APRO / Proceso – El Salvador está en el centro de una intensa polémica a causa de un atroz crimen de guerra registrado hace 22 años, la llamada Masacre Jesuita, y que en la actualidad le estalla en el rostro de esta sociedad, pero sobre todo, de su sistema político que se ha negado a enfrentar su pasado reciente.
Precisamente este viernes 26 se ha dado a conocer la noticia de que
el sistema de justicia de El Salvador ha beneficiado con “una libertad
irrestricta”, a través de una resolución de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), a nueve exmilitares que son reclamados por un tribunal español
para ser procesados por la llamada Masacre Jesuita, ocurrida en medio de
la guerra civil y en la que fueron asesinados seis sacerdotes (cinco de
ellos españoles) y dos colaboradoras de los religiosos, el 16 de
noviembre de 1989.
Los exmilitares, entre ellos un exministro de Defensa; un
exviceministro de la Defensa; un exjefe de la Aviación y dos exvicejefes
de Estado Mayor, que están acusados de la masacre, estuvieron 20 días
resguardados en el cuartel de la Brigada Especial de Seguridad Militar
(BESM), luego de darse cuenta que había orden de captura internacional
girada por el juez Eloy Velasco.
Esta acción de la justicia salvadoreña abra nuevas dudas sobre el
cumplimiento de sus obligaciones internacionales y sobre su interés de
querer aplicar la justicia y el combate de la impunidad.
La polémica ahora estará al “rojo vivo” en tres puntos del mundo:
El
Salvador, lugar donde tuvo lugar la masacre de seis sacerdotes jesuitas y
dos de sus empleadas, el 16 de noviembre de 1989; España que pretende
juzgar a los responsables de tal masacre, tomando como base la Justicia
Universal y el hecho de que cinco de los asesinados eran españoles;
Estados Unidos, aliado estratégico de El Salvador antes y después de la
guerra civil, pero además, dueño de información sustantiva de las
pruebas aportadas en el proceso penal español.
Por otra parte, en Estados Unidos reside al menos uno de los
implicados en el múltiple asesinato, es decir, el excoronel Inocente
Montano, quien fue arrestado el pasado 23 de agosto, en Boston, acusado
de “fraude migratorio” a la hora de entrar a Estados Unidos. Montano era
viceministro de Seguridad Pública cuando ocurrieron los crímenes de los
jesuitas y el tribunal español le incrimina haber participado en la
confabulación para asesinar a los religiosos en 16 de noviembre de 1989.
Montano quedó libre bajo fianza el pasado miércoles 24, aunque le fue
puesto un brazalete electrónico para poder ser localizado.
Fuentes
extraoficiales indican que Montano estaba tratando de viajar de Estados
Unidos a El Salvador, cuando fue capturado por la migración
estadounidense.
Supuestamente el juez de migración le acusa de no haber dicho la
verdad de que había sido jefe militar durante la guerra civil cuando
firmó papeles para gestionar su residencia en Estados Unidos.
Estados Unidos se encuentra involucrado en el proceso porque una
organización estadounidense está entre los querellantes en España, el
llamado Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en
inglés).
Polémica local
La polémica actual en El Salvador se centra especialmente en el hecho
de que el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional Española, y quien
tiene dos años de estar estudiando el caso, giró 11 órdenes
internacionales de detención contra exmilitares que se encuentran
vinculados al proceso. Otras nueve órdenes similares están en camino de
llegar a la Interpol.
De los primeros 11 reclamados por el momento (ya que son 20 los
acusados), uno, el exgeneral René Emilio Ponce falleció el 2 de mayo
pasado; los otros nueve exmilitares se encuentran “resguardados” desde
el pasado domingo 7 en las instalaciones de la Brigada Especial de
Seguridad Militar, en San Salvador.
Este último hecho de los militares “resguardados” en la referida
brigada militar fue un punto polémico ya que el propio presidente
Mauricio Funes aseguró públicamente que los requeridos por el juez
Velasco estaban “arrestados”, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
salvadoreña afirma ahora que “nunca estuvieron arrestados legalmente”.
El magistrado de la CSJ, Néstor Castañeda, explicó que los
exmilitares resguardados en la BESM “están en irrestricta libertad
porque nunca fueron arrestados legalmente; ellos se resguardaron
voluntariamente”.
Para que haya sucedido la captura, emanada desde España, debió “venir
la solicitud de detención de parte del gobierno de España a la CSJ de
El Salvador; pero no tenemos nada de eso al respecto”, explicó
Castañeda, quien además agregó que la CSJ “determinó que la difusión
roja era sólo para fines de localización de los exmilitares y no para
detenerlos”.
¿La jurisdicción de España?
“Quiero aclarar algunas cosas que en El Salvador se han estado
ventilando sobre el Caso Jesuitas: en primer lugar, decir que España si
tiene jurisdicción para llevar un caso como éste y España la tiene no
porque sea un país de la naturaleza que sea, sino porque hay más de 50
países en el mundo que tienen jurisdicción sobre la misma base y es un
ejercicio de responsabilidad que está fundamentado en la calidad de los
crímenes, es un principio procesal básico que está vigente ya en muchos
países, que es el principio de Justicia Universal y que funciona
también, por ejemplo, en Estados Unidos y México.
Esto se instaura a partir del tribunal de Núremberg”, aseguró la
abogada querellante en el Caso Jesuitas, Almudena Bernabeu, a la Radio
Nacional de El Salvador, en respuesta a aquellos que afirman lo
contrario, sobre la incapacidad del país ibérico para juzgar hechos
ocurridos en El Salvador durante la guerra civil.
“Está en la ley española la posibilidad de juzgar estos casos…
Pero
además, las víctimas son, cinco de ellas españolas (aunque también
tenían nacionalidad salvadoreña), entonces los jueces españoles están en
la obligación de abrir estas investigaciones.
Además de ellos, este fue un crimen de lesa humanidad”, aclaró la
querellante, quien también explica por qué éste caso no puede ser
amnistiado.
“España ha hecho un Auto de Procesamiento, que es muy amplio y
complejo, que se dio a los medios de comunicación, precisamente para
acallar rumores y especulaciones, en el que se relata muy despacio cómo
el juez ha llegado a las conclusiones –independientemente de lo que
digamos los querellantes- acerca de que no existe la llamada cosa
juzgada y califica los procesos de 1991 y 2001 como procesos
fraudulentos con repercusiones irregulares.
“Además reconoce la Ley de Amnistía como una ley contra derecho, y se
hace eco de o ya dicho por Naciones Unidas, por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo, entre otros”, acotó la
abogada.
Caso Jesuita en los medios de Estados Unidos
La repercusión del Caso Jesuitas ha llegado también a sectores
políticos y medios influyentes de Estados Unidos, como The Miami Herald y
The Boston Globe, en primer lugar porque la relación que Washington ha
tenido con El Salvador.
Hace unas semanas, el 11 de julio, cuatro influyentes senadores de
Estados Unidos (Kerry, Leahy, Harkin y Boxer) enviaron una carta a la
secretaria de Estado, Hillary Clinton, en el que le piden todas las
garantías para que se colabore con el proceso jurídico que se lleva a
cabo en España por el Caso Jesuitas, en información y detención de los
implicados que puedan residir en Estados Unidos.
El editorial del Miami Herald, un medio conservador, es elocuente.
Prácticamente sostiene la misma posición del juez Eloy Velasco referente
a la Amnistía fallida y al proceso penal fraudulento que se llevó a
cabo en El Salvador en el que realmente no hubo justicia.
Dicho editorial cuestiona el poder que aún sustentan los exmilitares
en El Salvador y la prueba que en este momento está pasando la joven
democracia salvadoreña. También sustenta que el Departamento de Estado y
el de Justicia necesitan mostrar a El Salvador y al resto del mundo que
las palabras de Obama no fueron mera retórica y que Washington es serio
contra los perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos
refugiados en Estados Unidos, y no sólo con los que están en Libia o en
Medio Oriente.
Eso último es significativo porque el presidente estadounidense
Barack Obama, el pasado 4 de agosto, anunció medidas concretas y legales
contra los violadores de Derechos Humanos y de Genocidios.
Por su parte, en The Boston Globe, cuestiona que quien sería uno de
los principales cerebros de la masacre jesuita, el excoronel Inocente
Orlando Montano, resida en Everett, Massachusetts, Estados Unidos.
“Es inconcebible que una persona que esté acusada de participar en un
crimen tan horrible esté viviendo en Estados Unidos”, opinó el
congresista James McGovern.
El mismo diario influyente de Boston asegura que McGovern dijo que
desconocía que un implicado en el Caso Jesuitas viviera en
Massachusetts, pero ha informado al Departamento de Justicia al
respecto, para que ayude a España a perseguir a los sospechosos.
Finalmente sostiene que el Secretario Asistente de Estado, Joseph
Macmanus, mencionó que el Departamento de Estado se encuentra
monitoreando el caso y dijo que “trabajará junto al Departamento de
Justicia para asegurar que cualquier solicitud de ayuda por parte de
España reciba su consideración apropiada”.
En tanto, en El Salvador quizás vendrá otra etapa de reclamos y de
exigencias al gobierno y al sistema judicial para que, no sólo cumplan
con sus compromisos internacionales, sino con impertir justicia pareja
para sus nacionales.
