La Corte Suprema de Justicia de Honduras dejó firme el sobreseimiento
definitivo en favor de los ex integrantes de la junta de comandantes de
las Fuerzas Armadas, acusados de abuso de autoridad y expatriación del
ex presidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en junio
de 2009.
De acuerdo con una nota divulgada por la página web de La Radio del Sur, el fallo fue cuestionado este jueves por el mismo Zelaya, que lo consideró "injusto", y advirtió que "molesta que se proteja a quienes dieron el golpe", aunque dejó en claro que no pretende "venganza".
El ex presidente lamentó en un comunicado que se les dé el sobreseimiento a los militares, pero "se está persiguiendo a los golpeados y protegiendo a otros", en lo que pareció una referencia al caso de su ex ministro Enrique Flores Lanza, acusado de malversación de caudales públicos y condenado a pagar una fianza de 1,4 millones de dólares y a prisión domiciliaria.
"Los hondureños sabíamos que el fallo iba en ese sentido, pero molesta que se proteja a quienes dieron el golpe de Estado. No queremos venganza porque yo los perdono y les deseo la mejor de las suertes", afirmó Zelaya.
Zelaya volvió en septiembre a Tegucigalpa y se refugió en la sede de la embajada de Brasil, donde permaneció hasta que el mandatario Porfirio Lobo le otorgó un salvoconducto para irse a República Dominicana, de donde retornó en mayo de este año.
De los 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, 12 votaron a favor del sobreseimiento definitivo de la ex cúpula militar.
Los militares favorecidos son los generales Romeo Vásquez Velásquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, y el ex subjefe Venancio Cervantes; Miguel Angel García Padget, ex comandante del Ejército; Luis Javier Price Suazo, ex comandante de la Fuerza Aérea; Juan Pablo Rodríguez, ex comandante de la Fuerza Naval, y Carlos Cuellar García, inspector de las Fuerzas Armadas.
Ese grupo asaltó en la madrugada del día del golpe la casa de Zelaya, y, en vez de llevarlo a un juzgado, como se les había ordenado, lo expatriaron hacia Costa Rica.
La Sala de lo Constitucional del Poder Judicial conoció anteriormente un recurso de amparo presentado por el Ministerio Público en el que se solicitaba revocar el sobreseimiento, pero el expediente fue trasladado al pleno de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió finalmente dejar libres de responsabilidad penal a los ex miembros de la cúpula militar.
La acusación contra los militares había sido presentada en enero de 2010 por el fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí, en la Corte Suprema de Justicia.
El Frente Nacional de Resistencia Popular denunció que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general Luis Alberto Rubí apoyaron a los militares en el golpe de Estado.
De acuerdo con una nota divulgada por la página web de La Radio del Sur, el fallo fue cuestionado este jueves por el mismo Zelaya, que lo consideró "injusto", y advirtió que "molesta que se proteja a quienes dieron el golpe", aunque dejó en claro que no pretende "venganza".
El ex presidente lamentó en un comunicado que se les dé el sobreseimiento a los militares, pero "se está persiguiendo a los golpeados y protegiendo a otros", en lo que pareció una referencia al caso de su ex ministro Enrique Flores Lanza, acusado de malversación de caudales públicos y condenado a pagar una fianza de 1,4 millones de dólares y a prisión domiciliaria.
"Los hondureños sabíamos que el fallo iba en ese sentido, pero molesta que se proteja a quienes dieron el golpe de Estado. No queremos venganza porque yo los perdono y les deseo la mejor de las suertes", afirmó Zelaya.
Zelaya volvió en septiembre a Tegucigalpa y se refugió en la sede de la embajada de Brasil, donde permaneció hasta que el mandatario Porfirio Lobo le otorgó un salvoconducto para irse a República Dominicana, de donde retornó en mayo de este año.
De los 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, 12 votaron a favor del sobreseimiento definitivo de la ex cúpula militar.
Los militares favorecidos son los generales Romeo Vásquez Velásquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, y el ex subjefe Venancio Cervantes; Miguel Angel García Padget, ex comandante del Ejército; Luis Javier Price Suazo, ex comandante de la Fuerza Aérea; Juan Pablo Rodríguez, ex comandante de la Fuerza Naval, y Carlos Cuellar García, inspector de las Fuerzas Armadas.
Ese grupo asaltó en la madrugada del día del golpe la casa de Zelaya, y, en vez de llevarlo a un juzgado, como se les había ordenado, lo expatriaron hacia Costa Rica.
La Sala de lo Constitucional del Poder Judicial conoció anteriormente un recurso de amparo presentado por el Ministerio Público en el que se solicitaba revocar el sobreseimiento, pero el expediente fue trasladado al pleno de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió finalmente dejar libres de responsabilidad penal a los ex miembros de la cúpula militar.
La acusación contra los militares había sido presentada en enero de 2010 por el fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí, en la Corte Suprema de Justicia.
El Frente Nacional de Resistencia Popular denunció que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general Luis Alberto Rubí apoyaron a los militares en el golpe de Estado.
