“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, cuentan que dijo Jesucristo a los fariseos en la Galilea del siglo I.
Dos milenios después, la Iglesia católica en España continúa olvidando la máxima evangélica, y este año ya ha conseguido del “César” más de 10.000 millones de euros en conceptos varios.
Una media de 200 euros por habitante que, sea o no creyente, ve cómo esta importante cantidad se extrae de los presupuestos de las distintas administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos).
Algunos estudios de próxima publicación concluyen además que anulando las subvenciones a la Iglesia no sería necesaria la ampliación de la jubilación a los 67 años.
Todo ello, sin contar con partidas “excepcionales”, como la que este próximo agosto destinará al menos 60 millones de euros (en metálico o en especie) para sufragar los gastos de seguridad, limpieza, organización y cesión de terrenos para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que traerá a Benedicto XVI a Madrid y que ha sido declarado por el Gobierno como “evento de interés especial”.
Ésto supone nuevos privilegios fiscales, tanto para la Iglesia como para las empresas colaboradoras del acto. El Ejecutivo ya ha anunciado que pondrá todo su empeño por que la visita sea un éxito.
Por si acaso, el director general de la Jornada, Yago de la Cierva, se encargó el domingo pasado, tras la beatificación de Juan Pablo II en Roma, de recordar al Gobierno que esperaban, cuando menos, el entusiasmo demostrado por el premier italiano, Silvio Berlusconi, a la hora de volcarse con el evento.
“El Gobierno italiano ha dejado muy alto el listón para España”, aseguró De la Cierva.
Ayer mismo, 8.000 jóvenes se dieron cita en el pabellón Madrid Arena, gestionado por una empresa pública, para festejar la cuenta atrás de un evento que espera traer a Madrid a dos millones de jóvenes.
En su homilía ante los voluntarios de la jornada de agosto, el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, calificó el evento de “nuevo Pentecostés”, y llamó a los jóvenes a participar en la nueva cruzada en torno a Benedicto XVI.
“La tarea, que hemos asumido al servicio de la Iglesia y de su pastoral juvenil, es de unas proporciones materiales y espirituales nada comunes, ¡inconmensurables!”, señaló.
Una de las partidas llega a través de la famosa casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta, que el año pasado aportó a las arcas de la institución, de forma directa, más de 250 millones de euros.
Fines sociales
A ello hay que sumar al menos otros 80 millones que la Iglesia recibe a través de la x de “otros fines sociales”, de la que se benefician proyectos de ONG católicas.
Una cantidad que no es relevante teniendo en cuenta el total de las donaciones públicas a la Iglesia, pero que sí refleja la pervivencia de unos privilegios incompatibles con el Estado laico y que, en algunos casos, se remontan al siglo XIX.
Expertos en Derecho Eclesiástico como Óscar Celador o Dionisio Llamazares critican que la jerarquía eclesiástica “viva de las rentas de la desamortización de Mendizábal (1822)”, y que los actuales Acuerdos Iglesia-Estado que consagran la financiación pública de la Iglesia, aunque también elcompromiso de esta, jamás cumplido, por trabajar en su autofinanciación son “inconstitucionales”.
Una situación que, además, genera desigualdades con otras confesiones.
En la práctica, la Iglesia católica es la única religión con financiación pública. Judíos, musulmanes y evangélicos se reparten apenas 6 millones de euros (a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia), mientras que la Iglesia católica recibe más de 10.000.
Ajena a estas consideraciones, la jerarquía eclesiástica ha lanzado una campaña la que anima a los contribuyentes, católicos o no, a marcar las dos casillas de la Renta, lo que supone detraer el 1,44% de los impuestos, la mitad a la Iglesia y la otra mitad a “Otros Fines”.
“No pagarás más, no te devolverán menos”, afirma el lema de este año.
Campaña “austera”
El gerente del Episcopado, Fernando Giménez, sostiene que se trata de una nueva campaña “austera e imaginativa”, que incide en “la impagable labor que realiza la Iglesia por la sociedad sin pedir nada a cambio”.
La campaña cuenta que la Iglesia trabaja con los inmigrantes, los presos, los huérfanos o los ancianos.
Sin embargo, la realidad es que todos los fondos recaudados por los obispos con la famosa casilla van a sufragar el culto católico, los sueldos de los sacerdotes y la Seguridad Social del clero.
De hecho, aunque su ejemplo y su función social aparezcan en los anuncios de la casilla eclesiástica, las ONG católicas reciben su ayuda a través de la casilla de Otros fines de Interés Social.
Giménez insistió en que marcar la X de la Iglesia “supone apostar por la familia, la educación en valores, el desarrollo de las personas y luchar contra la crisis”.
Una crisis que, hasta la fecha, no ha afectado a las arcas de la institución, que en los últimos dos años ha visto cómo la cantidad ingresada por el IRPF pasaba de 140 millones de euros a 253,4 millones.
¿A dónde va el dinero? Los presupuestos de la Conferencia Episcopal indican que el montante de la casilla se dedica a pagar los sueldos de los curas. Aunque no todos opinan lo mismo.
Europa Laica denuncia cómo tanto la jerarquía de la Iglesia como las organizaciones católicas financiadas a través de los fines sociales, “dedican parte de sus recursos a sufragar costosas campañas para promover la represión sexual, la discriminación por razón de género u orientación sexual, contra la libertad de la mujer, contra los avances científicos o contra la eutanasia y la muerte digna”.
Discriminación
Desde hace años, distintas instituciones, religiosas y laicas (desde Redes Cristianas a Europa Laica) claman por la eliminación de la casilla de la Iglesia en el IRPF, que consideran “una discriminación para los contribuyentes que no señalan ninguna casilla”, afirma el teólogo Evaristo Villar.
Por su parte, el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, sostiene que “con el actual sistema, el Estado conculca el artículo 31 de la Constitución que indica que todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en condiciones de igualdad”.
Con motivo del arranque de la campaña del IRPF, Europa Laica ha exigido al Gobierno la eliminación de la casilla de la Iglesia católica, puesto que “refleja el apoyo preferente del Estado a la religión católica y la discriminación para los ciudadanos que aun siendo creyentes no desean que se financie la iglesia católica, para aquellos que son fieles de otras religiones y para todos los que no tienen religión”.
Europa Laica rechaza también la casilla de asignación tributaria a fines sociales, porque “lo que se recauda por este concepto se entrega a organizaciones y fundaciones católicas, de ahí que la jerarquía católica anime a marcar ambas casillas”, como así sucede este año.
Después de más de 30 años de democracia y de vigencia de una Constitución que establece “que ninguna confesión tendrá carácter estatal”, las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español no han cambiado sustancialmente, aunque la influencia de aquella sobre la sociedad sea menor.
El incremento de la financiación de la Iglesia por parte del Estado y los privilegios económicos, jurídicos y políticos, de los que disfruta demuestra que todavía “estamos en un estado confesional encubierto”, a juicio de Europa Laica. Muy lejos, cuando menos, de la separación que reivindicaba Jesús de Nazaret.
Y es que el César, muchas veces, está demasiado cerca de Dios.
Jesús Bastante / Público
