El Ministerio de Exteriores israelí ha enviado esta semana a todos
sus embajadores en el mundo un "telegrama clasificado" en el que expresa
su preocupación y temor ante la posibilidad de que la Autoridad
Nacional Palestina (ANP) denuncie a Israel ante la Corte Penal
Internacional (CPI) de La Haya por crímenes de guerra y contra la
humanidad.
La existencia y el contenido del telegrama fueron desvelados ayer por el periódico Maariv
y refleja el creciente nerviosismo que existe en el Estado judío ante
la posibilidad de que los palestinos logren un estatuto de "Estado
observador" en la ONU, ya que el estatuto de Estado permanente no lo
conseguirán ante el anunciado veto de Washington en el Consejo de
Seguridad.
Pero si la ONU reconociera a un Estado palestino,
incluso aunque fuera simplemente con el estatuto de observador, esta
circunstancia permitiría a ciudadanos palestinos acudir a la CPI con
denuncias de todo tipo.
La CPI sólo puede ejercer su jurisdicción cuando
el acusado es ciudadano de un Estado miembro, algo que hasta ahora no
ocurre con la entidad palestina.
La Haya también puede actuar cuando los
sistemas judiciales nacionales no han querido o no han podido
investigar y juzgar los casos que se han denunciado en sus tribunales.
Israel,
no obstante, está trabajando paralelamente con la asistencia de Estados
Unidos y de Alemania para evitar esta posibilidad.
El Gobierno israelí
pretende que el presidente de la ANP, Mahmud Abás, renuncie
explícitamente a denunciar a Israel ante esa Corte a cambio de obtener
el estatuto de Estado observador.
De hecho, ahora mismo existe
cierta confusión en cuanto al alcance de la petición que los palestinos
formularán a las Naciones Unidas en los próximos días, y que el
presidente Abás defenderá en la Asamblea General.
Si la iniciativa se
lleva adelante, la votación de la Asamblea podría producirse los días 27
de septiembre o 4 de octubre, y cuenta con casi todas las
posibilidades de prosperar.
Israel también está preocupada porque
los palestinos, en la hipotética posición de Estado observador de la
ONU, podrían denunciar a Israel en otros muchos foros internacionales
"por distintos asuntos", señala el rotativo.
Estos motivos incluyen el
de laexpansión de sus colonias en los territorios ocupados, que está
catalogada como crimen de guerra por la Cuarta Convención de Ginebra, o
el asalto a la Flotilla de la Libertad en 2010.
"El asunto de los
asentamientos es un claro ejemplo", considera el profesor Robie Sabel,
un experto israelí en legislación internacional que anteriormente
asesoró al Ministerio de Exteriores.
"En teoría se puede decir que
estamos hablando de un crimen de guerra, que Israel no está
investigando, y ante el que no está llevando a sus responsables ante la
Justicia.
En esta situación, la CPI podría implicarse e investigar",
apunta Sabel.
Otros expertos aseguran que los palestinos podrían
llevar ante la Corte con sede en la Haya cuestiones anteriores a 2002,
cuando se estableció la CPI, con lo que las posibilidades de denunciar
se incrementarían de una manera exponencial.
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