El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, confirmó que ha recibido nuevas solicitudes de asilo de ex funcionarios colombianos involucrados en espionajes telefónicos, y aseguró que esperará esta vez a la justicia de Colombia antes de tomar en consideración cualquier pedido.
“Ha habido solicitudes de otras personas (…) en estos momentos no estamos considerando dar ningún otro asilo“, dijo Martinelli en la noche de este jueves a una cadena de televisión internacional.
Consideró que “debemos esperar a que la justicia colombiana actúe y haga su trabajo”. El mandatario no precisó los nombres de los funcionarios que han solicitado el asilo porque dijo “no recordarlos”, pero aseguró que se estaban evaluando las peticiones.
El portavoz del mandatario panameño, Alfredo Prieto, dijo este viernes que “el presidente Martinelli fue claro en decir que no está dentro de los objetivos dar más asilo por ahora”.
Martinelli concedió en noviembre pasado asilo a la ex directora del Departamento de Administración de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, acusada de espionaje ilegal (chuzadas).
Esa polémica decisión llevó al Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a estudiar una protesta formal contra Panamá por no haber siquiera sido consultado sobre el caso, algo que finalmente no se concretó.
María del Pilar Hurtado dirigió el DAS entre el 23 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008, durante el escándalo de las chuzadas a magistrados, políticos opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros, la ex funcionaria renunció.
El Colectivo colombiano de abogados José Alvear Restrepo había denunciado que Hurtado “desató todo un proceso de persecución por órdenes del ex presidente Álvaro Uribe y empleó la información recabada para cometer delitos”.
Hurtado es una de los cuatro ex directores del DAS investigados por estas acciones ilegales llevada a cabo en los dos Gobiernos de Uribe, a quien una comisión del Congreso colombiano abrió un proceso para establecer si tuvo responsabilidad en esos hechos, algo que el ex presidente siempre ha negado.
Uribe sugirió a sus colaboradores que pidieran asilo en otros países por desconfianza en el sistema judicial de su país.
“Ha habido solicitudes de otras personas (…) en estos momentos no estamos considerando dar ningún otro asilo“, dijo Martinelli en la noche de este jueves a una cadena de televisión internacional.
Consideró que “debemos esperar a que la justicia colombiana actúe y haga su trabajo”. El mandatario no precisó los nombres de los funcionarios que han solicitado el asilo porque dijo “no recordarlos”, pero aseguró que se estaban evaluando las peticiones.
El portavoz del mandatario panameño, Alfredo Prieto, dijo este viernes que “el presidente Martinelli fue claro en decir que no está dentro de los objetivos dar más asilo por ahora”.
Martinelli concedió en noviembre pasado asilo a la ex directora del Departamento de Administración de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, acusada de espionaje ilegal (chuzadas).
Esa polémica decisión llevó al Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a estudiar una protesta formal contra Panamá por no haber siquiera sido consultado sobre el caso, algo que finalmente no se concretó.
María del Pilar Hurtado dirigió el DAS entre el 23 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008, durante el escándalo de las chuzadas a magistrados, políticos opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros, la ex funcionaria renunció.
El Colectivo colombiano de abogados José Alvear Restrepo había denunciado que Hurtado “desató todo un proceso de persecución por órdenes del ex presidente Álvaro Uribe y empleó la información recabada para cometer delitos”.
Hurtado es una de los cuatro ex directores del DAS investigados por estas acciones ilegales llevada a cabo en los dos Gobiernos de Uribe, a quien una comisión del Congreso colombiano abrió un proceso para establecer si tuvo responsabilidad en esos hechos, algo que el ex presidente siempre ha negado.
Uribe sugirió a sus colaboradores que pidieran asilo en otros países por desconfianza en el sistema judicial de su país.
