El imponente despliegue militar ordenado por Porfirio Lobo, con el
propósito de “poner el orden en el Bajo Aguán”, y los asesinatos atroces
de esas últimas horas, no solo revelan el fracaso del régimen ante el
poderío de los terratenientes y productores palmeros de la zona, sino
que evidencian una vez más que en el Bajo Aguán no podrá haber paz si no
se soluciona el grave conflicto agrario, ligado a la falta de acceso a
la tierra y a un modelo de desarrollo depredador.
Este domingo
(21/8) fueron brutalmente asesinados Pedro Salgado, vicepresidente del
MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguán) y presidente de la
cooperativa La Concepción, y su esposa Reina Mejía.
Fueron atacados en
su propia casa por desconocidos y ultimados de varios balazos y con
machete.
Un día antes (20/8), desconocidos encapuchados abrieron
fuego desde una motocicleta contra la humanidad de Secundino Ruíz,
presidente de la Cooperativa San Isidro, perteneciente al MARCA
(Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán) y Eliseo Pavón,
también dirigente de esta agrupación campesina, quienes se
transportaban en un vehículo.
En el ataque perdió la vida Ruíz,
quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la CIDH (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos), mientras Pavón resultó herido y se
está recuperando lentamente.
Según informaciones aún no
confirmadas provenientes del Bajo Aguán, este domingo fue encontrado en
el asentamiento La Lempira el cuerpo mutilado de un campesino
perteneciente al MUCA, quien supuestamente había desaparecido el día
anterior.
Con esta trágica secuela de eventos, que evidencia la
inutilidad de la cacareada Operación “Xatruch II” y de la dañina
presencia de más de 1.000 efectivos militares y policiales en el Bajo
Aguán, suman 39 los campesinos organizados asesinados entre enero de
2010 y agosto de 2011, 16 de los cuales en los últimos 5 meses.
Esa
nueva militarización de la zona - la tercera en poco más de un año –
fue ordenada por el régimen de Porfirio Lobo y su ministro de Seguridad,
Oscar Álvarez, para supuestamente “poner el orden en el Bajo Aguán,
después de la muerte de 11 personas – entre guardias de seguridad del
terrateniente Miguel Facussé, campesinos, trabajadores y trabajadoras
extrañas al conflicto agrario – el pasado 14 y 15 de agosto.
Esa
trágica situación, que nuevamente ha enlutado al pueblo hondureño y al
campesinado del Valle del Aguán, se enmarca en un conflicto agrario
ligado a la falta de acceso a la tierra para miles de familias
campesinas, al acaparamiento de territorios por parte de unos pocos
terratenientes y productores palmeros, y a un modelo de producción y
desarrollo agrícola que privilegia la depredación del territorio y
genera inseguridad alimentaria.
Hasta el momento, todos los
acuerdos firmados entre el régimen y las organizaciones campesinas han
sido desatendidos, y ninguno de los asesinatos cometidos ha sido
esclarecido por las autoridades encargadas de la investigación.
Solidaridad
En
diferentes ocasiones, las organizaciones nacionales de derechos humanos
han clamado por una solución inmediata a la grave situación del Bajo
Aguán.
Asimismo, diferentes organizaciones internacionales han
conformado una Misión de investigación sobre la situación de los
derechos humanos en esta zona del país.
Después de haber publicado
en julio pasado el Informe Final de la Misión, y haberlo presentado
ante la CIDH y la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, las
seis redes que integran la Misión emitieron un pronunciamiento ante esta
nueva ola de asesinatos.
Además de condenar enérgicamente lo
ocurrido los días 14 y 15 de agosto, exigieron una “inmediata y
exhaustiva investigación” de todos los crímenes cometidos en el Bajo
Aguán, y expresaron su preocupación “por el riesgo de nuevos actos de
violencia y represión” en el marco de la nueva militarización.
Asimismo,
reiteraron que sólo será posible lograr una salida pacífica del
conflicto agrario “mediante la puesta en marcha de políticas públicas
que respeten y cumplan las obligaciones internacionales de derechos
humanos adquiridas por Honduras”, incluyendo la protección del derecho a
la vida, la erradicación de la impunidad, el control de la seguridad
pública y privada, el derecho a la alimentación y el acceso a la tierra,
entre otros.
También consideraron necesario redefinir la
orientación del desarrollo rural vigente, “cambiando de un modelo basado
en el agro-negocio y el acaparamiento de tierras a políticas que
fomenten la agricultura campesina sostenible”.
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