El 28 de marzo, la Corte Suprema se negó a considerar el caso de la condena a pena de muerte de Troy Anthony Davis. Era su última apelación.
Davis fue condenado a pena de muerte en Georgia hace casi veinte años luego de haber sido hallado culpable de matar de un disparo a Mark MacPhail, un oficial de policía que no estaba de servicio, en Savannah.
Desde su procesamiento, siete de los nueve testigos no policiales se retractaron de su declaración, alegando coerción e intimidación policial para obtener su testimonio.
A pesar de la duda que rodea a este caso, Troy Anthony Davis podría ser ejecutado en las próximas semanas.
Davis está ahora a merced de la Junta de Perdón y Libertad Condicional del estado de Georgia, que podría conmutar su pena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Será una lucha difícil, a pesar de los pedidos de indulto a nivel nacional e internacional realizados por figuras como el Papa Benedicto XVI, el Arzobispo Desmond Tutu y el ex Presidente Jimmy Carter.
La hermana de Davis, Martina Correia, llevó adelante una campaña incansable para que se hiciera justicia en el caso de su hermano. En respuesta a la decisión de la Corte Suprema, me dijo:
“Ayer nos quedamos perplejos y consternados al enterarnos de la noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos había denegado la petición de Troy.
Se negó a considerar el caso porque (...) a nadie le interesa la evidencia de inocencia real, y a nadie le interesa ver la retractación de la declaración de los testigos como una parte realmente fuerte y viable de este caso, a pesar de que hayan declarado otros testigos.
Creo que tiene que haber una movilización a nivel mundial por el caso de Troy, y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos debe ocuparse de una vez por todas del hecho de que en Estados Unidos no es inconstitucional ejecutar a una persona inocente”.
Martina Correia plantea un hecho importante pero poco conocido acerca de la ley de pena de muerte en Estados Unidos, a saber, que el actual precedente judicial permite la ejecución de personas inocentes.
Aunque parezca mentira, la Corte Suprema, en un dictamen de 1993, sugirió que “la evidencia de inocencia real” no es causa suficiente para dejar a alguien en libertad.
La corte solamente presta atención a si se siguen las normas jurídicas, a la vez que reconoce que aún así gente inocente podría ser condenada y ejecutada.
En dichos casos, un prisionero podría solicitar el indulto. Parece que la Corte aún no ha aprendido lo que muchos estados sí lograron aprender: que el sistema de la pena de muerte no funciona y no tiene arreglo.
Recientemente Illinois se convirtió en el décimo sexto estado de Estados Unidos en declarar ilegal la pena de muerte. Luego de promulgar la ley, el gobernador Pat Quinn, dijo:
“He concluido luego de ver toda la información que he recibido, que es imposible crear un sistema perfecto, infalible, libre de discriminación con respecto a la raza o las circunstancias económicas o la geografía.
He concluido tras analizar todo lo que recibí que es imposible en nuestro estado tener un sistema de pena de muerte perfecto y consistente.
Creo que abolir la pena de muerte es lo correcto y lo justo”. Quinn sigue los pasos de un anterior gobernador de Illinois, el republicano George Ryan, quien conmutó las condenas a pena de muerte de 120 prisioneros en dicho estado.
Ambos gobernadores de Illinois recuerdan al ex magistrado de la Corte Suprema Harry A. Blackmun, que escribió en 1994 en su voto discordante, luego de que la Corte negara la apelación en última instancia a un condenado a pena de muerte “A partir de este día, ya no jugaré con la maquinaria de la muerte”.
Jugar con la maquinaria de la muerte es precisamente lo que algunos estados parecen estar haciendo.
El tiopental es uno de los tres fármacos utilizados en el “cóctel” letal administrado en la mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos.
Hospira, la última empresa con sede en Estados Unidos que fabricaba tiopental sódico, dejó de elaborar este fármaco controlado, provocando su escasez a nivel nacional. Los estados comenzaron a pelearse por mantener suministro suficiente en sus cámaras de ejecución.
Cuando California le pidió prestado un fármaco similar a Arizona, el Subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación de California, Scott Kernan, escribió en un correo electrónico enviado a sus pares de Arizona: “Nos salvaron la vida...”.
Resulta que Georgia habría importado ilegalmente su suministro de tiopental de una empresa de dudosa reputación de Londres, denominada Dream Pharma Ltd., administrada por un matrimonio en un lugar alquilado en la parte trasera de una academia de conducción.
Georgia no cuenta actualmente con un permiso de la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, para importar sustancias controladas, por lo que la DEA recientemente confiscó el suministro de tiopental de dicho estado.
Mientras se aguarda la investigación del caso, Georgia no contará con este elemento fundamental, por lo que no podrá ejecutar a Davis ni a ningún otro prisionero condenado a pena de muerte.
El mismo día en que la Corte Suprema le negó la apelación a Davis, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre pena de muerte. Estados Unidos aún figura en la lista de los principales países que realizan ejecuciones, junto a China, Irán, Arabia Saudita, Yemen y Corea del Norte.
Además de encabezar la lucha por la vida de su hermano, Martina Correia ha tenido que luchar por su propia vida. El día del fallo judicial se cumplieron diez años de que comenzó su batalla contra el cáncer de mama.
Su rostro aparece en la camioneta de mamografías móviles que ayuda a salvar la vida de mujeres de bajos recursos en Savannah.
La Coalición Nacional Contra el Cáncer de Mama la nombró a ella y a la ex Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, “Mujeres que hacen las cosas bien”. Correia, con su humildad habitual, siente que merecerá ese título cuando la vida de su hermano también haya sido salvada.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
