MAJO SISCAR / PUBLICO.ES – Tras la masacre
cometida por los cárteles el pasado jueves en Monterrey, el presidente
mexicano, Felipe Calderón, volvió a subrayar la responsabilidad de
Estados Unidos, acusando al país vecino de no hacer lo suficiente para
poner fin a la venta indiscriminada de armas, regular el consumo de
drogas y reducir las ganancias derivadas del narcotráfico.
Sin embargo, la colaboración entre ambos países es mucho más estrecha
de lo que sus líderes admiten en público. Washington tiene agentes
secretos en suelo mexicano, tal y como desveló esta semana The New York Times.
El rotativo publicó
que EEUU mantiene un centro de inteligencia dentro de una base militar
mexicana, que estaría junto al aeropuerto de Monterrey, la capital
financiera del país y uno de los focos más violentos de la guerra entre
los cárteles.
Miembros de la CIA, de la Agencia Antidrogas (DEA) y exmilitares
estadounidenses trabajan allí “codo con codo” con las fuerzas de
seguridad mexicanas para recopilar información sobre la delincuencia
organizada y planificar las operaciones de choque, añade el artículo.
Además de tener informantes en México, los estadounidenses han entrenado
a soldados y policías federales, interrogan a sospechosos y graban
conversaciones.
A esta base militar hay que sumarle otro centro de espionaje en el
corazón de Ciudad de México, dónde los agentes estadounidenses discuten
la estrategia de combate al narcotráfico con altos funcionarios del
Gobierno mexicano y los someten a exámenes de confianza, según averiguó
el diario La Jornada.
Esta injerencia se da en el marco de la Iniciativa Mérida, un tratado
de seguridad entre EEUU y México para combatir el crimen organizado,
que se puso en marcha en junio de 2008 y por el cual los mexicanos ya
han recibido cerca de 1.400 millones de dólares en equipo militar,
tecnología y asesoría en técnicas de combate antiterrorista.
Pero esta
cooperación no contemplaba centros de espionaje con permiso
gubernamental.
Aunque la noticia ha suscitado la indignación de la clase política
mexicana, que ha visto cómo el Ejecutivo vulnera la soberanía nacional
sin pedir permiso al Parlamento, no viene de nuevo. A principios de año,
se supo que aviones no tripulados estadounidenses sobrevolaban el
territorio mexicano a petición del Gobierno local.
Sumisión mexicana
Los cables de Wikileaks ya habían revelado que el embajador
estadounidense en México en 2006, Tony Garza, favoreció la toma del
poder de Felipe Calderón para “promover las áreas que son prioritarias
para nosotros (EEUU)”.
Para John Ackerman, jurista especializado en la relación bilateral
entre estos países, el gran problema es “la subordinación mexicana a la
estrategia de Washington.
A la Administración estadounidense le conviene
un vecino controlado políticamente, tanto por sus intereses en el
mercado de las drogas y el armamento como por el petróleo o los recursos
naturales”.
Cada día entran ilegalmente a México cerca de 2.000 armas y
EEUU es el destino principal de los narcóticos mexicanos.
Además, EEUU
no persigue el narcotráfico, el lavado de dinero o el contrabando de
armas con mucho ahínco, en opinión de los expertos mexicanos.
En este sentido, Beatriz Torres, del Centro Académico de la Memoria
de Nuestra América en México, señala que las guerras contra el
narcotráfico en Panamá, Colombia y ahora en el país azteca “han sido un
gran escudo imperial para justificar el control económico, social,
político y militar en América Latina desde que se acabó la Guerra Fría”.
De hecho, en septiembre pasado, Hillary Clinton comparó los cárteles
mexicanos con la narcoinsurgencia de Colombia en los años ochenta.
Y
aunque el país azteca lo negó, aplica la misma estrategia de represión
militar que se aplicó en el país suramericano.
Allí, el Plan Colombia
permitió que se instaurasen siete bases militares. Aquí, en menos de
cuatro años de cooperación militar, ya parecen controlar una.
Desde la sociedad civil, el Movimiento por la Paz critica la sumisión
de Calderón a los inquilinos de la Casa Blanca.
“Los manuales y lógicas
militaristas de EEUU están sembrando sufrimiento, horror y muerte en
nuestro país.
No se trata de negar su colaboración frente al crimen
organizado, sino de evitar que la lógica de su poder militar y sus
intereses globales impongan el diseño de seguridad de nuestra nación”,
dijo uno de los líderes del movimiento, el poeta Javier Sicilia, delante
del Senado.
Iniciativa Mérida
En cambio, desde el Gobierno se oponen.
El portavoz de Seguridad
mexicano, Alejandro Poiré, aseguró que “la presencia de funcionarios de
EEUU en México respeta cabalmente la constitución” y anunció que en la
siguiente fase de la Iniciativa Mérida se capacitará a los policías
locales.
Para Poiré, la cooperación “ha fortalecido nuestras capacidades
frente a quienes ponen en riesgo la tranquilidad de la población”.
Desde
que el Gobierno ha sacado el Ejército a las calles, han muerto más de
40.000 personas y hay otras 5.000 desaparecidas.
