nueva Orleáns, donde enfrentan un tsunami de
acusaciones de corrupción, que revelan pagos en efectivo a los policías
y la creación, por parte de miembros del departamento, de sociedades de
responsabilidad limitada para ejecutar más de USD 250.000 en trabajos
de la unidad pagada facturados a la ciudad.
Cuando colapsó la
tristemente célebre firma de Wall Street, Lehman Brothers, el 15 de
septiembre de 2008, su declaratoria de quiebra de 2009 reveló que le
debía dinero a 21 miembros de la Unidad de Policía pagada de Nueva York
(el departamento no ha respondido a nuestras llamada de teléfono ni al
correo electrónico en el que solicitamos información sobre las firmas de
Wall Street que participan en el programa. Los sindicatos policiales
indican tener escasa información sobre el programa).
Otras
firmas de Wall Street que se sabe que han utilizado el servicio policial
pagado incluyen a Goldman Sachs, el complejo del World Financial
Center, que alberga a múltiples empresas financieras, y la Bolsa de
Nueva York.
La Bolsa de Nueva York es el edificio al frente del
cual los manifestantes del Occupy Wall Street han intentado protestar
sin éxito, siendo conducidos detrás de barricadas de metal, golpeados
con porras y patadas en la cara y llevados presos para impedir que la
última plantación de los Estados Unidos se contaminara con los cánticos y
carteles ciudadanos (carteles políticamente inconvenientes y cánticos
que repiten: "Los corruptos nos tienen miedo, los honrados nos apoyan;
los heroicos se nos unen", "Dime cómo es la democracia, así es la
democracia", "Creeré que una corporación es una persona cuando Texas
ejecute a una".
Este último cartel se refiere a la decisión de la Corte
Suprema de los EE.UU. de 2010, del caso Ciudadanos Unidos vs. la
Comisión Federal Electoral, que le otorgó a las corporaciones calidad de
personería bajo la Primera Enmienda, y que les permite gastar
cantidades ilimitadas de dinero en las campañas electorales).
El 8 de septiembre de 2004, Robert Britz, entonces Presidente y
Co-Director de Operaciones de la Bolsa de Nueva York, declaró lo
siguiente a la Comisión Estadounidense de Servicios Financieros:
"... Hemos implementado nuevas normas de contratación que requieren
experiencia policial o militar para el personal de seguridad... Hemos
establecido un perímetro de vigilancia de los centros de datos con
Unidades policiales pagadas... Hemos puesto en marcha control del
tráfico y detección de vehículos en los puestos de control. Hemos
instalado barreras móviles y fijas".
¿Antecedentes militares,
policías neoyorkinos a sueldo 24-7, puestos de control, barreras para
vehículos? Es increíble pensar que la Bolsa de Nueva York originalmente
negociaba las acciones con un apretón de manos debajo de un árbol al
aire libre en la Calle del Muro.
En su testimonio, el ejecutivo
de la Bolsa de Nueva York, Britz, indicó que "nosotros" hicimos esto o
"nosotros" hicimos aquello al hablar de funciones que claramente le
pertenecían a la ciudad de Nueva York. En ese momento, la Bolsa de
Valores de Nueva York no era de accionariado difundido y le pertenecía a
quienes habían comprado asientos – principalmente las mayores empresas
de Wall Street.
¿Acaso la bolsa simplemente se adjudicó poderes
policiales para cerrar calles y establecer puntos de control con
policías de alquiler? ¿Qué hay de golpear a los manifestantes en la
acera?
Sólo seis meses antes del testimonio de Britz ante un
comité del Congreso, su organización estaba siendo demandada en la Corte
Suprema del Condado de Nueva York por tomar control de manera ilegal de
la vía pública. Esta acción había paralizado el negocio de un
estacionamiento, Wall Street Parking Garage Corp., el demandante en el
caso.
El juez Walter Tolub dijo en su opinión que "...una entidad
privada, la Bolsa de Nueva York, había asumido la responsabilidad de
patrullaje y el mantenimiento de bloqueos en siete intersecciones
alrededor de la Bolsa de Nueva York ... al parecer sin habérsele
otorgado autoridad formal ninguna para mantener esos bloqueos y/o para
realizar registros de seguridad en dichos puntos de control ... el
cierre de estas intersecciones por la Bolsa de Nueva York equivale a una
alteración del orden público ...
La Bolsa de Nueva York aún no ha
proporcionado a este tribunal ninguna evidencia de un acuerdo que le
diera la autoridad para mantener un perímetro de seguridad y/o realizar
los cateos que realiza su fuerza de seguridad privada todos los días.
Por lo tanto, las acciones de la Bolsa de Nueva York son ilegales y
demandables, ya que violan los derechos civiles del demandante como
ciudadano privado".
El caso fue apelado, la sentencia revocada,
y devuelta al mismo juez que no tuvo otra opción que desestimar el caso
ante la sentencia de apelación, ya que el demandante "no había sufrido
ningún daño mayor que el de la comunidad en general". ¿Todo el mundo en
el bajo Manhattan es dueño de un garaje de estacionamiento que está
perdiendo su base de clientes porque las calles están bloqueadas?
Algunos creen que Wall Street tiene privilegios especiales y protección
porque el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, le debe sus 18 mil
millones dólares (sí, es del 1 por ciento por el que protesta el 99 por
ciento) a Wall Street. El alcalde fue en su anterior vida agente de
Salomon Brothers, el banco de inversión que se hizo famoso por intentar
embaucar al Tesoro de los EE.UU. con bonos de dos años.
El
Imperio comercial del alcalde que lleva su nombre, incluye el
impresionante terminal Bloomberg, un computador que aloja enormes
cantidades de datos sobre los precios de las acciones y los bonos,
investigación, noticias, funciones de gráficos y mucho más.
Actualmente,
se estiman en 290.000 los terminales en los pisos de negociación de las
bolsas alrededor del mundo, que generan aproximadamente USD 1.500 en
alquiler por terminal y mes.
Esto significa unos nada deleznables USD
435 millones al mes o USD 5.200 millones al año, la gallina de los
huevos de oro de Bloomberg.
Los negocios de Bloomberg funcionan
independientemente de la alcaldía, pero sin duda el alcalde sabe que
sus terminales son un componente esencial de su riqueza.
Sin
embargo, el alcalde no es ningún títere de Wall Street. Con frecuencia,
Bloomberg Publishing está a menudo a la vanguardia de las denuncias de
fraude en Wall Street, tal como sucedió en 2001 con el artículo "Los
flautistas de Hamelin de Wall Street" de Benjamin Mark Cole, que expuso
la práctica de publicar investigaciones fraudulentas sobre acciones.
Y
Bloomberg News fue el responsable de la acción judicial que obligó al
Banco Reserva Federal dar a conocer los detalles de lo que hizo con
miles de millones de dólares en rescates de los contribuyentes a
empresas, fondos de cobertura y bancos extranjeros de Wall Street.
El comisionado de Policía Ray Kelly también puede tener una debilidad
por Wall Street. Anteriormente fue Director de Gestión de Seguridad
Corporativa Global de Bear, Stearns & Co. Inc., la firma de Wall
Street que se derrumbó en los brazos de JPMorgan en marzo de 2008.
También ha sido una puerta giratoria entre los millonarios de Wall
Street y la policía de Nueva York. Uno de las decisiones profesionales
más desconcertantes fue la de Stephen L. Hammerman que dejó un fuerte
paquete de compensación como vicepresidente de Merrill Lynch & Co.
en 2002 para trabajar como Comisionado Adjunto de Asuntos Jurídicos de
la policía de Nueva York entre 2002 y 2004. Esa medida dejó a todos en
Wall Street rascándose la cabeza en ese momento. Merrill se desplomó en
los brazos de Bank of America el 15 de septiembre de 2008, el mismo día
de la quiebra de Lehman.
Wall Street no es el único sector que
alquila policías en Manhattan. Los grandes almacenes, los parques, los
bancos comerciales y las atracciones como el Rockefeller Center, el
Jacob Javits Center y la Catedral de San Patricio también han
participado en la Unidad de Policía Pagada, según una información
privilegiada. Pero Wall Street es el único sector que cuenta con un
sistema de justicia privada en el que se resuelven crímenes fuera de los
tribunales en procesos de arbitraje secretos, que ha succionado miles
de millones de dólares de la teta pública, que ha escapado a juicios por
el colapso financiero, y que puede poner a la fuerza municipal armada
en las aceras para intimidar a manifestantes que buscan reajustar su
democracia.
Vamos a estar aprendiendo mucho más en el futuro
sobre las tácticas que han desplegado Wall Street y la Policía de Nueva
York contra los manifestantes de Occupy Wall Street. La prestigiosa
asociación Partnership for Civil Justice Fund ha presentado una demanda
colectiva por las aproximadamente 700 detenciones efectuadas en el
Puente de Brooklyn el 1 de octubre. La denuncia y la información
relacionada están disponibles en la página web de la organización,
www.JusticeOnLine.org.
La organización fue fundada por Carl Messineo y Mara Verheyden-Hilliard. El Washington Post los ha llamado "los sheriffs constitucionales para una nueva generación de protesta".
La demanda involucra al alcalde Bloomberg, al comisionado de Policía, a
la Ciudad de Nueva York, y a unos 30 miembros innominados de la policía
de Nueva York, y, provocativamente, 10 agentes de seguridad no
identificados no empleados por la policía de Nueva York.
La
demanda establece algo que ha restringido los derechos constitucionales
de los manifestantes por mucho tiempo en la ciudad de Nueva York.
"Como se pudo apreciar en los movimientos por el cambio social en el
Oriente Medio y Europa, todos los movimientos por la justicia social, el
empleo y la democracia necesitan espacio para respirar y crecer, y es
imprescindible que haya un alto a las acciones de las fuerzas de la ley
utilizadas para impedir las reuniones en masa y de libre expresión de
las personas que tratan de reparar los agravios..."
"Después de
escoltar y dirigir un grupo de manifestantes y a otros hasta la
carretera del Puente de Brooklyn, la policía de Nueva York
repentinamente y sin previo aviso interrumpió el paso y procedió a
arrestar a cientos de manifestantes en ausencia de una causa probable.
Habían recurrido a una forma de engaño, tanto ilegal como física."
"El hecho de que la trampa y los arrestos masivos habían sido una
operación policial por orden de los mandos, intencional y calculada, se
evidencia en que los agentes del orden público que guiaron a los
manifestantes a través del puente eran oficiales, conocidos como
"camisas blancas".
En abril de 2001, fui arrestada y
encarcelada por la policía de Nueva York, mientras repartía
pacíficamente volantes en la vía pública afuera de una reunión de
accionistas de Citigroup, volantes que advertían de la creciente
corrupción dentro de la empresa (la ilegal fusión de Travelers Group y
Citibank creó Citigroup y dio lugar a la derogación de la Ley
Glass-Steagall, la ley de protección del inversor de la era de la
depresión que prohibía a los bancos de depósitos fusionarse con empresas
de alto riesgo de Wall Street.
Muchos de nosotros que pertenecemos a
los grupos de justicia social de Nueva York protestamos contra la
derogación, pero fuimos derrotados por los peones políticos de Wall
Street en Washington).
De un grupo de cerca de dos docenas de
manifestantes de la National Organization for Women in New York City,
Rain Forest Action Network, and Inner City Press, yo fui la única
detenida. No había incurrido en desobediencia civil alguna. Rain Forest
Action Network estaba repartiendo galletas de la fortuna con
advertencias proféticas sobre Citigroup e instando a los peatones a
cortar sus tarjetas de crédito Citibank. El resto de nosotros estábamos
repartiendo volantes pacíficamente.
Fui encadenada a una barra
de acero dentro de la comisaría, mientras me amenazaban con acusarme de
todos los delitos habidos y por haber. Respondí que los únicos delitos
de los que estaba enterada eran los que figuraban en mis volantes y que,
al parecer, en Nueva York, uno puede ser arrestado por divulgar los
crímenes que cometen las firmas de Wall Street.
El misterioso y
maduro inspector de blanca camisa que ordenó mi detención y que se negó
a dar su nombre, desapareció del informe de la policía cuando fue
presentado, y en su lugar culpaba de mi detención a un joven oficial.
Citigroup sólo está vivo hoy porque el gobierno federal le introdujo una
sonda de alimentación y le infundió más de 2 billones de dólares en
préstamos, inversiones directas y garantías cuando la empresa se dirigía
hacia el colapso.
Al momento de mi arresto, la policía de
Nueva York era dirigida por Bernard Kerik - el hombre que el presidente
George W. Bush enviaría a Irak para ser primer ministro interino del
interior y para entrenar a la policía iraquí. Posteriormente, el
Presidente designó a Kerik para dirigir el Departamento de Seguridad
Nacional para toda la nación, trauma que nos evitamos todos gracias a
una providencial niñera ilegal.
Hoy en día, Kerik está cumpliendo una
condena de cuatro años en una prisión federal por una variedad de actos
criminales.
La New York Civil Liberties Union presentó una
demanda federal en mi nombre (Martens v. Giuliani) y nos enteramos de
que la policía de Nueva York había establecido arbitrariamente una
política de arrestar y detener durante 72 horas a cualquier persona que
protestara en un grupo de 20 o más.
El caso se resolvió por un modesto
laudo monetario y la derogación de esta práctica inconstitucional y
despreciable de la policía de Nueva York.
Pam Martens
trabajó durante 21 años en Wall Street. Pasó la última década de su
carrera abogando en contra del sistema privado de justicia de Wall
Street, que le permite resolver todos sus crímenes fuera de las cortes
públicas.
Ella viene escribiendo sobre temas de interés público para
CounterPunch desde que se retiró en 2006 y no mantiene ninguna posición,
larga o corta, en ninguna de las compañías mencionadas en este
artículo.