La territorialidad, los recursos naturales y la integridad física y
cultural de los pueblos indígenas en América Latina y en México en
particular, son sitiados y amenazados sistemática y permanentemente por
las corporaciones del capitalismo neoliberal, dentro de las cuales
incluyo al narcotráfico.
Ante el desempleo generalizado en el mundo
rural, la debacle del campo provocado -en parte- por los tratados de
libre comercio que benefician a Estados Unidos y condenan a la miseria y
al éxodo a los campesinos, muchas comunidades son penetradas por el
crimen organizado para forzarlas o inducirlas al cultivo de la amapola o
la mariguana en sus tierras, y jóvenes indígenas son reclutados para el
transporte de la mercancía por las redes de los cárteles.
Paralelamente, con el pretexto del “combate contra el narcotráfico”, extensas zonas indígenas son víctimas de los operativos del ejército en un proceso creciente de militarización, teniendo lugar todo tipo de abusos y violentando sus derechos humanos y los que corresponden como pueblos originarios.
A esto se suman las labores contrainsurgentes de las
fuerzas armadas en territorios indígenas que acarrean actividades
lesivas para los pueblos de dos actores armados más: grupos
paramilitares y guerrilleros.
Colombia es un caso ilustrativo de esta situación en la que los indígenas se encuentran entre tres fuegos: militares, narco-paramilitares y guerrilleros.
La
etnia Nasa, en el norte del departamento del Cauca, por ejemplo, se ha
visto forzada a poner en práctica una ordenanza para que su guardia
indígena, armada solo con sus bastones adornados con colores vivos para
ser vistos a larga distancia, expulse a los narcotraficantes de su
territorio, dentro del cual operan las Fuerzas Amadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), organización con la cual también han negociado los
Nasa el cese del reclutamiento indiscriminado de sus jóvenes.
En otros
territorios colombianos se han dado desplazamientos de miles de
indígenas huyendo del enfrentamiento entre ejército y los narco
paramilitares con guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación
Nacional.
En el caso de México han sido denunciados grupos del narco operando en zonas indígenas con mayor frecuencia en Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y en las cárceles de estos estados se registran centenares de presos indígenas acusados por delitos contra la salud. Incluso, se ha externado especial preocupación por índices de drogadicción creciente entre los propios pueblos, como en el caso de los Raramuris en Chihuahua.
Se calcula que alrededor de 50 mil indígenas
han sido víctimas de las redes del narco en al menos 60 comunidades del
país.
Así, se criminaliza a los pueblos indios y en muchas regiones de
nuestros países la lucha contra el narcotráfico encubre una gran
variedad de extorsiones e injusticias adicionales a las que secularmente
han sufrido los indígenas por parte de autoridades militares,
policiales y judiciales.
En Centroamérica tenemos que en poblados mayas del oriente y occidente de Guatemala, mafias mexicanas han instalado a sangre y fuego sus estructuras delictivas y controlan el transporte hacía México y Estados Unidos. En Puerto Lempira, Honduras, hay hostigamiento del narco hacia los indígenas misquitos.
En Nicaragua, Daniel Ortega declaró recientemente
que las redes del narcotráfico han penetrado las comunidades misquitas
de la Costa Caribe, así como las urbes multiétnicas de Bilwi y
Bluefields, datos que pudimos corroborar en el terreno con testimonios
de costeños.
En el área fronteriza entre Panamá y Colombia, conocida
como Tapón de Darién, el narco despliega una red terrestre y marítima
que se extiende por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala para sus
destinos finales en México-Estados Unidos.
También recientemente, la ONU expresó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas transfronterizos víctimas de la militarización y el tráfico de drogas en las regiones limítrofes entre Bolivia, Ecuador y Perú.
En este último país, se denunció que colonos procedentes de la
región andina de Ayacucho invaden territorio indígena en la selva
central para cultivar coca. En Bolivia, el Chaman que entrego el bastón
de mando a Evo Morales en el 2006, se encuentra en prisión acusado por
narcotráfico.
Como las corporaciones capitalistas madereras, mineras, turísticas, buscan apoderarse de los recursos acuíferos de los pueblos indígenas, lo que está en el centro del problema del narcotráfico es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, que constituye el fundamento material de la reproducción de los pueblos y el espacio estratégico de sus luchas.
La
finalidad del crimen organizado es expropiar a los indígenas de sus
tierras-recursos-fuerza de trabajo y, a través de la criminalización que
esto conlleva, facilitar las actividades del ejército en sus tareas
represivas y contrainsurgentes, con el auxilio de los grupos
paramilitares que con frecuencia operan como el brazo clandestino de las
fuerzas armadas para las tareas de la guerra sucia.
Desde luego que
ello representa una problemática sumamente compleja, que en los hechos
significa un conflicto permanente por la tierra-mercancía (y también por
los recursos naturales, estratégicos y patrimonios culturales tangibles
e intangibles de los pueblos indígenas, todos ellos considerados
mercancías).
La militarización con fines de
lucha contra el narcotráfico no trae de ninguna manera una disminución
de sus actividades delictivas, como lo prueba el caso de extensas zonas
de la República mexicana bajo virtual ocupación militar.
En el plano
mundial el caso de Afganistán es ilustrativo ya que con la ocupación
neocolonial de las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus aliados se
intensifica a más del doble la siembra y el trasiego de drogas.
“En la trastienda de las drogas existen servicios de espionaje estadounidenses, empresas importantes e intereses financieros y, desde este punto de vista, el control geopolítico y militar de la ruta de las drogas es tan estratégico como el de los oleoductos.
El grueso de los
beneficios asociados al comercio mundial de las drogas no se los
apropian los grupos terroristas y los señores de la guerra… Resulta una
amarga ironía que la presencia militar estadounidense ha servido para
restablecer, en lugar de erradicar, el tráfico de drogas…
En otras
palabras, las agencias de inteligencia, las grandes empresas, los
traficantes de drogas y el crimen organizado compiten por el control
estratégico de las rutas de la heroína.
Una gran parte de los
multimillonarios beneficios de las drogas están depositados en el
sistema bancario occidental.
La mayoría de los grandes bancos
internacionales y sus filiales en los paraísos fiscales extranjeros
blanquean enormes cantidades de narco dólares. (Michel Chossudovsky.
“¿Quién se beneficia del comercio de opio afgano”. La Haine, 5 de
octubre de 2006).
Desde hace varias décadas y en reiteradas ocasiones han sido denunciados los operativos de la Agencia Central de Inteligencia y otros organismos de inteligencia occidentales en el trasiego de drogas con la finalidad de financiar sus gastos militares en Centroamérica, Vietnam y ahora en Afganistán.
Recordamos la
forma como la CIA cubrió sus gastos ocasionados por la Contra
nicaragüense a través del trasiego de droga en sus aviones sin
supervisión alguna.
El periodista Michael Gallant Smith sostiene acertadamente que:
“El régimen de Estados Unidos aprovecha al narcotráfico para afianzar su dominio en el continente americano, en especial en América Latina.
El
aparato de propaganda del régimen estadunidense ha difundido en el orbe
la imagen de que Estados Unidos es la víctima mundial del tráfico de
narcóticos mientras las autoridades de ese país fingen combatirlo.
¿Cómo
es que la nación más poderosa del mundo en el plano económico y militar
es impotente para derrotar al narcotráfico?
La respuesta es clara.
El
narcotráfico es aliado perfecto de Estados Unidos.
El narcotráfico dota
al régimen de Estados Unidos de un flexible mecanismo de control
interno, da pretextos para presionar a otras naciones, en especial
latinoamericanas, y fortalece la economía estadunidense al exportar
inflación mediante el lavado de dinero.
Decomisos ocasionales de
narcóticos, arrestos espectaculares de jefes del narcotráfico, tiroteos
con muertos, imágenes conmovedoras de jóvenes adictos y robos violentos
relacionados con las drogas son sólo parte del espectáculo con actores
reales montado por la propaganda del régimen de Washington”. (Veneno,
Numero 1, abril de 1997).
La delincuencia organizada actual no es más que la cara clandestina del sistema capitalista neoliberal, con su violencia inherente desbocada, sicópata y sin mediación política que la encubra; esta rama empresarial es altamente rentable desde el punto de vista económico, tanto financieramente, como a partir del hecho que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de los grupos del narco.
The Independent
daba a conocer en el 2004 que “el tráfico de drogas es la tercera
mercancía mundial en generación de efectivo tras el petróleo y el
tráfico de armas” (29 de febrero de 2004).
También, la llamada guerra contra el narcotráfico es especialmente funcional -una vez desaparecida la guerra fría-- para justificar las tareas represivas del Estado capitalista transnacionalizado y para los planes de dominación estratégica de los centros imperialistas hegemonizados por Estados Unidos.
Los Estados transnacionalizados se caracterizan por el
vaciado de sus tareas sociales y de sus responsabilidades frente a las
grandes mayorías de nuestros países y el fortalecimiento de sus afanes
de control autoritario de la fuerza de trabajo, la criminalización de
las resistencias y de todo tipo de disidencia, incluso las de carácter
meramente democrático.
La única posibilidad de
defensa frente a este fenómeno en el mundo indígena, como se muestran los
casos de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, los Nasa de Colombia y
la Policía Comunitaria de Guerrero es el fortalecimiento de las
autonomías, a partir de las cuales se ha logrado controlar -no sin
dificultades- la presencia del crimen organizado en los territorios
indígenas.
Fuente original: http://cultural.argenpress.info/2011/09/pueblos-indigenas-y-narcotrafico.html
